fachada del Hospital de Dénia, gestionado por Ribera Salud desde agosto de 2021.
La reversión del Hospital de Dénia: una prórroga menor de 5 años pone en riesgo 60 millones de inversión
Después de debatir tres veces el mismo asunto en las Cortes, el PP insiste en que se tomará una decisión cuando se realice una "auditoría sin sectarismos".
5 octubre, 2023 06:20El próximo 30 de enero finaliza la concesión del Hospital de Dénia (departamento de la Marina Alta), en manos exclusivas de Ribera Salud desde agosto de 2021 tras la compra de la parte mayoritaria a DKV (que la Generalitat llevó a lo tribunales sin éxito). Y como en el resto de concesiones de departamentos sanitarios, el contrato establece la posibilidad de una prórroga de cinco años de gestión público-privada en concesión.
No obstante, los 60 millones de inversión que forman parte del plan estratégico de Ribera Salud (Marina Salud) para los próximos cinco años en la comarca peligran con la reversión. Incluso con prórrogas parciales. Y es que la compañía sanitaria no se encuentra cómoda con las noticias que van llegando sobre los planes de la Generalitat.
Tal como informó Ribera Salud, esas inversiones van desde la construcción de nuevos centros de salud y la renovación de infraestructuras en Atención Primaria hasta una apuesta firme por la alta tecnología y la renovación de equipamientos. La mayor partida es para el Área de Personas, donde está previsto invertir en programas destinados a la atracción y fidelización del talento y el bienestar de los profesionales.
En concreto, se prevé invertir 18 millones de euros para el Área de Personas y más de 25 millones de euros para las partidas de infraestructuras y equipamiento. Desde el grupo sanitario calculan que en el período 2099-2022, Marina Salud habrá invertido 127 millones de euros en la comarca, cifra que supera el compromiso inicial que tenían por contrato.
Los precedentes
La situación actual viene derivada de que el anterior gobierno de la Generalitat, de Ximo Puig (PSOE-Compromís-Podemos), ya comunicó a la empresa la resolución del contrato para la fecha fijada, como antes había hecho con Alzira y Torrevieja. Como en aquellos casos, sin posibilidad de prórroga.
El nuevo conseller Marciano Gómez (PP), está planteando de manera informal prorrogar en principio un año más la concesión de Dénia y de Manises (que finaliza también el próximo mes de mayo y gestiona Sanitas), hasta conocer el alcance de la medida mediante sendas auditorías. Y estudiar prórrogas más allá. Un proceso que ratificó ayer el diputado popular José Juan Zaplana (PP).
La reversión de Dénia, sin embargo, no cuenta con la misma oposición social que tuvieron las de Alzira o Torrevieja. En una comarca en la que las alcaldías de izquierdas son mayoritarias y se han creado plataformas en favor de la reversión, también los sindicatos son más combativos.
El debate
Ayer, por iniciativa de Compromís, pasó por las Cortes una Proposición No de Ley para ejecutar la reversión, pese a que el procedimiento ya está iniciado. No en vano, las reversiones sanitarias son una de las banderas ideológicas más utilizadas de la izquierda valencia, en el gobierno o en la oposición.
Carlos Esteve, el diputado nacionalista que defendió la proposición aseguró que el modelo de sanidad público-privada conocido como Alzira es "un sistema de enriquecimiento para los bolsillos privados".
Incluso el diputado de Compromís habló de las propuestas "ilegales" del conseller marciano Gómez. Esteve incluso cuestionó la nueva auditoría hablando de un supuesto informe realizado por el Botánico en febrero que no fue presentado ni solicitado por Compromís.
Por su parte, el diputado socialista José Antonio Díez, que presentó una enmienda, fue todavía más duro y habló de una "agenda oculta" del conseller con las compañías que gestionan los departamentos de Dénia y Manises.
Desde el PP, Zaplana recordó que esta propuesta ya se había debatido tres veces en las Cortes Valencianas, pero que por primera vez Compromís ha exigido las liquidaciones con las empresas. Antes no las había exigido nunca. Y contraatacó al anterior gobierno de Puig cifrando esas liquidaciones en "70 millones de euros que no reclamaron por intereses de sus amigos o por vaguería".
También recriminó al diputado de Compromís que haya tenido acceso al informe del que ha hablado en las Cortes, ya que no fue solicitado formalmente antes de la disolución de las Cortes en abril. Dejando que caer que se puede haber incurrido en alguna ilegalidad si tiene en su posesión esos documentos.
