Chiapas, el 'cementerio' de los cárteles mexicanos: peleas de bandas, drogas y decenas de muertos

En la capital, Tuxtla Gutiérrez, viven preocupados. A pesar de que la ciudad se ubica todavía en una zona supuestamente alejada del seno del crimen organizado, la semana pasada se halló un cuerpo sin vida en pleno centro con un mensaje que decía: “Esto le va a pasar a los polleros (dícese de alguien que transporta migrantes indocumentados a los Estados Unidos de América) que se vendieron, se les dio la confianza y traicionaron al CJNG”.

El gobierno y las instituciones del Estado señalan que la violencia no está generalizada y que los delitos de alto impacto están disminuyendo. Pero aquí no se respira el mismo aire: “Estamos viviendo lo que siempre nos dijeron que sólo pasaba en los estados del norte, allá por Ciudad Juárez y Tijuana, en nuestras propias carnes”, reconoce Santiago (45 años), trabajador por cuenta propia en una tienda de comestibles, que dice cerrar dos horas antes de lo normal. En Tuxtla con la noche todo el mundo desaparece. Sólo quedan abiertos los supermercados de 24 horas. Es una ciudad semifantasma.

Enfrentamiento por el tráfico

La guerra entre ambos cárteles responde a la lucha por el control de Chiapas, cuya frontera con Guatemala lo ha convertido en un epicentro de tráfico ilícito de bienes y personas. Anteriormente, el Cártel de Sinaloa dominaba los municipios fronterizos del sur del estado. Pero el CJNG ha disputado el poder de su principal rival desde hace tres años, con el objetivo de obtener el control de toda la extensión territorial chiapaneca. La razón: éste es un lugar vertebrado por rutas que son aprovechadas para el transporte de todo tipo de mercancías. Desde drogas, armas y ganado ilegal hasta el tráfico de personas en situación de movilidad internacional. Ya en 1998 la zona de la selva mexicana en su frontera con Guatemala fue considerada por la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA) como un corredor clave. Ahora lo sigue siendo.

El punto de inflexión de la disputa en Chiapas de los dos principales cárteles del país fue el 7 de julio de 2021, cuando asesinaron a Gilberto Rivera El Junior, hijo del líder del Cártel de Sinaloa en la región. El homicidio, que fue reivindicado por el Cártel de Jalisco Nueva Generación, multiplicó los enfrentamientos, ejecuciones y reacomodos de las plazas en el estado; desde Frontera Comalapa, pasando por Teopisca, Tuxtla Gutiérrez y llegando hasta San Cristóbal de Las Casas y Pantelhó.

Como resultado, múltiples comunidades han quedado atrapadas en la disputa por el control del territorio, siendo objeto de actos de terror, control y agresiones, violando así el principio de distinción, y generando un entorno torturante.

Defensores de derechos humanos participan en una manifestación contra la inseguridad en San Cristóbal de las Casas. Efe

“Nos encontramos en estado de sitio, como lo hemos denunciado en otras ocasiones. El pueblo está sitiado por el crimen organizado, no podemos movernos con libertad. Salir de casa implica salir con miedo a lo que pueda sucedernos al pasar por sus retenes, revisiones, hostigamientos e intimidaciones en todas sus formas”, explica el líder vecinal de un ejido cercano a la ciudad de Comitán Domínguez. Son varias las familias enteras que han sido despojadas de sus bienes y propiedades. Ante el riesgo, se ven obligadas a desplazarse de manera forzada. Las ONG locales y algunas organizaciones internacionales han calculado que la cifra de los desplazados internos de Chiapas está entre las 16.000 y 21.000 personas.

El ambiente actualmente es de vigilancia permanente y desconfianza generalizada. Por las calles y carreteras, tanto federales como secundarias, hay un patrullaje constante de vehículos con hombres armados que, a modo de retenes, intimidan y extorsionan a las personas. “No puede pasar para allá. Si van… los bajan… y ya se los llevan… los bajan de los carros y se los… secuestran”, explica un local a EL ESPAÑOL al preguntar si es seguro transitar por la carretera federal que une las ciudades de Tuxtla Gutiérrez y Ocosingo.

Metros más adelante, un tráiler de grandes extensiones bloquea la carretera. Junto a él, un grupo de hombres encapuchados con armas largas. Es una situación normal: así es cómo los grupos criminales cortan el paso a la población local y a otros que transitan hacia y desde la frontera.

