La renovación y la reforma del CGPJ tienen que ir de la mano

Hay que recordarlo. La Justicia en España es rabiosamente independiente e impermeable a cualquier presión o injerencia. Mas la ciudadanía no lo percibe así. De hecho, según el cuadro de indicadores de la Justicia en la Unión Europea de 2021, el 50% tiene una percepción negativa de la independencia judicial (España aparece en el puesto 22 sobre 27) y el 40% relaciona esta falta de independencia con las presiones e interferencias de los políticos.

Esta sensación de politización obedece, entre otros motivos, a la forma de elección de los vocales jueces del CGPJ vigente desde 1985. Un sistema en el que los candidatos sean elegidos a propuesta de una u otra formación política generará siempre la duda sobre si los nombrados, por profesionales y cualificados que sean, van a actuar como mera correa de transmisión de quien les propuso. Dudas que la práctica política, lejos de disipar, incrementa y que terminan por extenderse la imagen misma de la Justicia.

Se añade, en los últimos meses, una campaña de deslegitimación por parte de determinados sectores políticos y sociales. La crítica, consustancial a la democracia, se ha transformado en descalificaciones (cuando no amenazas veladas) a los jueces que conocen de determinadas causas, incluso desde destacados responsables políticos cuyo permanente cuestionamiento de las decisiones que no les satisfacen daña la confianza del ciudadano en la Justicia. Y qué decir de las insidiosas alusiones a la supuesta ideología conservadora y elitista de la carrera judicial, al sesgo de clase y otras majaderías por el estilo; provocan risa, pero no son inofensivas.

Conseguido el objetivo de renovar, es evidente que eludirán cualquier reforma

Para recuperar esa confianza, que es la base en la que se sustenta el Estado de derecho, resulta imprescindible fortalecer la imagen de independencia del CGPJ, y eso exige modificar la forma de elección de sus miembros para que la mitad, al menos, sean elegidos por los jueces, de acuerdo con las recomendaciones de la Unión Europea y del Consejo de Europa.

Cierto es que la falta de renovación del CGPJ y su situación de interinidad desde hace casi tres años constituye una grave anomalía que no solo afecta negativamente al órgano, sino al correcto funcionamiento del Estado de derecho en su conjunto.

No obstante, todos somos conscientes de que las fuerzas políticas que hoy gobiernan se niegan a modificar el sistema actual porque consideran, y así lo han dicho, que el CGPJ debe reflejar la mayoría parlamentaria que en cada momento exista como único modo de dotar a la institución de legitimidad democrática. Es decir, que sea el espejo del Parlamento. Conseguido el objetivo de renovar, es evidente que eludirán cualquier reforma.

No es un problema de corporativismo (como acusan algunos) ni se reduce a España, sino que es general en la Unión Europea que, en 2014, consciente de que el Estado de derecho es uno de los valores fundacionales de la Unión (art. 2 TUE) y preocupada por las consecuencias que pudieran derivarse de posibles puntos débiles, aprobó un marco para afrontar las amenazas sistémicas para el Estado de Derecho en cualquiera de los Estados miembros. Y en abril de 2021, con ocasión del debate sobre la evolución del Estado de derecho en cinco países miembros, entre los que se encontraba España, fijó como objetivo reforzar la independencia de los sistemas judiciales y el sistema de contrapoderes institucionales.

Objetivos para cuyo cumplimiento la Comisión Europea considera necesario que, en aquellos Estados en los que exista un Consejo General del Poder Judicial, al menos la mitad de sus miembros sean elegidos directamente por los jueces. Así lo han afirmado reiteradamente la vicepresidenta Jourová y el comisario de Justicia Reynders.

Por lo demás, esta fórmula inspira las sentencias del TJUE de 19/11/2019 y 15/07/2021, y es la que rige en Francia, Italia, Portugal o Bélgica, se está estudiando en Suecia y, previsiblemente, se recogerá en la reforma constitucional que aborda Luxemburgo (reforma que, a instancia de la Comisión, se paralizó precisamente por no atender esta exigencia).

Más allá del ámbito de la UE, el Consejo de Europa mantiene la misma línea, ya sea a través del Comité de Ministros (Recomendación CM 2010/12 y Plan de Acción para el fortalecimiento de la independencia e imparcialidad judicial de 12/04/2016), el GRECO o la Comisión de Venecia. Incluso el TEDH, en su sentencia de 21/06/2016, ha insistido en la necesidad de que los vocales de origen judicial sean elegidos por los propios jueces. Sobra mayor comentario.

Renovación y reforma deben estar indisolublemente unidas. Ha de asumirse que la reforma es una necesidad para preservar la confianza de los ciudadanos en el sistema judicial y fortalecer nuestro Estado de derecho.

Ojalá nuestros políticos demuestren la altura de miras y el sentido de Estado que dicen tener

Otra cosa es que la situación de interinidad del CGPJ, agravada tras la LO 4/2021, que le privó de competencias esenciales, pueda seguir prolongándose durante el tiempo necesario para tramitar la reforma, y que, en esta tesitura, pueda y deba valorarse como solución alternativa, conforme indicó el señor Reynders en la reunión mantenida con las Asociaciones judiciales el pasado día 20, la posibilidad de una renovación condicionada a la asunción de un compromiso “claro”, “real”, “inequívoco” e “irrevocable” de reformar el sistema de selección de vocales para que cumpla plenamente con los estándares de la Unión Europea y del Consejo de Europa.

Compromiso que, para tener una mínima credibilidad, visto el escaso valor que ciertos políticos conceden a la palabra dada, debería formalizarse ante la Comisión Europea, con expresión de plazo y objetivos.

En definitiva, sin Estado de derecho no hay democracia ni convivencia pacífica ni derechos y libertades. Pero las amenazas al mismo están ahí. Por eso hay que respetarlo, protegerlo y fortalecerlo. Y uno de los mecanismos indispensables, como la Asociación Profesional de la Magistratura viene reclamando desde 1985 y hoy refrenda Europa, es que los vocales judiciales sean elegidos por los jueces para reforzar la imagen de independencia del CGPJ y, en última instancia, la confianza de los ciudadanos en la Justicia.

Lo que evitaría que nuestro país derive hacia posiciones que luego exijan la adopción de medidas más graves, como ha ocurrido recientemente con otros países de la Unión. Ojalá nuestros políticos demuestren la altura de miras y el sentido de Estado con mayúsculas que dicen tener.

*** Manuel Almenar es presidente de la Asociación Profesional de la Magistratura.