A Luisa María la apartaron de la Guardia Civil por proteger a una maltratada: su lucha por volver

Este periódico ya contó su caso en 2018. Su aparición denunciando lo sucedido y vestida de uniforme le costó otros dos meses de empleo y sueldo, rebajados luego por el Tribunal Supremo a uno. 

Su destino desde 2013, cerca de su madre en Chipiona (Cádiz), eran los casos Viogén. "Yo había pedido ese destino para estar cerca de ella, porque era mayor y me lo concedieron". Luisa realizaba las valoraciones, y por ello estimó como de alto riesgo el caso de una mujer que denunció a su expareja por amenazas de muerte, lo que suponía ponerle una patrulla de vigilancia durante las 24 horas. Al pedirla, sostiene que le solicitaron que bajara el riesgo "al no haber patrullas". Luisa se negó a modificar su evaluación. 

[Luisa, la guardia civil sancionada por negarse a dejar sin protección a una maltratada con riesgo extremo]

Unos días después, su coche aparece pintado y tiene conocimiento que el presunto autor es del entorno del exmarido de la víctima, quien fue detenido a las 24 horas de activar el protocolo Viogén por la misma patrulla de vigilancia que ella había recomendado. Entonces es Luisa quien solicita protección. Según Flores, esa medida tenía que tramitarla el mismo superior que le había pedido que rebajase el informe Viogén. A los 20 días de haberlo solicitado acude a reclamarlo, advirtiendo que "no se estaba haciendo nada" para protegerla y que iba a informar a instancias más altas.

La siguiente notificación verbal que recibe es que se cogiera un abaja voluntaria, y de no ser así, se la darían ellos. Se activó el protocolo de conductas anómalas, se le pidió que entregara el arma y fue sometida a exámenes médicos y psicológicos. "Me quitaron el destino y empezaron a abrirme expedientes". Ya estando de baja fue cuando le aprobaron la protección.

Luisa, con el uniforme, en una foto de archivo. Lleva colgado casi siete años. Fernando Ruso

"Entonces me empecé a defender.". Desde 2017 a hoy acumula hasta 8 expedientes disciplinarios, suspensiones de empleo y sueldo, bajas médicas, denuncias, condenas y recursos. Lo primero que hizo fue acudir a los medios de comunicación, aun cuando la Guardia Civil, como cuerpo militar, lo tiene prohibido. Le abrieron un expediente disciplinario por ofrecer declaraciones vistiendo el uniforme y sin estar autorizada. Fue condenada a 2 meses de suspensión de empleo y sueldo, rebajados en agosto de 2021 por el Tribunal Supremo a la mitad.

Por aquel expediente alegaría luego que había salido en las fotos con su uniforme limpio, a diferencia del de uno de sus superiores que, expelía un "fétido olor", explicando que descuidaba su higiene personal. El escrito pedía que se le abriera expediente a él también. "Yo ese escrito no lo difundo. Lo meto por los canales reglamentarios", asegura. Pero llegó a sus oídos y se querelló contra ella por injurias. Fue condenada a 6 meses y 15 días de prisión, conmutada por una multa.  

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Varios de los expedientes abiertos se los han puesto por no presentarse en los reconocimientos médicos no periódicos en Madrid. "Pero yo argumentaba documentalmente antes que mi madre estaba en el hospital o enferma en casa y que tal día a tal hora no podía. Y lo que habían es que no incluían esa documentación probatoria. Doña Margarita Robles, eso sí lo tengo que decir, se ha portado bien conmigo: por escrito, me dio a mí la razón y se la quitó a un general". 

Y ahora en julio ha acabado de cumplir la condena de 6 meses y 15 días, también inhabilitada y sin sueldo. No cobrará hasta el mes de octubre, hasta que se publique en el boletín.  

Las numerosas suspensiones de sueldo y empleo la han ido obligando a ir pidiendo préstamos. "Debo 60.000 euros. Más 20.000 euros de la letra del coche. Me van a quitar la casa por las trampas en las que me he tenido que meter por las sucesivas suspensiones de empleo y sueldo, pagar informes, abogados, procuradores y denuncias penales", cuenta a EL ESPAÑOL. "Vivo de lo que me ayudan mis amigas. Pago la gasolina para llevar a mi madre al médico de esas ayudas".

Su caso ha llegado al Tribunal Constitucional, que no admitió este verano su recurso por no haber agotado la vía judicial del Supremo, lo que era incierto. En una segunda resolución el TC se corrigió y lo achacó a un error material, pero no admitía el recurso ya que su caso "no trascendía del caso concreto por plantear una cuestión jurídica de relevante y general repercusión social o económica o con unas consecuencias políticas generales". Luisa se pregunta "si los guardias civiles no tenemos interés constitucional. Yo quiero que me lo expliquen".