La Eurocámara tumba la polémica reforma de las normas sobre derechos de autor

El pleno del Parlamento Europeo ha tumbado este jueves -por una ajustada mayoría de 318 votos en contra, 278 votos a favor y 31 abstenciones- la polémica reforma de las reglas de la UE sobre derechos de autor, cuyo objetivo es adaptarlas al entorno digital. Una reforma que ha provocado un duro enfrentamiento entre los creadores por un lado y los activistas de internet y las grandes plataformas digitales como Google, Facebook o YouTube por otro. 

Entre los eurodiputados españoles, han votado a favor de la directiva los socialistas y los pocos del PP que estaban en Estrasburgo y no en España para las primarias (Agustín Díaz de Mera, Ramón Luis Valcárcel, Antonio López-Istúriz y Francisco Millán Mon). La han rechazado Ciudadanos, Podemos, Izquierda Unida, PDeCAT, ERC, Catalunya en Comú y PNV.

La Eurocámara ha rechazado la posición negociadora que había aprobado su comisión de Asuntos Jurídicos el pasado 20 de junio. Al descartarse este mandato, el texto tendrá que volver a debatirse y votarse en el pleno de septiembre en Estrasburgo. Eso significa un nuevo retraso de meses en la adopción de la directiva, que fue propuesta por primera vez por la Comisión en septiembre de 2016.

Finalmente se han impuesto las tesis de los grupos más críticos con la reforma, que consideraban que podría dar pie a la censura previa en internet sin control judicial. También denunciaban que la nueva directiva abre la puerta a la creación de un impuesto sobre los enlaces (linktax), que impondría limitaciones a los usuarios para compartir y enlazar contenidos digitales. Los activistas de internet y las plataformas han desarrollado una intensa campaña para convencer a los eurodiputados de que tumbaran el texto.

"Existen auténticas preocupaciones sobre su impacto en la libertad de expresión, expresadas por expertos que van desde el relator especial de la ONU para la libertad de expresión, David Kaye, hasta el fundador de la World Wide Web, Tim Berners-Lee, y también por los ciudadanos", ha asegurado la eurodiputada laborista británica, Catherine Stilher, que ha hablado en el pleno en nombre de los opositores a la reforma. "Todos estamos unidos en nuestra misión compartida de proteger a los artistas y a la diversidad cultural pero el texto no logra el equilibrio adecuado", ha agregado.

El ponente de la directiva, el democristiano Axel Voss, ha denunciado que la campaña de los gigantes tecnológicos contra la directiva se basa en "mentiras" puesto que la reforma no impone restricciones a los usuarios particulares. "Estamos hablando de las grandes plataformas de EEUU como Facebook o Google, que están logrando enormes beneficios a expensas de los creadores europeos. Debemos evitarlo", ha dicho. "¿Cómo se puede estar en contra de que los creadores tengan una remuneración justa y de que estas plataformas asuman más responsabilidad?", se pregunta Voss.

Las plataformas debían filtrar los contenidos

La principal novedad de la propuesta de directiva es que refuerza la posición de los titulares de derechos a la hora de negociar y ser remunerados por parte de los gigantes de internet por el uso de sus contenidos. El texto rechazado obliga a Google, Facebook o Youtube a supervisar los contenidos que los usuarios comparten en ellas. Es decir, debían utilizar medidas eficaces, como tecnologías de detección automática, para garantizar la localización de las obras protegidas. 

Una vez localizadas, los gigantes de internet tenían que obtener la autorización de los titulares de los derechos o bien bloquear los contenidos si los creadores no quieren darles la licencia. Si no lo hacen así, la directiva les convierte en responsables de infracciones al derecho de autor. 

No obstante, las enciclopedias en línea no comerciales como Wikipedia y las plataformas de 'software' libre como GitHub quedaban exentas de esta obligación.

Los creadores ven imprescindible esta reforma para obligar a las tecnológicas a pagar una remuneración justa por los contenidos que ponen a disposición del público a través de sus plataformas. Los críticos sostienen que esta exigencia equivale a una "máquina de censura", que limita la libertad de información y de expresión sin ningún tipo de control judicial. A Google, esta obligación de filtrar todos los contenidos que suben los usuarios de YouTube le parece excesiva.

Tasa Google

La segunda gran novedad de la reforma que ahora está en cuestión es que concede a los editores de prensa el derecho a exigir compensaciones a los agregadores de noticias (como Google News) o a redes sociales como Facebook o Twitter que utilizan extractos de su contenido. La UE sigue así los pasos de España y Alemania, aunque en estos dos casos la denominada 'tasa Google' ha fracasado.

Con este nuevo derecho -que tendrá una validez de 20 años- los editores de prensa podrían aumentar sus ingresos un 10%, según los cálculos de Bruselas. Pero también podrán ceder sus derechos gratis como ha ocurrido en Alemania. En España, el denominado canon de la AEDE (por el acrónimo de la Asociación de Editores de Diarios Españoles) era irrenunciable, lo que llevó a Google News a cerrar su servicio en nuestro país porque se negaba a pagar.

Los críticos con la reforma sostienen que esta 'tasa Google' se convertirá de facto en un impuesto sobre los enlances (linktax). Es decir, impondrá limitaciones a los usuarios para compartir y enlazar contenidos digitales. Google rechaza también pagar por mostrar extractos. Bruselas alega que el nuevo derecho "reconoce el importante papel que los editores de prensa juegan a la hora de invertir y crear contenido periodístico de calidad, que es esencial para el acceso a la información en las sociedades democráticas".

La votación de este jueves en la Eurocámara retrasa todavía más la reforma. Una vez que el Parlamento vuelva a votar en septiembre, todavía tendrá que alcanzar un acuerdo con el Consejo de la UE, el órgano donde están representados los Estados miembros. Las capitales ya han pactado tanto reforzar a los autores frente a las plataformas como crear la 'tasa Google', aunque limitando su duración a un año. El compromiso final todavía tardará meses.