Irene Bello, coordinadora de ONGD: "Hay que trabajar más la visibilidad de qué se hace con el dinero"

Los españoles están entre los europeos más favorables a la ayuda para el desarrollo. Así lo reflejó el Eurobarómetro Especial 521 Los ciudadanos de la UE y la cooperación para el desarrollo publicado en junio de 2022: un 98% expresó que es importante colaborar con países externos a la UE para reducir la pobreza en todo el mundo.

La respuesta política a esta inquietud no ha tardado en llegar, con la aprobación de una nueva ley de cooperación que trata de estar a la altura de los objetivos fijados por la comunidad internacional. Como la Agenda 2030, que recuerda en una de sus metas la necesidad de aunar esfuerzos para ayudar a los países en desarrollo en su senda hacia la consecución de los ODS. Asimismo, se reafirma el Consenso Europeo de Desarrollo, la hoja de ruta comunitaria. 

La Ley de Cooperación para el Desarrollo Sostenible y la Solidaridad Global ambiciona alcanzar el objetivo 0,7, un estándar internacional —cumplido por pocos países— que expresa el volumen de Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) que debe proporcionar un país desarrollado midiéndolo como porcentaje (0,7%) de su riqueza total.

[Cuatro claves de por qué es importante la nueva ley de cooperación al desarrollo]

Este es el elemento, junto a su visión feminista, ecologista y de derechos humanos e infancia, que más destaca en la nueva norma, pero hay otras disposiciones que pretenden dinamizar la cooperación española. 

Irene Bello Quintana es la presidenta de la Coordinadora de ONGD de España. La Coordinadora de ONGD

Para explorar las novedades de este nuevo impulso normativo de la Cooperación Española y con motivo del Día Mundial de las ONG, ENCLAVE ODS ha podido conversar con Irene Bello, presidenta de la Coordinadora de ONGD, la plataforma estatal de organizaciones sociales y redes autonómicas dedicadas a la cooperación internacional, la educación para la ciudadanía global y la acción humanitaria.

[Cuando los consensos son posibles nace una ley]

En la actualidad, esta macroentidad aglutina a 75 organizaciones no gubernamentales para el desarrollo (ONGD), 17 coordinadoras autonómicas y 5 entidades asociadas. En total, el sector al que representa está compuesto por 617 organizaciones, presentes en 115 países, donde trabajan con 48 millones de personas.

¿Cree que todavía existe desconfianza hacia las ONGD y lo que hacen con el dinero de los donantes regulares?

Yo no lo llamaría falta de confianza. Pero es verdad que muchas veces las ONG necesitamos trabajar más la visibilidad de qué se hace realmente con el dinero. El donante no parte de una desconfianza per se, todo lo contrario, sino que desconfía de lo que no ve.

En contextos como el actual, con los terremotos en Turquía y Siria y la guerra de Ucrania, las donaciones se han mezclado en un entramado complejo donde es muy difícil dar seguimiento al dinero. Es un trabajo tan grande que resulta casi imposible dar cuenta individualizada de qué se hace con el dinero de la persona que desinteresadamente contribuye con más o menos fuerza al trabajo de la ONG, pero al final se está ayudando. Porque si algo caracteriza a los españoles es su solidaridad.

Entonces es una falta de visibilidad más que de transparencia...

Sí, la clave está en la visibilidad. En cuanto a la transparencia, las organizaciones no gubernamentales en eso somos muy escrupulosas y tenemos una convicción muy fuerte de ser lo más transparentes que podemos. Si les exigimos a los gobiernos transparencia, primero empezamos por nosotras mismas. 

La ONG cumple la labor de transparencia en términos macro. Pero solo con esos datos, es muy difícil que el donante individual que realiza donativos regulares pueda entender la importancia de su aportación en todo ese entramado y en qué se ha avanzado. Por eso es importante la transparencia a nivel 'micro', porque auditoría tenemos de sobra y además muy potenciadas.

¿Cómo se puede potenciar esa transparencia 'micro'?

