La Comunidad Valenciana empieza a multar a los locales donde haya prostitución

La Conselleria de Justicia ha publicado este jueves en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) la reforma de la Ley de Espectáculos que permitirá sancionar administrativamente aquellos locales donde se ejerza la prostitución y que se camuflan con licencias de establecimientos de hostelería u ocio.

La semana pasada, la consellera Gabriela Bravo ya anunció esta reforma con la que la Comunitat Valenciana se convierte "en la primera y única autonomía que multará la demanda de sexo en los establecimientos públicos, la tercería locativa, es decir, sancionar a aquellos que, con ánimo de lucro, proporcionen un lugar donde prostituir mujeres, y la publicidad de sexo pagado".

La consulta pública previa permite que asociaciones y particulares interesados formulen las alegaciones que estimen necesarias porque, según Bravo, "queremos que esta reforma legislativa cuente con el mayor consenso posible. De ahí la necesidad de recabar las opiniones de todos aquellos que quieran aportarnos su visión".

Las propuestas se pueden presentar a través del portal de Transparencia de la Generalitat y en la página web de la Conselleria de Justicia, Interior y Administración Pública, pero también a partir de este jueves en la dirección de correo electrónico espectaculosvalencia@gva.es hasta el próximo 24 de marzo, según informa el Gobierno valenciano.

La consellera ha recordado que, según un estudio encargado por la Conselleria de Justicia en el marco del Foro Valenciano por la Abolición de la Prostitución, se estima que en la Comunitat Valenciana hay entre 10.000 y 13.000 mujeres prostituidas, 164 establecimientos identificados como lugares de prostitución y más de 52.000 anuncios en internet de servicios de prostitución.

En exclusión social

De acuerdo con este mismo estudio, las personas prostituidas se encuentran en situaciones de gran vulnerabilidad, pues son víctimas de violencia, exclusión social, pobreza y xenofobia, entre otros factores de inseguridad.

Esta situación de explotación se sustenta en la alta demanda de sexo pagado, dado que solo en la Comunitat Valenciana el número de varones que ha pagado por sexo en el último año se estima en alrededor de 115.000.

"Al margen de algunas ordenanzas municipales abolicionistas, como la de Albal (Valencia), no hay en la actualidad ninguna norma que sancione la tercería locativa ni la demanda de sexo pagado y, con esta reforma, vamos a poner remedio a esta situación", ha concluido la consellera valenciana Gabriela Bravo.