Qué curiosa es la política. Aquellos que desde la Comunitat Valenciana apoyaron la consulta ilegal del del 1-O en Cataluña, aquella que terminó derivando en golpe de Estado por parte del entonces presidente de la Generalitat, el prófugo de la Justicia española Carles Puigdemont -hoy en vías de ser amnistiado por el PSOE de Pedro Sánchez-, no quieren que los padres y madres puedan elegir en libertad la lengua base en la que quieren escolarizar a sus hijos.
Pero quieran o no, salvo decisión judicial in extremis, a partir del martes las familias podrán elegir la lengua base de sus hijos. Y eso no significa que desaparezca el ni el castellano ni el valenciano en las aulas, sino que los chavales y chavalas podrán estudiar asignaturas troncales en las lenguas que elijan, no en las que les impongan los políticos, directores de centro o docentes.
La lengua base será el 65% en Infantil, 60%-52% en Primaria, ESO. Y la lengua cooficial, no bajará del 25% para garantizar un dominio de las dos lenguas al finalizar la etapa obligatoria. Seguramente habrá padres que querrían eliminar una de las lenguas, pero la administración debe atenerse a ley.
Y la ley fundamental en España, la Constitución, dice textualmente en su artículo 3: "1. El castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla. 2.Las demás lenguas españolas serán también oficiales en las respectivas Comunidades Autónomas de acuerdo con sus Estatutos. 3. La riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de España es un patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y protección".
¿No es eso lo que está garantizando el Gobierno autonómico de Carlos Mazón con la Ley de Libertad Educativa? ¿O es que para algunos está en juego el modus vivendi (sus intereses económicos por encima de los intereses del alumnado) de gran parte de sus electores que se ven beneficiados en la Administración pública por los méritos y requisitos aparejados al valenciano?
Frente a esta ley de Libertad Educativa de Carlos Mazón que sustituye a a la denostada Ley de Plurilingüismo del Botánico de Ximo Puig, el nacionalismo político y social (incluidos los sindicatos) afirman que no son los padres y madres quienes deben decidir la lengua base de sus hijos, sino que eso es competencia de los profesionales de la educación y los Consejos Escolares. De ahí que se opongan a la consulta.
¿Se acuerdan cuando la entonces ministra de Educación socialista, Isabel Celaá tuvo el cuajo de decir "No podemos pensar de ninguna de las maneras que los hijos pertenecen a los padres"? Esto viene a ser lo mismo: "Yo sé mejor que tú la lengua en la que le conviene estudiar a tu hijo".
Dejemos que los padres y madres elijan libremente y luego analicemos el resultado de la votación y qué relación tiene la realidad social con la división que se hizo en los años 80 en la Comunitat entre municipios de predominio lingüístico valenciano y castellano. A lo mejor nos llevamos una sorpresa o a lo mejor no.