“Resignificar”. Esa es la palabra que pronunció Félix Bolaños para referirse al futuro del Valle de los Caídos.
La idea no es nueva. Son muchas las voces que en las últimas décadas han pedido que el mausoleo del franquismo, levantado por presos políticos en régimen de trabajo forzoso, se convierta en un centro memorial inclusivo. El proceso comenzó hace un par de años, con el traslado de la tumba de Francisco Franco, y previsiblemente continuará con la exhumación de los restos de José Antonio Primo de Rivera, víctima de la Guerra, pero fundador de Falange.
La nueva ley enmendará algunos errores de la ley de 2007, principalmente la dejación de funciones del poder público respecto a la búsqueda de desaparecidos. Ya no tendrán que ser asociaciones de familiares quienes, con torpes subvenciones, carguen con la tarea de desenterrar el pasado. Pero la resignificación del Valle y el levantamiento de las fosas comunes no son los aspectos problemáticos de la ley.
Bolaños dijo que esta es la primera ley que “repudia el golpe de Estado de 1936”, como si el marco constitucional que blinda nuestros derechos y libertades no fuera rechazo suficiente. Tampoco hay una ley que repudie la invasión de Los Cien Mil Hijos de San Luis y eso no afecta la calidad de nuestra democracia.
La apreciación de Bolaños insinúa el carácter anómalo de la democracia española. “Segundo país del mundo en número de desapariciones después de Camboya” según la actual ministra de Igualdad. El dato es falso, pero sirvió para apuntalar la idea de que la plena democracia está por llegar.
Pero España no es una excepción. Ni somos el segundo país en número de desaparecidos, ni caso único en lo que respecta al encaje de ciertos cuadros administrativos de la dictadura en la estructura democrática. La anhelada ruptura total con el pasado no sucedió en las exrepúblicas soviéticas, ni siquiera en la Alemania postNúremberg (que se lo digan al fiscal Fritz Bauer).
El blanco no declarado de estos discursos son las dos amnistías de la Transición, causantes de la presunta amnesia que España sigue padeciendo. Que en los últimos 50 años haya habido una sobreproducción de estudios sobre la Guerra Civil no parece debilitar la tesis del pacto del olvido. ¡Hace falta memoria!
La historia, decía Santos Juliá, busca comprender, mientras que la memoria busca legitimar, rehabilitar, honrar o condenar. Hablamos de leyes de memoria, no de historia, porque no se pretende conocer el pasado, sino rememorarlo para mantener viva una relación afectiva donde un grupo encuentra su identidad.
Comete un error el PSOE si continúa tratando el franquismo y la Guerra como el oro de Ferraz. Esto es, como una fuente inagotable de legitimidad política. Porque la memoria es una facultad individual, cambiante y delicada. Y un mal recuerdo puede jugarnos una mala pasada.
