La eurodiputada del PSOE sancionada por acoso dice ahora que un asesor ultra boicoteó su defensa

"Enfadada, sorprendida y con fuerza para recurrir hasta el final". Así ha recibido la eurodiputada hispanoargentina del PSOE Mónica Silvana González (Buenos Aires, 46 años) la sanción que le ha impuesto el Parlamento Europeo por "acoso psicológico" a tres de sus antiguos asistentes parlamentarios, según explican a este periódico fuentes de su oficina. La sanción consiste en una multa de 10.140 euros (equivalente a las dietas de un mes) y 30 días de suspensión de su actividad parlamentaria.

Tras muchas horas de silencio, González ha publicado en Twitter un comunicado en el que anuncia que recurrirá lo que considera una decisión "injusta" ante la Mesa, el órgano interno de dirección administrativa y reglamentaria de la Eurocámara. Y si el Parlamento Europeo no rectifica, acudirá al Tribunal General de la UE (TGUE) para que le devuelva "la honorabilidad arrebatada por una falsa denuncia".

La eurodiputada del PSOE denuncia que en este "largo e injusto proceso de casi dos años" dentro del Parlamento Europeo no ha tenido "las mínimas garantías procesales" que sí prevé la justicia ordinaria. En concreto, se queja de que el expediente contra ella "ha estado dirigido por una asistente parlamentaria de la ultraderecha europea", a la que no identifica. "Los testimonios clave de personas que continúan trabajando conmigo no han sido escuchados ni tenidos en cuenta", sostiene González.

[La Eurocámara sanciona a la diputada socialista Mónica Silvana por "acoso psicológico" a asistentes]

Cuando se materialice, el recurso de la eurodiputada hispanoargentina dejará en suspenso la sanción de la Eurocámara hasta que haya una decisión definitiva de la Mesa. Por su parte, la delegación del PSOE en Bruselas guarda silencio y de momento no contempla (al menos en público) medidas adicionales como la expulsión de González.

A la eurodiputada sancionada por acoso laboral la vocación política política le surgió ya en la niñez. "A los 13 años presidí el centro de estudiantes y me sentí atrapada por la política, a la que siempre consideré una herramienta de cambio social", explicaba en una entrevista en la prensa argentina. 

Graduada en Turismo en la Universidad Nacional del Nordeste (en la provincia argentina de Corrientes), González viajó a los 22 años a España para complementar sus estudios en la Universidad de Alcalá de Henares. Una vez allí hizo "de todo" para quedarse en nuestro país, según relataba ella misma a La Nación. 

"Me busqué la vida como pude, como cualquier otro inmigrante, pasando mil vicisitudes, corriendo detrás de la policía porque estuve mucho tiempo sin papeles", explicaba. Trabajó "en la economía sumergida, limpiando casas, haciendo de camarera, repartiendo folletos", una experiencia que según decía reforzó su compromiso en la lucha contra la desigualidad.

En 2005 se afilió al PSOE y empezó a trabajar con los movimientos sociales ligados a la inmigración, principalmente latinoamericana. Desde ahí saltó a la política local, como miembro de la ejecutiva del PSOE de Alcalá de Henares y concejala de esta localidad entre 2007 y 2015.

"En el 2014 participé en las primarias de Pedro Sánchez y pude dar un salto importante a la Asamblea de Madrid", relataba González. Fue de número 10 en la lista de Ángel Gabilondo y ejerció de diputada regional entre 2015 y 2019. Además, de 2017 a 2021 ocupó la Secretaría de Movimientos Sociales y Diversidad en la Ejecutiva Federal de Sánchez, desde donde participó en la reforma de la ley electoral que permitió votar a más de 100.000 personas con discapacidad intelectual.

"Eso fue decisivo en mi trayectoria, ya que me permitió llegar con ese activismo al Parlamento Europeo", sostiene Sánchez. Eurodiputada desde mayo de 2019, ella misma se presenta como la "primera mujer de origen latinoamericano" en ocupar un escaño en Estrasburgo. Es vicepresidenta de la delegación para las relaciones con Mercosur y miembro del comité de Desarrollo y de la Asamblea Parlamentaria Euro-latinoamericana.

Una carrera ascentente aunque discreta (no es especialmente conocida en Bruselas) que podría verse truncada por las graves acusaciones vertidas contra ella por tres antiguos asistentes que ha tenido en la Eurocámara, cuyas identidades no han sido desveladas públicamente. Unas acusaciones que ha validado la presidenta del Parlamento, Roberta Metsola, tras recibir las conclusiones del comité consultivo que trata las quejas sobre acoso y escuchar a la propia interesada.

"He decidido imponer una sanción a Mónica Silvana González (...) como resultado de su comportamiento hacia sus tres asistentes parlamentarios acreditados, que constituyó acoso psicológico", anunciaba por sorpresa Metsola al inicio del pleno de este martes en Estrasburgo. 

El informe del comité consultivo es confidencial y no se sabe nada más sobre el tipo de acoso laboral que supuestamente ejercía González. Los asistentes que trabajan ahora con ella aseguran a este periódico que el ambiente en la oficina es "completamente normal" y que nunca han sufrido problemas de correos electrónicos a deshoras, llamadas fuera de la jornada laboral o incumplimiento de horarios o vacaciones.

La presidenta del grupo socialista en la Eurocámara, la española Iratxe García, ha expresado el "respeto absoluto" a la decisión de Metsola y ha dicho que aplicará a González la misma sanción por lo que se refiere a la suspensión de actividad. 

En esta legislatura existe otro precedente de sanción contra un eurodiputado por acoso laboral a sus asistentes. En enero de 2021, el entonces presidente David Sassoli actuó contra la parlamentaria liberal luxemburguesa Mónica Semedo por acoso psicológico contra uno de sus asistentes. El castigo por este comportamiento fue la pérdida de las dietas durante 15 días y la suspensión de la participación en las actividades del Parlamento también durante 15 días.

El código de comportamiento interno establece que los eurodiputados "se comportarán de manera digna, cortés y respetuosa, exenta de prejuicios y no discriminatoria con todas las personas que trabajanen el Parlamento Europeo".

"Los diputados observarán un comportamiento profesional y, en sus relaciones con el personal, se abstendrán en particular de emplear un lenguaje degradante, insultante, ofensivo o discriminatorio y de toda acción contraria a la ética, denigrante o ilícita", señala el código.

Desde 2018, la Eurocámara ha reforzado las medidas para prevenir y abordar el acoso. Entre otras cosas, se ha reforzado el funcionamiento del comité consultivo que se ocupa de las denuncias de acoso contra eurodiputados y se ha introducido un código de conducta para parlamentarios en el ejercicio de sus funciones.

Además, los contratos de los asistentes se mantienen hasta la fecha de vencimiento original en los casos en que se constate acoso por parte de su eurodiputado. También se ha creado una red de consejeros confidenciales, que está disponible para los miembros del personal que deseen solicitar asesoramiento y orientación.