La objetora que se negó a acudir a una mesa electoral, en el banquillo

Nuria Zurita Aragonés se declara "objetora de conciencia", hasta las últimas consecuencias. No cree en un sistema parlamentario "injusto", y el día que fue llamada a formar parte de una mesa electoral se encontró ante "una diatriba" que no sabía cómo resolver: "Podía acudir a la cita y apoyar algo que ideológicamente me supone un peso importante, o quizá enfrentarme a un proceso judicial", explica esta joven madrileña de 31 años, afincada entonces en Hervás (Cáceres). Nuria asumió la segunda vía. Y, por ello, este lunes asistió al Juzgado de lo Penal de Plasencia, acusada de un delito electoral que contempla la multa o el cumplimiento de penas de prisión.

Los hechos se remontan al 29 de abril de 2014, el día en el que Nuria recibió la carta en la que se le anunciaba que debía formar parte de una mesa en las elecciones al Parlamento Europeo. Unos días más tarde, el 12 de mayo, presentó sus alegaciones para no participar en el proceso, basadas en su objeción de conciencia. Aunque fueron rechazadas, decidió no acudir a la cita. Poco después conoció que había sido denunciada y que debía pagar una multa.

"Soy consciente de que he desobedecido una ley, pero para mí es una ley injusta", apunta la joven en conversación con EL ESPAÑOL. "Lo que alegaba en el recurso era una objeción de conciencia por libertad ideológica y por motivos morales -defiende Nuria-. Creo que no debo participar en una mesa electoral si no creo en el sistema parlamentario. Lo que reivindico es que en las mesas deben estar las personas que creen en el sistema parlamentario, que no es mi caso".

Concentración a las puertas del juzgado

El juicio se celebró en un ambiente alejado de la tranquilidad habitual del tribunal. Decenas de personas se concentraron a las puertas del edificio para mostrar su apoyo a la objetora de conciencia. "No puede ser que juzguen a alguien por defender su ideología", afirma Jon Álvarez, secretario de prensa la CNT en Badajoz, una de las asociaciones que se ha sumado a la protesta. "Se lo agradezco mucho, me han hecho sentirme muy arropada", responde Nuria. "Estoy contenta de que haya llegado ya el juicio, llevaba un año y medio pendiente de que hubiese una fecha definitiva", añade.

Además, la joven se encontró con una rebaja de la pena solicitada: de los 4.800 euros de multa exigidos inicialmente por el fiscal -10 euros diarios por los últimos 16 meses-, este lunes se le ha reducido a 2.400 euros. No obstante, Nuria confía en "que se haga justicia": "No estoy haciendo nada que esté en contra de mí misma, así que estoy tranquila -argumenta-. Espero que se defienda la libertad ideológica".

La sentencia, en 7-15 días

Crescencio Canelo, abogado de la encausada, defiende la "libre absolución" de Nuria, solicitada este lunes en el tribunal: "Entendemos que su señoría lo que debe hacer es ponderar entre el delito del que viene siendo acusada de no participar en las mesas electorales, y el derecho fundamental a las libertades ideológica y de conciencia, recogida en el artículo 16 de la Constitución Española, y ", asegura el letrado.

Este delito viene recogido como tal en la Ley Orgánica 5/1985 del Régimen Electoral General: "Han pasado muchas cosas desde 1985, en las que quizá era más comprensible que existiera este tipo de delito porque había más carencias democráticas que ahora", asegura el abogado. "Ahora, en el siglo XXI, mantener como delito un comportamiento como este nos parece un poco cruel", añade.

Nuria, igualmente, hace referencia a este texto legislativo, al que califica como "muy antiguo": "La libertad ideológica debe estar muy por encima de lo demás -señala-. En ella se ampara la libertad religiosa y no la ideológica; la sociedad ha cambiado en ese aspecto y no debería ser obligatorio cuando la libertad ideológica es un derecho humano".

Canelo y Zurita aguardan ahora la sentencia del Juzgado de lo Penal de Plasencia, que, esperan, llegará entre 7 y 15 días. "Si la sentencia es desfavorable, recurriremos", anuncia ella. ¿Hasta dónde? "La intención es seguir -añade él-. Hasta la Audiencia Provincial y, si es necesario, pediremos un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. Incluso hasta el Tribunal Europeo de Derechos Humanos".