La sentencia del caso Palau que acredita la financiación ilegal de Convergència confirma lo que fue un secreto a voces en Cataluña durante años: que el partido de Pujol cobraba comisiones a cambio de dar obra pública. En 2005 lo denunció públicamente Pasqual Maragall, siendo presidente de la Generalitat. Lo hizo en el transcurso de un acalorado debate en el Parlament con Artur Mas. "Su problema se llama 3%", le dijo. El fallo hecho público este lunes revela que, en realidad, era el 4%. 

Aquel episodio no pasó de ser una tormenta política. ¿Por qué no tiró de la manta el dirigente socialista? Porque desde CiU le amenazaron con no respaldar la reforma de Estatut que él abanderaba y que tantos problemas ha acabado generando después. Maragall antepuso el país -a la manera que lo entiende el nacionalismo catalán- a su deber y a la legalidad.

La ficción del oasis

Convenía mantener la ficción, tan del gusto del nacionalismo, de que la política catalana era otra cosa, un oasis comparado con la cainita y corrupta política que se hacía en Madrid. Y eso que el pecado original era muy anterior, se remontaba a principios de los 80 y al caso Banca Catalana, sobre el que el Gobierno de Felipe González prefirió echar tierra. Se salvó así un emergente Jordi Pujol cuyo final es conocido por todos.

La sentencia de la Audiencia de Barcelona da por probado que los directivos del Palau -Millet y Montull- crearon un sistema "por el cual la sociedad Ferrovial-Agroman, mediante el pago de comisiones a CDC, obtenía la adjudicación de determinados concursos y licitación para la construcción de obra pública en Cataluña, concursos que eran promovidos por entidades autonómicas o locales cuyos gobiernos estaban conformados o regidos por miembros" de la propia Convergència.

Una década de mordidas

Ese sistema estuvo operando durante una década y sólo se interrumpió cuando se inició la investigación penal. La Justicia ha podido probar el pago de más de 6,6 millones de euros por parte de Ferrovial, lo que no quiere decir que no fueran más. Queda claro que esta compañía se benefició de la corrupción y si sus directivos han sido absueltos ha sido por prescripción, debido al largo tiempo transcurrido.

Aunque tras conocerse el fallo, Ferrovial mostraba su convencimiento de que las adjudicaciones en que participó "se realizaron siempre de forma regular y a la oferta con mejor valoración económica", lo que demuestra este tipo de casos es que la Administración debería imponer restricciones a la contratación con compañías que hayan protagonizado episodios de corrupción.

El tesorero, como cortafuegos

La decisión del tesorero de Convergència, Osácar, de no desenmascarar a los responsables del partido ha impedido que la investigación les alcanzara. Pero es lógico pensar que un tesorero es un trabajador que no actúa por libre y se limita a hacer lo que le dicen sus superiores. 

Es de un gran cinismo, por otra parte, que en el PDeCAT sus líderes hayan recibido la sentencia como si les resultara ajena, cuando tanto la estructura como los dirigentes son los mismos, y el nuevo partido es la evidente continuación de CDC. Trata así la formación de escurrir el bulto, pero sobre todo de desentenderse del pago de tres millones de euros que, si el Supremo ratifica el fallo, le quedarían aún por pagar a Convergència.

Una sentencia histórica

Estamos ante una sentencia histórica que retrata toda una época. Dado que en Cataluña no ha dejado de gobernar el nacionalismo desde que existe su autonomía, no es éste un mal que sus dirigentes puedan achacar al resto de españoles. Fueron los políticos nacionalistas catalanes los que robaron a sus ciudadanos pagando más por las obras públicas para así quedarse una parte, que unas veces servía para financiar su movimiento, y otras -como también prueba la sentencia- iba directamente a sus bolsillos.

Pero fueron también los políticos nacionalistas catalanes los que tejieron unas complicidades que permitieron que las alfombras no se levantaran durante años, y cuando se ha hecho, ha sido contra su gusto. Así es como ha progresado un nacionalismo que hoy se enfrenta a la otra mitad de Cataluña y que busca la contienda con el Estado.