Voluntarias de Puntos Violeta acusan a Isabel García de "enriquecerse con la violencia de género"

La empresa de la pareja de Isabel García se adjudicó a dedo al menos 64 contratos de ayuntamientos gobernados por el PSOE para organizar estos puntos, por los que habría cobrado hasta 250.000 euros. Estos Puntos Violeta son muchas veces atendidos por voluntarias que no cobran nada por su dedicación. Ahora, algunas de ellas, muestran su indignación por lo que consideran un "enriquecimiento que juega con la violencia contra las mujeres".

Quien habla es Rocío Murciano, que en 2019 participó como voluntaria en uno de estos puntos en el distrito madrileño de Usera: "La violencia contra las mujeres es algo muy serio como para que alguien se lucre con ello", insiste. Murciano, activista feminista, se interesó por esta herramienta tras estar en contacto con un grupo de mujeres del barrio y, tras recibir una formación del Espacio de Igualdad Berta Cáceres, fue parte del equipo de atención del punto en las fiestas del distrito.

Lo hizo con la intención de "estar en contacto con las necesidades de las mujeres y por ayudar". En conversación con este periódico, recuerda su experiencia como positiva: "Hubo mucha participación de las vecinas, tuvimos que gestionar una incidencia con la Policía y afortunadamente, salió todo bien".

Después de dos años sin Punto Violeta en Usera, en las fiestas de este año, una empresa se ha hecho cargo de la carpa, algo que Murciano lamenta, porque la naturaleza del punto y la atención que da "ha cambiado bastante".

Rocío Murciano (izquierda), con una mujer en el Punto Violeta de Usera (Madrid). Cedida

"Antes éramos vecinas del barrio, implicadas y concienciadas con el problema de la violencia machista. Ahora es una empresa que se presenta con un 'roll-up' negro como punto de atención contra la violencia sexual, dan un número de teléfono y, cuando acaban se van", se queja sobre el traspaso de este tipo de servicio a empresas. "No es lo mismo alguien que se implica de corazón y que conoce a las vecinas que alguien que lo hace porque tiene que estar ahí", recalca.

Otra voluntaria de los Puntos Violeta es Rocío Cano, que en el pasado ha participado también en este tipo de espacios desde el activismo de base y con iniciativas autogestionadas. En concreto, lo hizo en dos ocasiones en dos pueblos de la provincia de Ávila donde, según explica, "son todavía más importantes estas iniciativas al tratarse del mundo rural, donde el machismo está más presente".

De izquierda a derecha, Bárbara González, Rocío Cano y Rocío Murciano. Cedidas

"En muchos pueblos no hay la mentalidad para combatir ciertos comportamientos que se consideran normalizados, ni tampoco las herramientas para hacer frente a ellos", asegura. Los puntos en los que participó Cano como voluntaria fueron en dos ayuntamientos gobernados por el PP (La Adrada y Casavieja), con lo que quiere mostrar que son un "mecanismo necesario que no debería obedecer a ideologías".

La socióloga y activista, sobre el caso de las adjudicaciones de Puntos Violeta señala que "toda infraestructura necesita un presupuesto", aunque que se haga negocio de ello le parece "igual de mal que cualquier caso de corrupción relacionado con las mascarillas en la pandemia".

'Chiringuitos'

Una tercera activista y voluntaria es Bárbara González. En su caso estuvo presente en Puntos Violeta fuera de un contexto de fiestas. Lo hizo con ocasión de la Cumbre del Clima de Madrid, la COP 25, que se celebró en la capital en 2019. Fue, de nuevo, un movimiento autoorganizado que surgió de la preocupación de feministas como ella por dar atención a las mujeres en un momento de "gran afluencia de personas y actos públicos en la ciudad".

A González, convencida de la importancia de estos puntos, le parece "triste que haya corrupción". "Este caso puede darle un argumento más a mucha gente que ya señalaba como 'chiringuitos' a los puntos violeta para que no los apoyen; es una pena que se destruya la credibilidad de esta herramienta por hechos así", dice en conversación con este periódico. En su caso, el punto violeta en el que participó fue autogestionado, porque "el Ayuntamiento no quería ponerlo".

González señala que tanto ella como otras muchas compañeras han renunciado a su tiempo para participar sin cobrar en estos puntos. Según dice, "logran frenar agresiones sólo con su presencia" e insiste en que, "que haya personas que se lucren ilícitamente con ello, puede disminuir la confianza de la gente".

EL ESPAÑOL se ha puesto también en contacto con asociaciones feministas de los municipios donde fueron adjudicados los contratos a la empresa de la pareja de Isabel García. Según señalan desde Dones de Picanya, en la Comunidad Valenciana, los ayuntamientos citados en la investigación de este periódico "contrataron con una empresa cualificada para gestionar cosas de igualdad, entre las que estaban los Puntos Violeta".

"No es cierto que haya habido un enriquecimiento, además de que hayamos participado como voluntarias sin cobrar nada. Los ayuntamientos contratan con la empresa y luego son las regidurías de Igualdad de cada municipio las que aportan el personal, con agentes cualificados. Los Puntos Violeta no son ninguna nimiedad; nos los tomamos muy en serio, y nos parece muy bien que se profesionalicen a través de empresas cualificadas", aseguraron desde la asociación feminista.