Personal del Centro de Menores Concepción Arenal y el Ciema de A Coruña pide un convenio propio

Trabajadores del Centro de Menores Concepción Arenal y del Ciema, gestionados por la Fundación Camiña Social, han ido a huelga hoy miércoles para para exigir unas condiciones dignas y una mejora del servicio. Las protestas, convocadas por CIG-Ensino, UGT-Servizos y CCOO-Ensino, se celebraron en Concepción Arenal y delante del Edificio Administrativo de Monelos de A Coruña.

El personal de los dos centros titularidad de la Xunta exigen la recuperación del poder adquisitivo de los salarios y defienden la necesidad de un convenio colectivo propio y una mejora del servicio que se presta a los menores. A este respecto, los sindicatos aseguran que la institución no tiene "voluntad de negociar" y que la Xunta "se pone de perfil".

Las peticiones del personal

"Básicamente pedimos una actualización de salario porque la pérdida de poder adquisitivo ha sido brutal, llevamos nueve años completamente congelados", ha denunciado el delegado de personal de la Fundación Camiña Social, Marcos García, en declaraciones a Europa Press, a las que añade: ""Lo hemos intentado absolutamente todo y lo único que tenemos es la callada por respuesta".

La CIG aseguraba ayer en una nota que la Fundación Camiña Social tiene un superávit de más de seis millones de euros, a pesar de lo cual mantiene congelados los salarios de sus trabajadores desde el 2014. El sindicato asegura que la entidad se excusa en los supuestos balances económicos negativos de los últimos años, "que nada teñen que ver coa realidade da Fundación".

"Se han olvidado completamente de nosotros", lamenta García, que asegura que la Xunta ha aumentado varias veces la partida presupuestaria a la Fundación, algo que no se ha visto reflejado en el aumento de los salarios, "que son la principal partida del presupuesto". "No se pone en valor nuestro trabajo sino todo lo contrario y no hay ninguna voluntad de llegar a ningún tipo de acuerdo, están cerrados en banda", insistió el delegado de personal.

Así, García ha pedido a la Xunta que se pronuncie como "responsable último del servicio" y asegura que pese a haber mantenido varias reuniones con la Consellería de Política Social, "un poquito se lavan las manos diciendo que esto es un conflicto laboral". "Es una posición relativamente cómoda de la Xunta cuando ellos son los que ponen el dinero", argumenta García, que cifra el seguimiento de la huelga en "más de un 90% y no ha tenido más "debido a los servicios mínimos.

Política Social señala que es un conflicto "entre la entidad y los trabajadores"

Fuentes de Política Social consultadas por Europa Press han indicado que éste es un conflicto "entre la entidad y los trabajadores" y han instado "a ambas partes a que lleguen a un acuerdo". "La Consellería no tiene competencias para realizar intermediación", puntualizaron las mismas fuentes.

Así, el departamento de Política Social indica que "no son trabajadores de la Xunta, sino de una entidad social que gestiona dos centros" de titularidad autonómica. Estas instalaciones, señala el departamento de Política Social, son "de reeducación, de cumplimiento de medidas judiciales" y, por tanto, "no son chicos del sistema de protección" de la Xunta.