El año pasado, el gobierno desplegó en esta zona a más de 1.500 efectivos del ejército para tratar de asegurarla en medio de una ola de ejecuciones, reclutamientos forzados y bloqueos de vías. En la actualidad, la frontera se encuentra en alerta máxima. Esta situación se ha traducido en la presencia de bases y destacamentos militares, puestos de control y cuarteles de la Guardia Nacional, así como el tránsito de vehículos de las fuerzas armadas.

Sin embargo, no parece suficiente: “Nos tienen secuestrados porque, cuando hay un problema, cierran donde quieran. Si se desata un enfrentamiento fuerte, hay que quedarse en casa, porque si no, ¿por dónde sales?”, concluye otro testigo anónimo.

El narco ‘secuestra’ el turismo

San Cristóbal de las Casas, en la zona de alta de Chiapas, es uno de los pueblos mágicos más visitados del país. Pero la Embajada de Estados Unidos recomendó a sus ciudadanos hace tan sólo dos semanas el no venir hasta aquí por no poder ofrecer asistencia. “La Embajada de Estados Unidos en Ciudad de México informa a los estadounidenses que debido a recientes eventos de seguridad, los empleados del gobierno no podrán viajar a la zona sur del Estado de Chiapas, ni a lo largo de la frontera entre México y Guatemala”.

En sus calles se siguen viendo turistas, pero muchos menos de lo habitual. “Te diría que es porque estamos en temporada baja, pero la verdad es que estamos preocupados por la presencia del crimen organizado y el impacto que está teniendo en el turismo”, garantizan en una operadora turística del centro de la ciudad.

Casi no hay tampoco turismo en Tuxtla Gutiérrez o Palenque. Esta última, que recibió el año pasado a casi 400.000 visitantes, aguarda una de las principales zonas arqueológicas de cultura maya del país. Muy cerca de allí, hombres armados impiden el paso a las ruinas de Yaxchilán y Bonampak, donde se han cancelado las visitas organizadas.

“La decisión viene después de haber pasado por varias experiencias negativas, como la que le ocurrió hace un mes a turistas que quedaron atrapados en un conflicto”, explican desde la Asociación de Agencias de Viajes de Palenque. El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) asegura, sin embargo, que mantiene el control de todas las zonas arqueológicas en el estado de Chiapas. Pero EL ESPAÑOL ha sido testigo directo de la presencia del crimen organizado en estos terrenos, desde donde impiden el paso a los visitantes o extorsionan para obtener cuantiosas comisiones.

Violencia política y omisión del Estado

En Chiapas la delincuencia organizada se entrelaza con funcionarios gubernamentales, formando estructuras criminales que intervienen y exacerban las tensiones y el conflicto por el control territorial. La infiltración en los gobiernos locales y regionales es tan profunda que en algunos centros municipales se ha informado que “todo el ayuntamiento está vinculado a estructuras delictivas y actúa a su servicio”. Los habitantes señalan directamente al Gobierno Federal y al Estado: “Hay un vacío del Estado mexicano, no está metiéndose para proteger a la población civil. Y está claro que cuando llega el Estado se para la situación, entonces, ¿por qué no, pues? Es la demanda que tenemos todos. Que entre, no necesariamente a confrontarse. Las veces que ha entrado el Ejército no ha habido confrontación con ellos”, expresa Diego (39años), colaborador de un centro por los derechos humanos en la zona de la sierra.

Este contexto de colaboración, complicidad y omisión por parte del Estado se ve empeorado por la narrativa promovida por el propio presidente de México. Con sus recientes declaraciones de “todo normal en Chiapas”, Andrés Manuel López Obrador presenta públicamente una negación del conflicto que deja a la población en una situación de vulnerabilidad. Durante el periodo de precampaña para las elecciones locales, estatales y federales de 2024, se ha observado un aumento de la violencia criminal electoral en Chiapas, situándose en el quinto lugar a nivel nacional, según un informe de Data Cívica. El pasado 5 de enero asesinaron a David Rey González Moreno, aspirante a la presidencia municipal del municipio fronterizo de Suchiate, en un claro intento por parte de la delincuencia organizada de influir en los resultados de quienes tienen posibilidades de ser candidatos y, eventualmente, ocupar el gobierno en Chiapas.

Hace muchos años que esta región, cuya población es ampliamente indígena, vive forzosamente a espaldas de los gobiernos federales. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía de México (INEGI), Chiapas es el estado del país con mayor pobreza (74,7%) y pobreza extrema (46,7%). Ser el campo de batalla de los dos principales cárteles del país no parece ser suficiente para que el Gobierno declare un conflicto armado. No esperan que nadie les pregunte, pero lo tienen claro: “Lo único que queremos es que se respete la paz, la vida interna de la comunidad, nuestra vida y los Derechos Humanos”.