Una forma de hacerlo es a través de historias de vida que muestran cómo realmente que está mejorando la vida de las personas en los países en desarrollo. Poder constatar cómo se siente la gente allí y en qué se emplea el dinero de los donantes. 

¿Qué labor desempeña la coordinadora en las crisis humanitarias como la de Turquía y Siria?

R.: La Coordinadora de ONGD no es una organización que trabaje directamente en los países afectados. En los contextos de crisis humanitaria, como el de Turquía y Siria, la reacción inmediata es generar un protocolo de respuesta que consiste en articular aquellas organizaciones de la plataforma que esté trabajando o tengan presencia en los territorios damnificados. 

Ahora mismo hay más de 20 organizaciones que están trabajando en la respuesta humanitaria del terremoto. Estas entidades, que ya trabajaban en la zona, cuentan con redes con nodos en las organizaciones y el personal local, a través de los cuales están haciendo llegar todo tipo de materiales y kits de primera necesidad en la primera fase. 

También trabajamos conjuntamente con las coordinadoras de otros países y las autonómicas para facilitar información a la ciudadanía y proveer elementos para comprender mejor la situación. Y orientar, por ejemplo, en cómo se puede ayudar, cómo se puede canalizar la ayuda. En este sentido, hace poco elaboramos un una especie de decálogo de la ayuda. Porque en estos contextos la ayuda, de calidad, es imprescindible.

Y en contextos como el de Ucrania, donde las ONG no tenían tanta presencia...

Ahora mismo también hay una veintena de organizaciones que están trabajando en Ucrania o en países fronterizos. La mayoría ya estaban, pero no directamente. Si no estaban desde su pata española, lo estaba a través de su federación internacional. 

Es muy complicado pensar que una organización que nunca ha estado en la zona y que no tiene redes de contacto pueda rápidamente llegar, instalarse y ponerse a trabajar. Por eso desde la Coordinadora prestamos información y facilitamos la coordinación entre organizaciones, porque si bien existan entidades que no estaban en Ucrania, sí tienen experiencia en conflictos y pueden ayudar. Y lo que hacen es contactar con otras organizaciones españolas o de la red internacional que sí estaban en Ucrania y prestarles apoyo. 

Y pasando a la reciente aprobación de la nueva ley de cooperación, ¿qué balance realiza la Coordinadora de ONGD?

El balance de la ley es positivo. Lo más importante y algo muy raro en los tiempos que corren es que ha conseguido salir adelante casi con unanimidad. Cuenta con el apoyo de casi todo el espectro político. 

Esta norma supone un avance sustancial con respecto a la anterior en tres aspectos. Primero, fija un objetivo presupuestario. Se da un rango legal al compromiso de llegar al objetivo 0,7% y se establece una fecha para lograrlo. 

Segundo, apuesta de una manera más firme por el fortalecimiento institucional del propio sistema de cooperación. Es importante el impulso que se da a la Agencia Española de Cooperación Internacional, que tras la década perdida, había perdido mucho peso. También se pueden mencionar en este punto los ajustes legislativos para reducir burocracia y mejorar las condiciones del trabajo de, por ejemplo, las personas cooperantes.

Y tercero, renueva y actualiza el enfoque de la cooperación española, atendiendo y adaptándose a los retos globales actuales. Se alinea con la Agenda 2030 y adopta un enfoque ecologista, feminista y de derechos humanos. También invita a la coherencia de política y a hablar desde una mirada de lo local a lo global y de lo global a lo local. 

¿Cuándo se empezarán a articular sus disposiciones?

Se espera que la ley, tras su publicación en el BOE, se desarrolle en los próximos seis meses. Se tienen que sacar adelante los reglamentos que acompañan la ley: el Estatuto de las Personas Cooperantes, el que tiene que ver con la reestructuración de la propia Agencia Española de Cooperación; el que creará el nuevo fondo de la cooperación financiera; la Ley de Subvenciones adaptada la Ley y los proyectos de Cooperación. 

También se espera concretar este año en VI Plan Director...

