Boluarte, presidenta de Perú, es responsable de las muertes en las protestas según investigación de AI

Han transcurrido dieciocho meses de uno de los episodios más lamentables en la historia reciente de Perú. Entre diciembre de 2022 y marzo de 2023, decenas de protestas tuvieron lugar en distintas zonas del territorio, dejando como consecuencia la suma de 50 personas fallecidas, una de ellas un policía. Casi 1.500 fueron heridos. La impunidad, alegan especialistas, es total. Y recién ahora han ido saliendo documentos que advierten sobre las responsabilidades del gobierno, conducido por Diana Boluarte, en la grave crisis de violencia que afectó al país sudamericano. Uno de ellos es el de Amnistía Internacional (AI), que advierte que la jefa de Estado debe enfrentar una investigación penal a raíz de sus decisiones y silencios. 

Para eso, la ONG realizó un análisis jurídico que incluyó 29 reuniones del Consejo de Ministros de ese entonces. Según revelan parte de sus conclusiones, Boluarte habría decidido continuar con la táctica empleada, por más que ella haya estado dejando una estela de muertes y heridos sin precedente. La postura del gabinete era clara. Los manifestantes eran "terroristas" y debían ser tratados como tal. Sin embargo, nada respalda esa tesis y fue ese discurso el que habilitó a la policía de ejecutar ilegalidades.

"La presidenta, los ministros, los comandantes de la policía y las fuerzas armadas de Perú tomaron decisiones que finalmente tuvieron consecuencias letales. Cientos de víctimas y sobrevivientes están esperando respuestas sobre lo que los altos funcionarios sabían, o deberían haber sabido, y lo que no hicieron para detener los asesinatos", señaló la directora para las Américas de AI, Ana Piquer.

Boluarte se defiende, pero a medida que investiga más dudas deja a su sombra. Si bien negó bajo juramento ante la Fiscalía haberse contactado con los comandantes, el documento ofrecido por la ONG asegura que durante los tres meses de protestas se reunió en más de una ocasión con la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas. En esos encuentros, añade el documento, pudo condenar el uso ilegítimo de la fuerza. No lo hizo.

Una libertad absoluta para la PNP

La estrategia de calificar de "terroristas" a todos quienes participaron de las protestas le habría permitido a la Policía Nacional del Perú (PNP) actuar con plena libertad. Se enviaron fuerzas especiales armadas con la función de enfrentar esa amenaza y se habilitó el uso de la fuerza letal durante los tres meses de movilización ciudadana. Según constata Amnistía Internacional, la PNP no ha ofrecido ningún detalle sobre ninguna medida disciplinaria contra los agentes implicados en la muerte de los 50 manifestantes. Es más, 18 de las investigaciones en curso fueron archivadas.

De parte de Boluarte, el apoyo era absoluto. En vez de aumentar la supervisión sobre el actuar de la policía, la mandataria decidió ascender a varios de los liderazgos en la institución. Uno de ellos, el general responsable de los planes contra los disturbios, a quien se le asignó el cargo de Comandante General de la PNP. Así, la táctica seguía. 

En el proceso de investigación que encabezó AI, se tuvo acceso a los distintos planes internos de la PNP, donde se halló que mientras las calles permanecían bloqueadas, el gobierno enviaba indicaciones ambiguas y hacía llamados a "eliminar barreras humanas". Para tales fines, las fuerzas de seguridad eran armadas con fusiles y otro tipo de armas letales, lo que desobedece expresamente lo que dicta la legislación del país y el derecho internacional. Poco pareció importarle a Boluarte y a los suyos.

"Perú no puede permitir que estas graves violaciones de derechos humanos queden impunes. Muchas de las víctimas provienen de comunidades indígenas y campesinas, cuyas voces han sido históricamente ignoradas. Los responsables del dolor de cientos de personas que han perdido a sus seres queridos deben enfrentar la justicia, sin importar su alto rango", dijo Marina Navarro, directora ejecutiva de la ONG en Perú.

La respuesta de Boluarte

Las reacciones al informe de Amnistía Internacional no se hicieron esperar. Boluarte, que durante meses mantuvo un silencio ante los medios de comunicación, rechazó categóricamente las acusaciones vertidas en su contra. "Sólo aquel 7 de diciembre, cuando asumí el gobierno, ustedes fueron testigos de la situación en la que recibimos el país y nos enfrentamos a 500 manifestaciones, todas ellas violentas". 

En el mismo discurso la jefa de Estado se mostró decidida a enfrenar toda muestra de inestabilidad política y a defender la democracia y el Estado de derecho. También se pronunció a una de las mayores demandas que había en ese entonces: su dimisión. "Es muy fácil decir 'mañana vacancia' y 'pasado renuncia'. En esa situación de vaivén sin mirar un norte, ningún país avanza. Nosotros nos hemos mantenido firmes en esa responsabilidad desde que asumí aquel 7 de diciembre".

Boluarte no está sola y son varios los miembros de su gabinete que respaldan el modo en que respondió ante las protestas y ha conducido al país hasta la fecha. El jefe de Gabinete, Gustavo Adrianzén, es uno de ellos. Dijo rechazar "rotundamente cada uno de los apartados" del documento, añadiendo: "Lo negamos, más aún cuando de manera indebida y absolutamente inconsecuente se le pretende atribuir a la presidenta una responsabilidad mediata". Sobre la ONG en particular, criticó un "sesgo político", al recordar que en uno de sus informes anteriores se les acusaba también de "racismo letal".