El fútbol femenino iba a vivir en España una nueva revolución este fin de semana con el inicio de la Liga F. La primera competición profesional llegó para dar más visibilidad y hacer una apuesta económica más firme (algo que ha conseguido con el acuerdo comercial con LaLiga y de los derechos de televisión con DAZN). Las que siguen sin ser profesionales son las árbitras. Pese a tener el apoyo del Consejo Superior de Deportes para adecuar su situación, son utilizadas como otro arma de Luis Rubiales contra Javier Tebas. Por eso, irán a la huelga.
Actualmente las árbitras cobran entre 300 y 160 euros por partido. Hasta ahora, los clubes pagaban 3.300 euros por cada jornada a la Real Federación Española de Fútbol, que es quien se encarga de repartir la cantidad por el pago del arbitraje. La Liga Profesional de Fútbol Femenino y la RFEF no se han puesto de acuerdo con las nuevas cantidades y el sueldo de las colegiadas no se ha actualizado. No habrá fútbol en esta primera jornada y anuncian un "parón indefinido de su actividad". El lunes darán más explicaciones, pero desde la LPFF se ve como un "chantaje".
Un momento que el fútbol femenino llevaba esperando varios años se ve empañado por la guerra de siempre (Federación contra LaLiga). La LPFF denuncia que Rubiales utiliza "a la mujer como ariete para conseguir su objetivo de destruir el fútbol femenino español" después de las negociaciones que se han ido dando durante las últimas semanas, en las que el ente que gobernará la liga profesional propone cuadriplicar el sueldo a las árbitras hasta los 1.650 euros por encuentro.
Tras un verano en el que la selección española cayó ante la que fue campeona de Europa, Inglaterra, en la Eurocopa Femenina con más repercusión de la historia, los 16 equipos de la Liga F, así es como se llamará la primera liga femenina profesional de la historia del país, afrontaban con ilusión este nuevo comienzo. Pese a las trabas que han ido retrasando la llegada de este momento, todo eran buenas noticias en materia económica y de publicidad.
En los últimos años, ver la Primera División de fútbol femenino era una odisea por los líos existentes entre operadores, clubes y federación. Pero para este comienzo se anunció un acuerdo con DAZN por 35 millones de euros para quedarse con los derechos durante cinco temporadas, mientras que MediaPro se quedaba con el segundo paquete que incluye un partido en abierto. Antes, la LPFF anunció un acuerdo por la explotación comercial con LaLiga por 42 millones también por cinco años.
El fútbol femenino se aseguró así 77 millones de euros para crecer. El primer objetivo para dar pasos que reduzcan la diferencia con ligas como la inglesa o la de Estados Unidos era el de tener una fuerte apuesta detrás. De esta manera, el reparto de dinero por los resultados conseguidos en esta temporada será un gran incentivo para los diferentes clubes. Todo esto se transformará en mejores condiciones para las jugadoras y un mejor desarrollo de la cantera, que tan buenos resultados da.
De hecho, en el apartado de las jugadoras, consiguieron un importante paso adelante con el establecimiento de sus condiciones como profesionales. Tendrán un salario mínimo de 16.000 euros brutos anuales al 75% de parcialidad de la jornada laboral o, lo que es lo mismo, 12.000 euros, un protocolo de maternidad que incluye la renovación automática para aquella jugadora que se quede embarazada, pluses de antigüedad, vacaciones y un programa de recolocación para las retiradas, entre otras ventajas.
La guerra
Desde que se hizo oficial la Liga Profesional de Fútbol Femenino estallaron diferentes guerras. La primera fue la del sorteo. Primero fue la nueva patronal quien convocó el suyo el pasado 26 de julio en la sede del CSD. Sin embargo, cuando Luis Rubiales se enteró de esto, decidió ponerse en contacto con Beatriz Álvarez, la presidenta de la LPFF, para detuviera este proceso. Y por si fuera poco, convocó su propio sorteo de calendario para un día más tarde en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas. Finalmente, lo celebró la RFEF tras la intervención del Consejo.
El siguiente lío fue el del cupo de extracomunitarias. Mientras la RFEF aseguraba que debe haber dos como máximo por equipo para intentar potenciar las canteras nacionales y las categorías inferiores de la Selección, la LPFF pedía que el número sea de 12 y que este se vaya reduciendo de manera gradual. Todo esto a unas semanas de que comenzara la competición y con plantillas con muchas jugadoras internacionales. Al final, el CSD resolvió que fueran nueve en la primera temporada, cinco en la siguiente y tres en la tercera.
El último ha sido con las árbitras. Este viernes, ante la falta de acuerdo, los equipos arbitrales que debían dirigir los encuentros del sábado no viajaron. Cumplirán la amenaza de huelga a pesar de que el CSD ha intervenido y ha mostrado su apoyo para que, en los próximos días, las negociaciones avancen a su favor. Con la propuesta de la LPFF de cuadriplicar su sueldo que presentaron hace dos días, la misma que la RFEF no ha debido informar al Comité Técnico de Árbitros, tampoco hay acuerdo con la cantidad de dinero que deben pagar los clubes.
Mientras la Federación fija la cantidad en los 21.000 euros por encuentro, el estamento que dirige Beatriz Álvarez considera que es una cifra excesiva. Esto supondría 315.000 euros por el global de los 15 partidos que cada equipo juega como local. La LPFF defiende que estas cantidades, fijadas en 3.300 euros la pasada campaña, descuadrarían las cuentas de los clubes y les haría pasar dificultades para completar la temporada.
Lío judicial
La RFEF hizo oficiales las designaciones para la jornada, pero las árbitras no han cambiado de parecer: "Para hacer historia hay que estar unidas y aguantar lo que haga falta. Como si no hay liga en todo el año". La LPFF aseguró en su comunicado que los equipos se presentarán a sus partidos de este fin de semana, por lo que "se iniciarán todas las acciones legales, disciplinarias y de daños y perjuicios". "La función arbitral es una función pública delegada", recuerda la patronal.
José Manuel Franco ha firmado este viernes una resolución en la que se dejan claras las competencias de cada uno y qué aspectos deben resolver para que pueda iniciarse la competición. El CSD determina que la RFEF tiene facultad para dictar las normas reguladoras de la competición, mientras que la titularidad radica en la LPFF en coordinación con la Federación. Por ello, pide que ambas partes dejen de intentar imponerse una por encima de la otra y entiendan que deben ir de la mano.
En cuanto al tema arbitral, el CSD introduce dos figuras nuevas en la negociación: el Comité Arbitral y el Comité de Competición. Sin convenio de coordinación, como comenzaría la Liga F, es el primer ente el que debe establecer "las normas que tengan repercusión económica en el arbitraje de la competición profesional". El Consejo promete reuniones a partir de la próxima semana para valorar esta cuestión, ahora queda en manos de las árbitras decidir si acuden a los partidos.
La Liga F iba a arrancar este sábado a las 12:00 horas con el Atlético de Madrid - Real Sociedad y el Alhama CF - Madrid CFF, con el Villarreal - Real Madrid a las 16:00 horas y el Granadilla Tenerife - Athletic Club a las 18:00. El domingo estaban programados otros dos partidos a las 12:00 horas (Levante - Alavés Gloriosas y Sporting de Huelva - Sevilla), el Valencia - Real Betis a las 16:00 horas y el Levante Las Planas - FC Barcelona a las 18:00 horas. El momento para la historia tendrá que esperar.