Anunciaba en Los Yébenes (Toledo) el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, que en el año 2025 la región contará con una ley para acabar con la brecha salarial por razón de género. Un acontecimiento que según el mandatario convertirá a esta Comunidad en la primera región española en disponer de semejante disposición. Unas diferencias salariales entre hombres y mujeres que, en efecto, son especialmente significativas en determinadas actividades económicas, que no se deben principalmente a diferencias en el nivel educativo y, en general, no se reducen sino que aumentan con la edad.
Son loables las intenciones de García-Page en tratar de suprimir el desequilibrio salarial existente por razón de sexo en la región, pero el boquete que ahora resulta más evidente y urgente solventar es el de los salarios que cobran sus trabajadoras y trabajadores si los comparamos con los del resto del país. Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), entre los años 2019 y 2022 los sueldos aumentaron en España el 7,4 %, por tan sólo el 4,2 % en Castilla-La Mancha. Un porcentaje por debajo de la inflación acumulada durante estos cuatro años, con la consiguiente e importante pérdida de poder adquisitivo de sus trabajadores. Un sueldo bruto medio en nuestra región que al término del pasado año ascendía a 1.960,50 euros, un 8 % por debajo de la media nacional (2.128,40), según datos del INE, y con hasta un 20 % de asalariados con una percepción bruta de 1.100 euros o de tan sólo 600 euros en el caso de otro 10 %.
Las apreciables diferencias interregionales en niveles salariales en España son persistentes y Castilla-La Mancha es un claro ejemplo entre los territorios más damnificados. Una brecha crónica en los emolumentos de los trabajadores de esta tierra en comparación con los del resto del país, más urgente ahora en mejorar que pensar en la redacción de un texto legal de difícil encaje para 2025 con la pretensión de acabar con la grieta salarial existente entre las mujeres y los hombres de la región. Una segregación para alcanzar la igualdad salarial en la que, sin tener que aguardar dos años, ya avanza la UE a través de la aprobación de diferentes normas (Directiva 2023/970 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 10 de mayo de 2023) y que el Gobierno de España va implantando progresivamente en todo el país con el fin de atajar estas notables diferencias salariales por razón de género.
