Policías salvadoreños escoltan a un presunto miembro de la pandilla venezolana Tren de Aragua recientemente deportado por el gobierno de Estados Unidos para ser encarcelado en la prisión del Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT). Reuters
Trump crea un sistema de puntos para elegir a los hispanos de Estados Unidos que son "enemigos" a deportar
El Gobierno federal diseña un método para determinar si los indocumentados venezolanos arrestados por los agentes fronterizos pertenecen a la organización criminal del Tren de Aragua y, por tanto, pueden ser tratados como terroristas.
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El Gobierno de Donald Trump ha vuelto a desatar una tormenta política con su última medida antiinmigración: la implementación de un sistema de puntuación que determina si los indocumentados venezolanos que son arrestados por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) pertenecen a la organización criminal del Tren de Aragua y pueden ser tratados como terroristas. Esta política, basada en una "Guía de Validación de Enemigos Extranjeros", ha generado fuertes críticas por sus métodos cuestionables y la falta de garantías legales para los afectados.
Desde su implementación, se cuentan por cientos los inmigrantes que han sido enviados a la prisión de máxima seguridad de El Salvador, conocida como Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT). La Administración Trump defiende la medida como una estrategia para combatir el crimen organizado, pero organismos de derechos humanos, sectores jurídicos y políticos advierten sobre su impacto humanitario y las posibles repercusiones legales de estas deportaciones exprés.
Un sistema de puntos cuestionado
Ser mayor de 14 años, no ser residente permanente de Estados Unidos y ser de origen venezolano son los tres requisitos necesarios para optar a este sistema de puntos. Tan solo ocho, en una escala de hasta 87, son necesarios para considerar a alguien como "extranjero enemigo" y deportarlo, sin derecho a defensa, a El Salvador. Recordamos que esta prisión es conocida por sus estrictas medidas de aislamiento y hacinamiento extremo y ha sido denunciada por múltiples organizaciones en defensa de los derechos humanos.
Entre los criterios utilizados para puntuar a los inmigrantes se incluyen elementos como tatuajes, gestos con las manos y hasta el tipo de vestimenta, pese a que el FBI ha señalado que estos indicios no son suficientes para determinar la pertenencia a una organización criminal.
La guía contempla seis categorías de evaluación: resultados judiciales y documentos oficiales, autoadmisión, conducta criminal e información, documentos y comunicaciones, simbolismo y asociación. Dependiendo de la evidencia obtenida en cada una de estas áreas, se asignan puntos que pueden llevar a la deportación inmediata o al encarcelamiento sin posibilidad de defensa.
El principal problema reside en que el sistema de puntos se distribuye de manera controvertida y arbitraria. Por ejemplo, se otorgan dos puntos si un individuo es visto usando supuestos gestos de la pandilla, sin definir cuáles son estos, y otros dos si se le observa pintando grafitis. Más llamativo aún es que tener tatuajes que "denoten membresía o lealtad" a la banda criminal suma otros dos puntos, aunque el documento no especifica qué tipo de símbolos entrarían en esta categoría. Tampoco hay claridad sobre qué "insignias" o "dibujos" en la ropa podrían ser considerados indicios de afiliación.
Las redes sociales y revisión de teléfonos móviles también juegan un papel protagonista en este sistema de puntos ya que, si el sujeto "se autoidentifica", incluso si es de manera "involuntaria", como miembro de la banda en sus mensajes o redes, se le atribuyen directamente 10 puntos.
Deportaciones sin juicio previo
La lista de validación ha salido a la luz gracias a una demanda de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) contra el Gobierno de Trump. La organización denuncia que el uso de esta guía ha llevado a la deportación de personas sin antecedentes criminales, basándose en meras presunciones visuales o en testimonios sin verificación. Familiares de varios deportados han asegurado que sus allegados no tienen vínculos con el crimen organizado y que algunos de los tatuajes considerados "sospechosos" son meros símbolos deportivos, como escudos del Real Madrid.
Las deportaciones se han llevado a cabo en virtud de la Ley de Enemigos Extranjeros, una legislación del siglo XVIII raramente utilizada y que, según varios jueces federales que han intentado frenarla, no justifica las expulsiones masivas hoy día. No obstante, la Administración Trump ha pedido a la Corte Suprema que levante la suspensión judicial que impide seguir aplicando esta normativa.
La respuesta del Gobierno de EEUU
La Casa Blanca defiende la guía, asegurando que permite combatir eficazmente el crimen organizado. Su portavoz, Karoline Leavitt, ha confirmado el uso de la guía y ha defendido su implementación, asegurando que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) aplica "criterios extensivos para determinar la deportación de terroristas extranjeros".
Además, ha añadido que "Estados Unidos no permitirá que organizaciones criminales extranjeras operen dentro de nuestras fronteras" y que "las medidas adoptadas buscan proteger a los ciudadanos estadounidenses de potenciales amenazas".
Por su parte, el secretario de Estado, Marco Rubio, ha confirmado que se han realizado nuevos vuelos de deportación esta misma semana, en los que había presuntos miembros del Tren de Aragua y de la pandilla MS-13, sin dar mayores detalles sobre los procedimientos utilizados para su identificación.
El Gobierno confirma que hay deportados por error
Cada vez son más las familias que denuncian que sus padres, hijos o hermanos han sido llevados a la prisión de alta seguridad sin ningún indicio claro de pertenencia a ninguna organización criminal, simplemente por llevar tatuadas rosas o vestir con ropa excesivamente ancha. El último caso que ha salido a la luz es el de Kilmar Armando Abrego García, un salvadoreño que vivía en Maryland y que se encontraba legalmente en Estados Unidos.
García fue deportado a El Salvador y encarcelado allí debido a un "error administrativo", según han reconocido documentos judiciales presentados por funcionarios del Gobierno de Trump. A pesar de contar con un estatus de refugiado desde 2019, que le permitía permanecer en EEUU para evitar ser perseguido en su país de origen, fue detenido el 12 de marzo y deportado tres días después.
Su esposa y su hijo, ambos ciudadanos estadounidenses, han emprendido una batalla legal contra la Administración Trump para lograr su retorno, sin embargo, el Departamento de Justicia ha argumentado que los tribunales estadounidenses carecen de jurisdicción para ordenar su liberación ni para trasladarlo de vuelta al país.
Reacciones internacionales
El uso de la Ley de Enemigos Extranjeros y la política de deportaciones de la Administración Trump han generado reacciones en la comunidad internacional. Gobiernos latinoamericanos, incluido el de Venezuela, han manifestado su preocupación por la llegada masiva de deportados sin antecedentes claros. Mientras que el presidente salvadoreño Nayib Bukele ha aceptado la llegada de los deportados bajo la premisa de combatir la criminalidad, algunos sectores dentro del país han alertado sobre el riesgo de una posible vulneración de derechos humanos.
Por otro lado, la Unión Europea y varias organizaciones internacionales han expresado su inquietud por la aplicación de esta normativa, señalando que podría abrir la puerta a expulsiones arbitrarias. La presión sobre la Administración Trump aumenta mientras la batalla legal se intensifica en los tribunales estadounidenses.