Lo estamos trabajando y deberá salir este año. Esta estrategia está completamente alineada con la nueva ley. 

¿Crees que la nueva ley tiene algo que envidiar a los marcos normativos de cooperación de otros países europeos?

Como marco normativo está a buen nivel. Pero esto no acaba con eso, sino que marca el pistoletazo de salida de lo que las organizaciones no gubernamentales y la sociedad civil queremos que se plasme. Ahora hay que concretar y desarrollar los reglamentos en sintonía con lo que otros países europeos están haciendo. Uno de sus logros es aglutinar muchas de las demandas y visiones del sector.

Otro de los puntos donde se incide en esta nueva ley es en la cooperación descentralizada, ¿qué caracteriza a esta modalidad?

La cooperación descentralizada es toda aquella que se hace desde las comunidades autónomas, diputaciones, cabildos y ayuntamientos. Es la seña de identidad de la cooperación española y representa en torno a un 10%. En España, se trabaja mucho para que sea un valor añadido.

Las comunidades autónomas, ya sea por sus lazos históricos, por sus antecedentes, o por la población migrante que tenga, ajusta sus planes directores e incluso sus propias leyes para articular una cooperación entendida más desde lo local. Se incide en la Educación para la ciudadanía global enseñando algunos de los valores. 

¿Para qué se trabaja este ámbito?

Para que la ciudadanía entienda qué es la cooperación y las causas de la pobreza y la desigualdad. Esto se consigue mejor con una visión descentralizada, donde se palpa más de primera mano, que con una visión macro o estatal.

La ley también habla del principio de coherencia de políticas para el desarrollo, ¿qué significa?

Pues la coherencia de políticas es un concepto del que se habla poco, pero que en realidad debería estar en el centro. Y no solo de la cooperación al desarrollo, sino de la manera de entender la política. 

Y lo que implica es que lo vemos día a día: la realidad nos enseña que es compleja. Lo hablamos antes con la pandemia, terremotos, guerras y otras circunstancias. Todo está muy interrelacionado, mucho más de lo que creíamos. Es buscar soluciones con una mirada mucho más global. Es algo que se puede aplicar desde la política nacional o desde un pequeño ayuntamiento. 

Por un lado, una administración puede tener un impacto positivo, pero por otro lado estar haciéndolo mal en otro aspecto. Si extrapolamos esto al caso de un país donde se trabaja la cooperación al desarrollo, nos encontraos que mientras la administración y las ONG logran impactar positivamente, hay empresas que no es que lo hagan mal, sino que no se sigue el impacto que pueden generar, sea positivo o negativo. No se puede permitir que por un lado sea una cosa y por otro lado se esté haciendo como casi lo opuesto

La cooperación al desarrollo se suele reducir a cuánto dinero se está inyectando en los países en desarrollo, ¿qué otros aspectos merecen atención?

La verdad, por desgracia, es que al final parece que lo único de lo que se habla en el sector de la cooperación es del dinero. Desde Coordinadora de ONGD tenemos muy claro que presupuesto sí, obviamente. Pero no vale solo con presupuesto. Necesitamos también sistemas de calidad y de transparencia para saber en qué se está gastando el dinero de los españoles. Se requieren más procesos para medir el impacto positivo, porque no vale con que la factura esté bien. 

Significa poder hacer seguimiento de los proyectos y verificar que poco a poco se está trabajando para mejorar la calidad de vida en la zona y la población se va haciendo dueña de esos proyectos y desarrollando otros nuevos. 

Otro aspecto a revisar es la burocracia. Por desgracia, requiere mucho tiempo en cooperación y a menudo perdemos muchas oportunidades de hacer una cooperación mucho más estratégica debido a la burocracia. 

¿Se alcanzará el Objetivo 0,7?

Se cumplirá. Es muy positivio que esté plasmado en la ley. Es una herramienta con la que desde la ciudadanía podremos hacer toda la incidencia y presión necesaria para que se logre. Porque tenemos una clase política responsable que sabe lo que está apoyando, y que se lo cree.