Batalla soterrada por el futuro de la nuclear en España

La central nuclear de Santa María de Garoña, en Burgos, ha acaparado en los últimos años el protagonismo sobre el futuro de la energía nuclear en España. Pero la verdadera acción tiene lugar ahora mismo a 500 kilómetros al suroeste, cerca de Monfragüe.

La central de Almaraz es la siguiente en la lista, concluye su vida útil el 8 de junio 2020 y hace unos días el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) hizo un gesto que, aunque pasó bastante desapercibido en mitad de la tormenta política, puede ser crucial: emitió un informe favorable a la construcción de un Almacén Temporal Individualizado (ATI) para almacenar el combustible usado.

Las centrales nucleares suelen almacenar el combustible usado, compuesto por dióxido de uranio y otros compuestos radiactivos, en las propias piscinas, pero éstas pueden llegar a llenarse antes de que llegue el final de la licencia de explotación de la central. Desde Almaraz informan a EL ESPAÑOL que, a fecha de 30 de junio, las dos piscinas de combustible tenían una ocupación del 88,4% y el 83,8% por lo que la fecha de saturación de la más llena está prevista para 2018, dos años antes del fin de la licencia.

Aunque el informe del CSN es importante, no es vinculante. Para poder iniciar las obras de este almacén, que albergaría el combustible sobrante, aún son necesarias dos cosas, un informe de Industria y el visto bueno de Medio Ambiente a la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto.

El tiempo, sin embargo, corre en contra de los intereses pro-nucleares. "Si no se aprueba pronto la construcción del ATI, la unidad 1 de la central tendrá que parar en 2018", dice a este periódico Juan Pedro Alcázar, portavoz de la agrupación que gestiona la central. "El informe del CSN deja bien clara la urgencia, contamos con que el almacén debe estar construido para 2018".

La izquierda contraataca

Pese a la imprecisa e inestable actividad parlamentaria de estos días, grupos asociados a Unidos Podemos como Equo e Izquierda Unida han hecho sonar las alarmas tras el visto bueno del consejo el pasado 22 de septiembre. Este miércoles, la Comisión de Industria del Congreso ha pedido la comparecencia del presidente del CSN, Fernando Martí, a iniciativa del grupo socialista. Martí lleva sin comparecer por la Carrera de San Jerónimo desde finales de 2014.

"En la última legislatura solicitamos la presencia del presidente del CSN y éste se burló de la comisión, dio una fecha disparatada sabiendo que no iba a haber congreso y evitó comparecer", cuenta a EL ESPAÑOL Juan López de Uralde, fundador de Equo y diputado de Podemos por Álava. "Continuamos trabajando para que todas estas decisiones tengan una explicación, aunque si sigue el mismo gobierno ya nos tememos en qué dirección irá".

La oposición teme que este movimiento abre la puerta trasera a la prórroga de Almaraz, aunque desde la central sostienen que son dos debates distintos y acusan a estos grupos de distorsionar los hechos. "El ATI es necesario tanto si continúa la central
operando a partir de 2020 como si se desmantela", dice Alcázar. "No es algo que se haga para extender la vida de la central, son dos cosas diferentes".

Actualmente, hay tres centrales que disponen de un ATI: la José Cabrera de Zorita, que está en proceso de desmantelamiento, y las de Trillo y Ascó, que siguen en activo. Pero la confluencia de ambos debates se dará el año próximo, ya que las centrales deben solicitar la prórroga de las mismas cuando queden menos de tres años para expirar su licencia de operación. "Nuestra intención es pedirlo, de hecho ya hay declaraciones públicas del director de la planta en ese sentido, pero hay que desvincularlo del ATI", insiste Alcázar.

La polémica sobre Almaraz parte de algunos informes técnicos realizados por la Empresa Nacional de Residuos Nucleares (ENRESA), que sugerían que la capacidad de la central para albergar combustible coincidía con 2020, su fecha de cierre. Para Uralde, "todo este proceso está directamente vinculado al alargamiento de la vida útil de las centrales y al fracaso del proyecto de cementerio nuclear en Villar de Cañas", explica. En este contexto, la aprobación de un ATI "es un elemento imprescindible para alargar la vida de la central", añade Uralde.

Quién toma la decisión

Lo inusual de la situación política y los casi 300 días sin gobierno que lleva España también afecta a este galimatías. ¿Puede un ministro en funciones tomar una decisión así, máxime cuando el anterior responsable de Industria, Jose Manuel Soria, dimitió de su puesto en funciones en abril? 

"La paradoja de todo esto", indica el diputado de Podemos, "es que tenemos un gobierno en funciones que no responde ante el Parlamento ni se hace responsable de ninguna decisión, pero está tomando decisiones que favorecen a sus aliados económicos", refiriéndose a Iberdrola, Endesa y Gas Natural, propietarias de la central.

Uralde cree que la batalla contra la nuclear será más complicada desde que a finales del año pasado se rompiera la paridad PP-PSOE en los cinco consejeros, ya que era CiU el encargado de proponer al quinto. Con la entrada de Javier Dies Llovera, del PP, en octubre de 2015, el fundador de Equo arguye que "el CSN ya no es un órgano independiente, ahora está totalmente controlado por el PP".

Sin embargo, la falta de mayoría parlamentaria de los populares y la imposibilidad de formar un gobierno estable auguran que pronto habrá nuevos capítulos en esta guerra soterrada por el futuro de la energía nuclear.

[Corrección: En una versión anterior del artículo se podía leer que, de no construir el ATI, la central cesaría operaciones en 2018 en lugar de la unidad 1 de la central].