Los acusados de perjudicar a un opositor a bombero en Vigo dicen que fue "en favor de la ley"

• Se enfrentan a seis años de cárcel por tratar de perjudicar a un opositor a bombero en Vigo

VIGO, 11 Ene. (EUROPA PRESS) –

Los dos acusados de tratar de perjudicar a un opositor a bombero en Vigo, una funcionaria policial y un bombero retirado que son pareja, afirman haber actuado "en favor de la Justicia y de la Policía".

Durante el juicio oral, que ha tenido lugar este martes en la sección quinta de la Audiencia Provincial, con sede en Vigo, el Ministerio Fiscal ha presentado un oficio en el que se aportaban datos de la investigación policial relativos al acceso de la acusada, por medio de la base de datos policial Argos, a información del denunciante y de otros opositores.

La mujer, una funcionaria policial con 24 años de experiencia y que ocupa un puesto en la oficina de denuncias y atención al ciudadano, reconoció haber accedido en varias ocasiones a los datos del denunciante "por su trabajo como policía" tras recibir una información de un suboficial de Bomberos de Vigo que acudió a casa de la pareja "preocupado" porque había aparecido en el tablón de anuncios del Parque de Bomberos de Vigo una nota que aseguraba que había una orden de búsqueda emitida por el Juzgado de Instrucción número 3 de Cangas (Pontevedra) por un delito de tráfico de drogas contra una de las personas que se presentaban a las oposiciones del año 2018.

La acusada aseguró que el suboficial de bomberos le aportó datos como el DNI, el nombre y los apellidos e, incluso, la fecha de nacimiento, datos que aparecían recogidos en una nota manuscrita con su propia letra y que le permitieron averiguar que, sobre el denunciante, se requería una "consulta de averiguación de domicilio". "Al carecer de importancia y ser cuestión de la Guardia Civil me desentendí", ha asegurado la acusada.

"Solo he colaborado con la justicia y la Policía"

Los datos fueron también utilizados por la pareja de la mujer, un bombero retirado desde el año 2008 que, según las pruebas aportadas por Fiscalía, se puso en contacto a través de la aplicación whatsapp y vía telefónica con un agente de policía para "detener al joven", agente que "no otorgó la cooperación pretendida por el acusado".

"El acusado quería que detuviese al denunciante durante las pruebas de las oposiciones. Lo pidió acompañado del presidente del tribunal de las oposiciones y de un abogado. Eso me pareció muy raro y algo no cuadraba. No teníamos denuncia, tampoco escritos, se lo comenté a mi comisario y desde ese momento apagué mi radio", ha declarado el agente.

Además, Fiscalía sostiene que el acusado, que ha asegurado "solamente haber colaborado con la Justicia y la Policía", contactó con el jefe de seguridad del Ayuntamiento de Vigo, quien solicitó a un actuante su colaboración para conocer la situación del denunciante.

Después de descubrir que sobre el denunciante había una "averiguación de paradero", una patrulla acudió al lugar del examen para identificarlo, causando, tal y como ha señalado el Ministerio Fiscal, "gran perturbación", ya que en ese momento se encontraba reclamando el resultado de una prueba física.

De hecho, uno de los agentes que interrogó al denunciante ha asegurado que, al llegar, el presidente del tribunal de las oposiciones "sabía a quien buscaba".

"Un agente me dijo que su jefe iba a por mí"

Por su parte, el denunciante ha señalado que el día anterior a las pruebas físicas recibió el aviso de un agente de la Policía Local de Vigo que le aseguró que "su jefe iba a ir el día de las pruebas a por él".

"Aquello me pareció perturbador. Yo no entendí lo que me quería decir hasta que ocurrió todo el día de las pruebas físicas", ha señalado, no sin antes asegurar que "esta situación le ha perjudicado" porque es el motivo por el que todavía no trabaja como bombero en Vigo.

Por todos estos hechos, la Fiscalía pide para los dos acusados hasta seis años de cárcel por dos delitos de revelación de secretos y una multa de unos 9.600 euros. También la suspensión para empleo y cargo público por tiempo de tres años y para el ejercicio de función pública relacionada con registros informáticos, además de una indemnización de 6.000 euros por el daño moral causado.