Algún día alguien tendrá que ponderar como es debido lo pedagógica que está resultando la retransmisión en directo del juicio a los responsables del procés. Ya lo apuntaba esta semana el periodista independiente Matthew Bennett, que está haciendo un trabajo encomiable de información sobre la causa —bilingüe, con lo que presta un servicio valiosísimo a los lectores españoles y también a los a veces muy despistados del resto del mundo—.
Aparte de familiarizar al personal con el funcionamiento real de los tribunales en España, que nada tiene que ver con lo que se ve en las películas de juicios americanas —referencia errónea que hasta maneja entre nosotros algún que otro novelista—, nos ha permitido este proceso, dice Bennett, comprobar hasta qué punto el Estado que nos hemos dado los españoles, a diferencia de lo que creyeron los independentistas —y de lo que a menudo sugiere el nivel de los que se postulan a los parlamentos y hasta ocupan sus escaños—, cuenta con servidores competentes y de un rigor capaz de salir airoso de las más duras pruebas.
Esta semana el juicio ha cumplido otra misión didáctica: de la mano de un teniente coronel de la Guardia Civil, instructor de buena parte de las diligencias realizadas contra la conspiración que cada vez es más evidente que desvió los fondos públicos y la gestión del autogobierno hacia fines ilícitos y contrarios al marco constitucional, más de uno, incluido pasmosamente algún que otro abogado defensor, ha aprendido de manera diáfana cómo funciona en nuestro sistema la Policía Judicial. Para nuestro mal, hay por aquí muchos que creen que un policía no es más que un esbirro del poder ejecutivo. Craso y funesto error.
El teniente coronel hubo de aclarar a todos los ignorantes que un agente de la Guardia Civil, cuando actúa en funciones de Policía Judicial, sólo rinde cuentas ante jueces y fiscales, y no sólo no está obligado a informar de sus diligencias a sus jefes políticos, como otros han reconocido que hicieron, sino que debe mantenerlos al margen salvo en lo tocante a la petición de los medios necesarios para llevar a término las órdenes judiciales.
Alguno se ha caído así del guindo en el que vivía, al creer que los guardias civiles que durante meses llevaron a cabo las pesquisas que han desembocado en este proceso lo hacían al dictado de tal o cual dirigente gubernativo contrario a los procesados. Todo se desarrolló en cumplimiento de instrucciones concretas de jueces y fiscales, que el testigo detalló con precisión, y bajo la dirección y la supervisión de estos, en función de los indicios que se iban encontrando no de una disidencia política, por lo demás algo más que notoria, sino de posibles manejos delictivos.
Iban a por él, porque su trabajo y el de los guardias a sus órdenes fue determinante de lo que ahora tienen que afrontar los procesados, y que por mucho que los suyos se empecinen no es una persecución política, aunque sea una idea lo que aducen en su defensa. Pero se toparon con la enésima prueba de lo mucho que subestimaron al Estado. Y de paso, con una lección.
