Los 3 fracasos para desactivar el 'caso Begoña' avivan los ataques del PSOE a Ayuso a costa de su pareja

Posteriormente, Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez, y el propio presidente del Gobierno anunciaron sus propias querellas contra el magistrado, que investiga el llamado caso Begoña. Y las tres, de una forma u otra, han corrido la misma suerte.

Este miércoles, el TSJM rechazaba la interpuesta por el abogado de Gómez, el exministro del Interior socialista Antonio Camacho. La última que quedaba.

De haberse admitido a trámite, Peinado habría tenido que soltar las riendas de la investigación judicial que capitanea y con la que trata de dilucidar si Begoña Gómez se aprovechó de su condición de cónyuge del jefe del Ejecutivo para prosperar en su carrera empresarial y docente.

Pero el TSJM ha rechazado, una tras otra, las tres querellas, en lo que supone, además de un espaldarazo a su instrucción, que se desinflen las críticas del Gobierno contra el magistrado. Los tres querellantes —Pradera, a título personal; la Abogacía del Estado, en nombre de Sánchez, y Begoña— acusaban al juez de un supuesto delito de prevaricación, uno de los más graves que puede atribuírsele a un juez por razón de su cargo... y que el Tribunal Superior madrileño descarta.

Europa Press

La juez del caso del novio de Ayuso abre una pieza para investigarle por más delitos en otros de sus negocios

Era lo previsible que sucediera. Especialmente, después de que el pasado 7 de octubre la Audiencia Provincial de Madrid avalara la investigación de Peinado sobre Gómez y subrayara que en ella existe "una clara determinación objetiva, subjetiva y temporal de los hechos" en los que el magistrado indaga.

Que el TSJM haya desinflado, en menos de tres meses —verano incluido— la estrategia de Moncloa contra el juez ha obligado al Gobierno y al PSOE a reconducir sus críticas y a desviar el foco. Por ello, este miércoles, durante la sesión de control al Ejecutivo, el ministro de Presidencia, Justicia y Relación con las Cortes, Félix Bolaños, insistió en llamar "delincuente confeso" a Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso. 

El novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid está investigado por una juez por dos supuestos delitos de fraude fiscal. Su abogado en esta causa, al inicio de la misma, ofreció a la Fiscalía un acuerdo y que su cliente, para evitar la cárcel, asumiese los delitos y abonase una multa.

Bolaños, desde la tribuna de la Cámara Baja, recurrió al Diccionario de Términos Jurídicos, editado, precisamente, por la Comunidad de Madrid, para justificar sus palabras.

Imagen de la última visita de Ayuso a Moncloa, en el año 2021. Europa Press

Ahora bien, la posibilidad de un abogado de explorar un acuerdo de conformidad en el que su defendido reconozca los hechos no convierte a un investigado en delincuente confeso. Lo sería si, en efecto, firma dicho pacto, lo que no ha sucedido aún.

En su cuerpo a cuerpo contra Ayuso, Bolaños también se refirió a una información de la Cadena Ser que apunta a que la pareja de Ayuso intentó desgravarse gastos de sus vacaciones.

"Le he visto algo revolucionado", le dijo Bolaños al portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado. Además, acusó al PP de estar de lado de "esa jefa ejemplar que, con un ciudadano ejemplar, se va de vacaciones a costa de los contribuyentes españoles y de los contribuyentes madrileños". 

La sesión de este miércoles en el Congreso, en definitiva, fue bronca, bajo ataques cruzados entre las bancadas del PP y del PSOE. Y no se prevé que nada baje la tensión en los próximos días. Más bien, al contrario. Especialmente, después de que, unas horas después de terminar el Pleno en la Cámara Baja, se conociese que la juez que investiga al novio de Ayuso haya aceptado abrir una pieza separada para indagar en más de sus negocios, por si constituyeran los delitos de corrupción en los negocios.

A lo que hay que añadir que la presidenta madrileña se haya negado a visitar a Sánchez en el Palacio de la Moncloa, al que sí acudirán otros barones del PP en el marco de la ronda de contactos con los líderes autonómicos planteada por el jefe del Ejecutivo central. "No respeta las instituciones", reprochó también en la sesión de control la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, dirigiéndose a la bancada popular.

Este mismo miércoles, la Audiencia Nacional solicitaba al Supremo la imputación del exministro José Luis Ábalos, exsecretario de Organización del PSOE por la supuesta trama corrupta investigada en el caso Koldo.