Un informe oficial responsabiliza al Estado maltés por el asesinato de la periodista Caruana

Las conclusiones de la investigación pública sobre el asesinato de la periodista de investigación maltesa Daphne Caruana Galizia reveladas este jueves muestran el "fracaso" del Estado a la hora de proteger su vida y apuntan a la "cultura de la impunidad" en el seno del Gobierno.

El informe sobre la investigación señala así que dicha "cultura de la impunidad" se extendió a "otras instituciones del Gobierno, como la Policía, y ha provocado el colapso del Estado de Derecho" en el país.

Tras la presentación del informe, el primer ministro de Malta, Robert Abela, ha pedido perdón por los "fallos" del Gobierno en relación con el asesinato de la periodista de investigación.  "Fui nombrado primer ministro después de que comenzara la investigación, pero ahora soy primer ministro y es mi deber pedir perdón por los fracasos del Estado", ha aseverado. 

En este sentido, ha trasladado sus disculpas especialmente a los familiares y allegados de la periodista y ha aplaudido el hecho de que la pesquisa reconozca las medidas puestas en marcha por su Gobierno para reforzar las instituciones. Así, ha aseverado que el asesinato supone un "capítulo negro para la historia de Malta", algo de lo que "hay que aprender una lección". Por ello, ha matizado que el Gobierno realizará consultas públicas para implementar las recomendaciones incluidas en el informe sobre la pesquisa.

La pesquisa pública sobre la muerte de la periodista, que fue asesinada en octubre de 2017, comenzó en junio de 2019 tras la presión ejercida por el Consejo de Europa. En este sentido, tres jueces han registrado al menos 120 testimonios al respecto, según informaciones del diario Times of Malta.

El millonario Yorgen Fenech ha sido acusado de idear el asesinato. En el momento en que fue asesinada, Caruana Galizia se encontraba investigando un asunto vinculado, precisamente, al empresario, dueño de un consorcio de empresas y de una compañía en un paraíso fiscal que presuntamente habría hecho pagos secretos al jefe de gabinete del ex primer ministro Joseph Muscat, Keith Schembi, y al ministro de Turismo, Konrad Mizzi.

El informe destaca la existencia de "pruebas abundantes" de la relación entre el Gobierno y las grandes empresas del país y concluye que el riesgo para la vida de la periodista aumentó en cuanto expuso los tratos en el extranjero de los principales políticos malteses en el marco de la filtración de los Papeles de Panamá en 2016.

Esa confrontación con el Gobierno continuó escalando "hasta que fue asesinada", según el documento, que recomienda modificar el Código Penal maltés para introducir una mayor protección a los periodistas que trabajan en la isla.