El presidente de El Salvador, Nayib Bukele. Reuters
En Centroamérica la democracia esta amenazada de muerte
A los males endémicos de América Latina se le suma la erosión del Estado de derecho por parte de mandatarios electos con tentaciones autoritarias.
Los votantes guatemaltecos lo expresaron claramente en las urnas el pasado junio: el 58% quiere que el presidente sea Bernardo Arévalo de León, del progresista Movimiento Semilla, nacido a raíz de la movilización social en 2015.
La victoria de Arévalo demuestra la voluntad de los ciudadanos por un cambio en el país. De hecho, la mayor parte de su voto está entre los jóvenes de 18 a 35 años.
Pero también tiene un significado histórico que reivindica la figura de Juan José Arévalo, considerado como uno de los mejores mandatarios del país a quien un golpe de Estado en 1963 le impidió continuar su obra de gobierno iniciada en 1945.
El presidente electo de Guatemala, Bernardo Arévalo, el pasado agosto.
La oposición a Arévalo está en manos de un sistema de corrupción institucional que ha hegemonizado durante décadas el poder. Y que está usando todos los recursos en su mano para impedir la toma de posesión del presidente electo el próximo 14 de enero. Los Estados Unidos y la Unión Europea han denunciado los propósitos de socavar la democracia en el país.
Los intentos de ignorar el resultado electoral son grotescos. Antes de las elecciones, los observadores electorales alertaron sobre las controvertidas decisiones del Tribunal Supremo Electoral (TSE), del Poder Judicial y de la Corte de Constitucionalidad (CC), que condujeron a un número sin precedentes de candidatos y listas excluidas.
Después de la primera vuelta se suspendió la publicación de los resultados, alegando temores de fraude. Y tras la segunda vuelta, la Fiscalía secuestró las actas electorales. Recientemente, el Tribunal Supremo Electoral oficializó los resultados de las elecciones y, al mismo tiempo, suspendió la personalidad jurídica del partido Movimiento Semilla, con graves implicaciones para su trabajo parlamentario.
Los protagonistas de este ataque son bien conocidos. La fiscal general Consuelo Porras y el jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, Rafael Curruchiche, junto con el juez Orellana. Todos ellos forman parte de la Lista Engel del Departamento de Estado de Estados Unidos, que señala a los actores corruptos y antidemocráticos. La mano del presidente Alejandro Giammattei está detrás de este intento por mantener el poder a cualquier precio.
La tragedia es que el guatemalteco no es un caso aislado en Centroamérica. Sus vecinos en el triángulo norte, Honduras y El Salvador, han dilapidado el Estado de derecho, creando una falsa dicotomía entre seguridad ciudadana y democracia. El perfil autoritario de Bukele se acrecienta a medida que se acercan las elecciones en el país, y el popular presidente intenta revalidar su cargo a pesar de que la Constitución lo prohíbe.
"La historia de interferencias e intervencionismo de EEUU ha dejado gravemente mellada su legitimidad como rector político de la región"
El caso nicaragüense es ya la más descarnada fórmula de tiranía. Los ideales de la revolución sandinista se vertieron por el desagüe para dar paso a las ansias el poder de la pareja presidencial Ortega.
¿Qué hacer para que la democracia no esté desprotegida ante el deseo de poder de los mandatarios electos y de sus tentaciones autoritarias? A los males estructurales de América Latina se les suma esta erosión de las instituciones representativas.
La UE y los Estados Unidos han anunciado sanciones contra los funcionarios guatemaltecos antidemocráticos. Sin embargo, ninguno de los dos actúa, ni puede actuar plenamente como rector político de la región. Especialmente Estados Unidos ha perdido su preminencia en la región por su cambio de intereses geopolíticos.
Además, su historia de interferencias e intervencionismo ha dejado gravemente mellada su legitimidad y la de la Organización de Estados Americanos, lo que limita y casi anula la potencia de la Carta Democrática Interamericana. A Estados Unidos se le echaba de más y ahora se le echa de menos en Centroamérica.
Una respuesta fuerte y unívoca ante los embates antidemocráticos debería venir del resto de la región. Una respuesta que no puede fijarse en afinidades ideológicas, sino en el respeto al valor fundamental que representa la democracia para los latinoamericanos. Uno de los pueblos que más sangre se ha dejado en su defensa.
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Sin embargo, también en este tema asaltan las equidistancias y los titubeos de muchos líderes. Aunque la condena a la situación de Guatemala ha sido clara por parte de los grandes países latinoamericanos, la ausencia de mecanismos de coordinación regional funcionales impide que haya espacios de discusión trascendentales, y capaces de construir instrumentos de presión para limitar los autoritarismos y el juego sucio.
Una posición ambigua ante los desafíos democráticos debilita al conjunto de la región y la posibilidad de atender los problemas comunes.
Ante la oportunidad se crecen los ánimos dictatoriales. Otro más, el régimen venezolano de Nicolás Maduro ya se prepara para manipular las próximas elecciones presidenciales sin que nadie sea capaz de contenerlo. La inhabilitación de María Corina Machado, y la reciente orden de arresto contra Juan Guaidó, son una flecha más contra la maltrecha democracia latinoamericana.
*** Erika Rodríguez Pinzón es profesora de la Universidad Complutense, investigadora del ICEI y Special Advisor del Alto Representante de la Unión Europea.
