América Latina está en riesgo frente a las tiranías

Daniel Ortega, antaño rebelde que luchó contra el dictador Somoza, se ha consumido en la voracidad de un poder que pretende controlarlo todo. El gobierno, el partido, el país, el ser y el sentir de los nicaragüenses.

AMLO saluda a los ciudadanos de Marquelia, en el estado de Guerrero (México). Efe

Se ha tomado el derecho de encarcelar y desterrar a sus opositores, retirarles la nacionalidad, declararles prófugos de la Justicia y confiscar sus propiedades. Cualquier resquicio de Estado de derecho ha muerto bajo el plumazo de la orden presidencial de Ortega. 

Ante la brutalidad del régimen no caben interpretaciones ligeras. Las acciones de Ortega son deleznables y contrarias a todos los principios democráticos. No hace falta una lectura menos o más ideológica. Así lo ha entendido el presidente Gabriel Boric de Chile, que ha condenado sin dilación al dictador Ortega. También lo ha hecho Ecuador. 

Llama la atención que en una América Latina tornada hacia gobiernos democráticos de izquierda no se escuchen más voces de condena.

La cancillería colombiana cree que es algo que conlleva "preocupación" y llama a generar medidas de confianza, como si de una disputa menor se tratara. Bien es cierto que el país andino tiene una disputa fronteriza con Nicaragua.

México, amparándose precariamente en su doctrina Estrada, se limita a interesarse por la situación de las personas desterradas. 

Pero el mayor escándalo es el silencio de Argentina y Brasil.

El primero ha sugerido la posibilidad de asilo de los represaliados, pidiéndoles que se pongan a la cola del procedimiento ordinario, pese a lo extraordinario de su situación.

Mientras tanto, Brasil, cuyo presidente ha vivido en sus propias carnes la tortura y un proceso penal en el que se violaron sus derechos, permanece incomprensiblemente en silencio. 

"Condenar a Ortega no significa situarse del lado de Somoza ni del imperialismo estadounidense"

El problema de fondo no es que exista simpatía por el régimen de un Ortega que se ha aislado de sus vecinos. Es la incapacidad de los gobiernos de situarse sin ambages con los principios de la democracia sin anteponer una lectura trasnochada de la división política de la región y de sus equilibrios. 

Condenar a Ortega no significa situarse del lado de Somoza ni del imperialismo estadounidense, al igual que declararse pacifista no está reñido en forma alguna con reconocer la agresión de Rusia contra Ucrania.

El reconocimiento de la soberanía y de la autodeterminación de los pueblos reside justamente en la defensa de los derechos que garantizan su libertad. Si esta se extingue o se coarta, el andamiaje de la legitimidad de la soberanía se resquebraja. 

Hay un componente generacional en esta situación. El gobierno de Boric es más radical en algunas de sus propuestas políticas en comparación con otros proyectos de izquierda como el de Petro o Lula. Y aún más frente al ecléctico AMLO.

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Sin embargo, su discurso asume una visión de autonomía estratégica que contempla dimensiones más amplias que la diatriba antiimperialista y antiamericana de la vieja izquierda latinoamericana.

De hecho, sobre el apoyo estadounidense al golpe de Estado contra Salvador Allende y a la dictadura, Boric ha señalado que "es algo que no podemos olvidar, pero somos capaces de pasar página". Y eso a la vez que pedía a los Estados Unidos reflexionar sobre su contribución a la mejora de la democracia en el mundo, anticipando su respuesta: no la ha habido. 

El problema es que gobiernos que están fuertemente construidos sobre la movilización social no pueden anclarse en lecturas que no se corresponden a la complejidad de la situación actual. La situación geopolítica de América Latina, de todos y de cada uno de sus países, ha cambiado radicalmente.

"Varios índices internacionales de calidad de la democracia señalan que en América Latina hay riesgo de que crezca la lista de autocracias"

Hoy más que nunca se necesitan gobiernos que jueguen a la autonomía, al diálogo amplio y a la construcción de puentes. Pero también a la defensa de unos principios que reflejen la identidad y el mandato social que los ha llevado al gobierno. 

Varios índices internacionales de calidad de la democracia coinciden en señalar que en América Latina hay riesgo de que crezca la lista de autocracias. Esto supone un gran problema para la región porque profundiza en sus males estructurales, genera movimientos humanos masivos y limita aún más la viabilidad de la integración regional.

A su vez, va a requerir respuestas por parte de los demás países, que no pueden escoger mirar a otro lado o condenar según el color político del agresor. Deben, justamente, actuar a la inversa de lo que Estados Unidos hizo en la región durante muchos años.  

La situación de El Salvador, uno de los países en riesgo de autoritarismo, es otra prueba de fuego. Su presidente ha decidido saltarse todas las normas del Estado de derecho en su cruzada contra las maras.

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El saldo en materia de derechos humanos es catastrófico, pero los resultados inmediatos, la desarticulación de las bandas, le han granjeado una enorme popularidad dentro y fuera de sus fronteras.

Bukele ha consolidado eficazmente una falsa dicotomía entre seguridad o democracia ante la cual aún cabe preguntarse por la respuesta regional. ¿Cuál será la postura de gobiernos que sufren el mismo mal, la inseguridad, pero recogen, en buena parte, el malestar ciudadano por los desmanes de anteriores gobiernos? Si su ciudadanía demanda medidas similares, ¿qué harán?

La política nunca ha sido una tarea fácil. Tomar partido siempre tiene costes. Pero en un mundo con muy pocas certezas, la coherencia ética es una buena guía para el demócrata.

*** Érika Rodríguez Pinzón es profesora de la Universidad Complutense, investigadora del ICEI y Special Advisor del Alto Representante de la Unión Europea.