No piense el lector que El Pasante titula hoy su columna descubriendo el supuesto valor de las cartas del presidente regional en una partida de mus. Esto no va de naipes, aunque algunos jugadores pretendan hacer trampa. Indignado, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, denunciaba esta semana en Ciudad Real el “intento de extorsión” por parte de Junts a los empresarios que se fueron de Cataluña a otros territorios atemorizados por el procés, algunos instalados en Castilla-La Mancha. Una determinación tras el otrora presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, declarase en octubre de 2017 la independencia de Cataluña, posteriormente anulada por el Tribunal Constitucional.
Miles de empresas se dieron entonces a la fuga, una deslocalización que no ha cesado en los últimos años y que ha propiciado que grandes sociedades como Banco Sabadell, grupo CaixaBank, Naturgy, Abertis, Colonial, Planeta, Codorniu, Zúrich, Bimbo o Banco Medium, entre otras, decidieron llevarse su sede social fuera de Cataluña. No fueron las únicas, pues también otras de menor magnitud salieron igualmente en busca de una mayor estabilidad jurídica y empresarial para sus negocios. Un éxodo entre 2017 y 2023 que ha afectado a un total de 8.746 compañías, según Informa D&B, con la Comunidad de Madrid como destino principal elegido por la mayoría de las empresas fugadas, 4.647, seguida por la Comunidad Valenciana (974); Andalucía (745); Aragón (554); e Islas Baleares (526). Castilla-La Mancha, en menor medida, ha sido también el destino de esta huida de sedes sociales a otros territorios. Durante el mismo periodo, 133 compañías han dejado Cataluña para instalarse en nuestra comunidad autónoma en busca de mejores condiciones, incentivos y seguridad jurídica para desarrollarse.
Ahora, Junts pretende su vuelta a Cataluña bajo amenaza de represalias. Un órdago lanzado por los independentistas que, de aceptar el Ejecutivo, supondría que miles de empresas se planteasen tener que volver a trasladar su sede social, o reabrir sus centros productivos en el mismo territorio en el que está anotado en el Registro Mercantil. Un revuelo que ha provocado de inmediato la indignación de las organizaciones empresariales por el mensaje que proyectan a los mercados. Ha sido el presidente de la patronal, Antonio Garamendi, quien ha advertido sobre la posible inconstitucionalidad del procedimiento, defendiendo el derecho de las empresas a instalarse e invertir libremente en los territorios que lo deseen, porque “lo otro se llama regulación en vena o comunismo”.
O también, como un “arbitrio económico con el sector independentista”, un despropósito sin precedentes que “no va a tolerar”, según puso de manifiesto el presidente García-Page. El presidente regional señala al nacionalismo separatista como único responsable de tamaña fuga de empresas, a las que ahora se pretende represaliar si no vuelven. Otra deriva instada por Pedro Sánchez, cautivo de un esperpento que le pueda servir para mantenerse en el poder, aunque el espantajo no ceja de recibir mamporros, algunos desde Castilla-La Mancha.
