El 'lifting' de Garoña da vida a nuestras nucleares en su tercera edad

El Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) ha dado el visto bueno a la reapertura, hasta 2031, de la central nuclear de Garoña. Los consejeros han evaluado 167 informes técnicos en los dos últimos años para tomar esta decisión, que amplía la edad útil de la central de 40 a 60 años y posibilita que, de ahora en adelante, otras instalaciones sigan los pasos de la central burgalesa.

La apertura de Garoña está condicionada a que Nuclenor (la operadora de la central, participada a medias por Endesa e Iberdrola) acometa algunas mejoras en la seguridad de la central.

Actualmente hay cinco centrales operativas en España: Vandellós, Cofrentes, Trillo, Ascó y Almaraz, estas dos últimas con dos reactores cada una.

Actualmente, el futuro de Garoña depende del Ministerio de Energía, que debe decidir si conecta la central de nuevo a la red eléctrica.

¿Cuáles serán las siguientes?

La próxima licencia en expirar será la del primer reactor de Almaraz, en Cáceres, que cumple en 2020. Fuentes de la central han confirmado a EL ESPAÑOL que prevén iniciar el proceso para extender la licencia de explotación de la central, previamente a que finalice la vida útil de su primer reactor, que inició su actividad en 1983. "La idea es empezar a reunir la documentación alrededor del verano de este año", añaden estas fuentes, aunque es el CSN el que debe confirmar los plazos. Este periódico se puso en contacto con el consejo a este respecto pero no obtuvo respuesta.

Tras Almaraz I será el turno de Cofrentes (2021), Ascó I y Almaraz II (2023), Trillo (2024), Ascó II (2025), Vandellós II (2027).

¿Quién está a favor de reabrir Garoña?

Principalmente el gobierno, el Partido Popular y las operadoras de la central, Iberdrola y Endesa, aunque la segunda más que la primera.

Desde Foro Nuclear han asegurado que la extensión en una década de la vida de Garoña y las demás centrales equivale a "la electricidad equivalente a dos años y medio de consumo anual", además de evitar la emisión de "más de 400 millones de toneladas de dióxido de carbono" y asegurar "27.500 empleos estables en el tiempo".

Horas después del anuncio, Fernando Martí, presidente del CSN, ha precisado en rueda de prensa que el límite de 2031 propuesto por el consejo no es definitivo, ya que ahora será "el Ministerio de Energía quien tendrá que tomar la decisión de permitirle operar y por cuánto tiempo".

¿Quién está en contra?

Todos los demás grupos. PSOE, Ciudadanos, Podemos, IU, Equo, PNV o Bildu han rechazado la decisión. En parte, por su oposición a la energía nuclear (PSOE y Podemos han declarado en el pasado que apoyan el apagón nuclear en 2024) y en parte porque Nuclenor no ha realizado aún las inversiones en seguridad exigidas, que podrían llegar a costar a la operadora entre 100 y 200 millones de euros.

En resumen, hasta que Endesa e Iberdrola no acometan esta renovación no podrán cargar combustible -el reactor fue vaciado- ni producir electricidad.

La diputada socialista Ester Peña ha declarado en el Congreso: "No entendemos que se dé una licencia para una central que nunca va a funcionar". "Garoña no importa, nunca se va a abrir, pero sí se abre una alternativa para aumentar la vida útil de las otras centrales", lo que para Peña contraviene la legalidad europea.

Por su parte, Izquierda Unida ha registrado en el Congreso una iniciativa parlamentaria instando al gobierno a "tomar las medidas necesarias para decretar el cierre y desmantelamiento definitivo de la central nuclear de Santa María de Garoña". Además, ha iniciado en redes la campaña #GaroñaNiDeCoña usando la desafortunada imagen de una refinería japonesa en llamas.

Los grupos ecologistas han respondido inmediatamente tras el anuncio. Paco Castejón, de Ecologistas en Acción, ha criticado sobre todo que la decisión se ha hecho "a la medida de Nuclenor", lo que "destroza la credibilidad" del CSN.

¿Qué va a pasar realmente?

La clave en todo esto es que Garoña no se paró en 2012, un año antes del final de su licencia, por motivos de seguridad sino económicos. Nuclenor ya trató, sin éxito, de exigir al gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero una indemnización de 950 millones de euros por lucro cesante.

De confirmarse la reapertura, las compañías eléctricas tienen una baza importante para asegurar la continuidad de las centrales o, de lo contrario, recibir una compensación si éstas se ven obligadas a cerrar antes de los 60 años por motivos que no sean de seguridad.

¿En qué me afecta todo esto a mí?

Más allá de que sea usted pro o anti-nuclear, la decisión será importante en cuanto implica un previsible efecto dominó.

Por un lado, un 20% de la electricidad que se produce en España es de origen nuclear. Para sus defensores, es una fuente que reduce nuestra dependencia de las importaciones y que además no emite CO2. Por otro lado, las centrales más antiguas se vuelven más eficientes y, como se aprecia en el siguiente gráfico, han sido capaces de absorber los cierres de Zorita en 2006 y Garoña en 2012.

En la Unión Europea, la energía nuclear suponía en 2015 el 27% de la producción de energía, el mismo que el carbón y las energías renovables. Sin embargo, la UE espera que dentro de unos años, en 2025, una tercera parte de los 130 reactores actualmente operativos empiecen su desmantelamiento.

Las noticias sobre Garoña llegan en un momento en que Francia ha tenido que desconectar 20 de sus 58 reactores debido a irregularidades en el acero empleado en las centrales. Esto, que provocó una subida de los precios de la electricidad en Europa, podría afectar también a la extensión en diez años (de 40 a 50) de la vida de estas centrales.