Sobre la 'tasa a los ricos', el precio de la huelga y el catalán en Bruselas

La armonización del impuesto de patrimonio tiene el objetivo evidente de obligar a la Comunidad de Madrid y a Andalucía a reimplantar dicho gravamen. Además, el coste para la economía nacional del paro de transportistas que comienza con el Black Friday se estima en 600 millones de euros diarios. Por su parte, la petición del Gobierno de que el catalán, el gallego y el euskera sean oficiales en el Parlamento Europeo es un atentado al espíritu fundacional de la propia UE, que llama a unir y no a fragmentar a los ciudadanos europeos. 

Isabel Díaz Ayuso. EFE

Armonización por lo civil o por lo criminal

Ni siquiera se han esforzado en disimular. El Gobierno ha confirmado que la mal llamada 'tasa a los ricos' (en realidad un impuesto a los profesionales de éxito) no es más que un intento de armonizar el impuesto de patrimonio para que los ciudadanos de aquellas comunidades que lo tienen bonificado al 100%, es decir, Madrid y Andalucía, paguen tanto como los de aquellas regiones en los que el gravamen sigue vigente. 

El Gobierno incluso ha calcado las bases imponibles del impuesto al patrimonio, para que no quede duda alguna de sus intenciones, y ha configurado la tasa de tal forma que el dinero sea recaudado íntegramente por Hacienda. Dicho de otra manera: las comunidades que han mantenido el impuesto al patrimonio se quedarán con el dinero recaudado, mientras que el dinero de los madrileños y los andaluces será para el Estado.

Las intenciones del Gobierno son evidentes: coaccionar a Isabel Díaz Ayuso y Juan Manuel Moreno para que reinstauren el impuesto al patrimonio en Madrid y Andalucía, renunciando a las ventajas competitivas que comporta la aplicación de una política fiscal no confiscatoria. Pero lo único que conseguirá el Gobierno con una figura fiscal como esta es ahuyentar de esas dos regiones a las empresas, a los profesionales y a las empresas que ya han huido del resto de comunidades españolas por su alta presión fiscal. 

Las dudas sobre la constitucionalidad de la 'tasa a los ricos', cuyo nombre oficial es Impuesto Temporal de Solidaridad de las Grandes Fortunas, son evidentes. También parece violar de forma flagrante la autonomía fiscal autonómica.

Porque si las comunidades pueden decidir qué impuestos bonificar y en qué medida, pero luego el Gobierno decide que esos impuestos deben ser pagados de una forma u otra, por lo civil o por lo criminal, ¿qué sentido tiene esa autonomía?  

Una manifestación de transportistas.

Bloquear el país en el peor momento

Publicamos el pasado martes un merodeo donde alertábamos sobre las profundas heridas que causará el parón de la patronal de los transportistas a partir del lunes. Mostramos comprensión por las razones que guiaban sus pasos. Muchos empresarios y autónomos sufren una dura realidad: el precio de combustible es inasumible, incluso con las ayudas gubernamentales, y el cierre de empresa se cuenta de cien en cien cada 15 días, de acuerdo con la Plataforma en Defensa del Transporte.

También relatamos la capacidad de movilización de un sector que es uno de los últimos reductos de la clase obrera clásica, con el poder y la amenaza de bloquear el país. De hecho, reside en ese factor doble el principal argumento para la preocupación. Con este parón, que pretende emular el de marzo, la asociación calcula que el daño para el país se elevará a 600 millones de euros al día. Las fechas escogidas no son fruto del azar. Llegan las primeras compras navideñas con los descuentos del Black Friday, una jornada en la que las ventas se disparan por encima del 700%. Parece evidente que el daño para pequeños y grandes comercios es potencialmente demoledor. 

Con la economía de los españoles en mal momento, a las puertas de la recesión y con una inflación que ha debilitado notablemente la capacidad adquisitiva general, son muy malas noticias. Es necesario alcanzar un acuerdo que, aunque no acabe con todos los problemas ni corresponda todas las demandas, sí evite el mal superior.

José Manuel Albares. EFE

La Torre de Babel fue una maldición, no un regalo

En estricto cumplimiento de lo acordado por el Gobierno con ERC en la llamada 'mesa de diálogo', el ministro de Exteriores ha pedido en persona a Roberta Metsola la cooficialidad de catalán, gallego y euskera en la institución que esta preside, el Parlamento Europeo. El Gobierno ya había hecho dicha petición por carta el pasado mes de septiembre, como confirmó la ministra de Política Territorial Isabel Rodríguez.

La paradoja es que la Comisión de Asuntos Exteriores del Senado rechazó hace apenas una semana, gracias al voto en contra del PP y de Vox y la abstención del PSOE, una iniciativa de Junts que pretendía obligar al Gobierno a impulsar dicha oficialidad del catalán, el euskera y el gallego en la UE. A favor de la moción votaron ERC, PNV y Bildu.

Más allá de que en este asunto en concreto sea difícil saber si el Gobierno está a favor o en contra de una medida que exige un día por carta, para votar en contra al cabo de pocas semanas, y volver a solicitarlo siete días más tarde, está el asunto de la irracionalidad de una medida que sería aprovechada por los partidos y movimientos separatistas de toda la UE para exigir una medida equivalente. 

En la UE se cuentan 60 dialectos minoritarios, entre los cuales figuran el catalán, el euskera y el gallego. Todos los hablantes de esos 60 idiomas son perfectamente capaces de desarrollar sus actividades profesionales, personales y políticas en el idioma mayoritario y común oficial en su país.

Es difícil imaginar una medida más contraria al espíritu fundacional de la UE que convertir el Parlamento Europeo en una Torre de Babel en la que los dialectos locales minoritarios sean utilizados como arma arrojadiza contra los idiomas mayoritarios y comunes que todo europarlamentario, sin duda alguna, domina. 

*** El Merodeador es el seudónimo colectivo de la sección de Opinión de EL ESPAÑOL integrada por Cristian Campos, Jorge Raya Pons y Víctor Núñez.