No hay mayor tabú hoy en España que el de la ruptura de la solidaridad entre generaciones. Es decir, de la brecha que separa el salario medio de los jóvenes de unas pensiones de jubilación cuya tasa mensual promedio de 1.248 euros sólo es superada por seis países en el mundo: Noruega, Suiza, EEUU, Finlandia, Austria y Francia.

Que los jubilados españoles estén entre los más privilegiados del planeta sería motivo de orgullo si el sistema público de pensiones no estuviera descargando hoy todo su peso sobre los jóvenes, hipotecando su futuro y condenándolos a un nivel de vida que será con mucha probabilidad inferior al de sus padres y el de sus abuelos. Si no se supiera ya que los jóvenes de hoy cobrarán pensiones mucho menores y a edades mucho mayores.

Lo recordó ayer Inés Arrimadas cuando acusó al presidente de "agraviar" a los jóvenes dedicando miles de millones a pensionistas y funcionarios. "No tiene derecho a hipotecar a las próximas generaciones para pagar su campaña electoral" dijo la número uno de Ciudadanos, recordando que subir las pensiones sin abordar las reformas necesarias para garantizar su sostenibilidad no es más que compra de votos con dinero público. 

Que Pedro Sánchez ha elaborado unos Presupuestos Generales (PGE) abiertamente electoralistas y que caminan en sentido contrario a las necesidades de la economía española lo ha reconocido incluso el Banco de España, que ha alertado del riesgo que supone subir las pensiones linealmente, es decir, independientemente de su cuantía, en aproximadamente un 8,5%, el IPC interanual previsto para noviembre.

Una subida a la que se suma el 9,5% de incremento del salario de los funcionarios y el 3,5% de incremento del salario de los diputados españoles. 

El incremento de las pensiones hará que 42 de cada 100 euros de los PGE se dedique a pagar pensiones (en 2005 eran 25 de cada 100). Y eso cuando la previsión es que el PIB español no vuelva a los niveles prepandemia, en el mejor de los casos, hasta la segunda mitad de 2023; cuando España acabará este año con un déficit del 8,7% según el Banco de España; y cuando se prevé que el paro no baje del 12% hasta finales de 2023. 

Arrimadas dio un segundo dato clave durante su intervención de ayer miércoles. La pensión media ha subido en España durante los últimos años un 40% mientras el sueldo de los jóvenes se ha incrementado en el mismo periodo de tiempo menos de un 6%.

Una acusación a la que Sánchez respondió en el Congreso de los Diputados con un listado de las ayudas que su Gobierno ha concedido a los jóvenes: el aumento de las becas, el bono de alquiler joven, el programa escuela 4.0 o el bono cultural. 

Que el presidente responda a la acusación de poner en riesgo la sostenibilidad de las pensiones esgrimiendo las ayudas que le ha concedido a los jóvenes demuestra que el Gobierno no ha comprendido que los problemas de la economía española no se solucionan disparando el déficit, la deuda y la inflación, ni con limosnas en su mayor parte innecesarias y cosméticas, ni repartiendo ayudas en periodo de precampaña. 

El aumento del gasto en pensiones en 2023 será de casi 20.000 millones de euros para un total de aproximadamente 190.000 millones. Para comprender lo desorbitado de la cifra hay que recordar que las previsiones más realistas de ingresos por el impuesto a los ricos son de apenas 750 millones de euros. 

La pregunta no es por tanto si un español que ha cotizado toda su vida merece o no una pensión un 8,5% mayor. Idealmente, todos querríamos para nuestros mayores las pensiones más generosas posibles. Pero el debate no es ese. El debate que debemos tener es hasta dónde vamos a tensar la economía española para comprar una y otra vez el voto de los pensionistas a cargo de la clase media y del futuro de los jóvenes.