Maduro recula y pide al Supremo que revise la sentencia ante el riesgo de ruptura del chavismo

El Consejo de Defensa de la Nación de Venezuela, que estaba presidido por Nicolás Maduro, ha pedido al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ, Supremo) que revise las sentencias en las que despojó al Parlamento de sus funciones, después de que la Fiscalía de ese país alertara sobre una "ruptura del orden constitucional".

"Exhortar al Tribunal Supremo de Justicia a revisar las decisiones 155 y 156 con el propósito de mantener la estabilidad institucional y el equilibrio de poderes mediante los recursos contemplados en el ordenamiento jurídico venezolano", dice el acuerdo del Consejo leído por el vicepresidente Tareck El Aissami en radio y televisión.

Otro punto del acuerdo al que llegó el Consejo fue ratificar que el máximo tribunal, en su Sala Constitucional, "es la instancia competente para el control de la constitucionalidad de los actos emanados de cualquier órgano del poder público nacional", así como "la resolución de los conflictos entre poderes".

56 sentencias en contra

Desde enero de 2016, cuando la Asamblea Nacional, de mayoría opositora, inició su legislatura, el Tribunal Supremo de Justicia se ha encargado de emitir 56 sentencias en contra del Parlamento, en una abierta confrontación entre los poderes públicos venezolanos.

En todo este tiempo el Supremo ha suspendido la elección de tres diputados de la Mesa de la Unidad Democrática, ha echado para atrás cuantas leyes han sido aprobadas por el congreso y hasta le ha quitado el sueldo a los diputados meses antes de llegar a suspenderles la inmunidad.

La Asamblea ha sido desmantelada poco a poco y los voceros del chavismo la han tratado como un foro cuyas decisiones no son vinculantes, despreciándola hasta el punto de no asistir a las últimas sesiones, a pesar de contar con 55 de los 167 representantes populares.

Pero ninguna de esas acciones en contra de la AN ha sacudido al país como la sentencia 156/2017, que otorga las competencias parlamentarias al Tribunal Supremo y deja en el limbo al Parlamento mientras se encuentre en “desacato”.

Un quiebre inesperado

Si bien hasta ahora las protestas populares han sido puntuales y no han mostrado una masiva participación como en otros momentos de conflictividad, esta coyuntura ha tenido a una protagonista inesperada: la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, estrechamente identificada con el chavismo.

Ortega ha sorprendido al asegurar que en las más recientes sentencias del Supremo "se evidencian varias violaciones del orden constitucional y desconocimiento del modelo de Estado consagrado en la Constitución”.

El presidente Maduro ha evitado una confrontación frontal con Ortega Díaz y se ha propuesto como mediador ante el “impase” entre el Ministerio Público y el Tribunal Supremo.

Por eso convocó de manera urgente al Consejo de Defensa de la Nación y en horas de la madrugada de este sábado anunció un exhorto para que el TSJ a revise las decisiones 155 y 156 “con el propósito de mantener la estabilidad institucional y el equilibrio de poderes”, sin que se conozca el alcance de esa revisión o la fecha de la posible modificación de las sentencias.

El abogado constitucionalista Juan Manuel Raffalli ya había destacado la importancia del pronunciamiento de la fiscal general, ya que obligaba a todos los funcionarios “a fijar posición”, incluyendo al ministro de la Defensa, general Vladimir Padrino López, quien hasta el momento no se ha pronunciado respecto al golpe de Estado.

El silencio en el mundo militar ha sido generalizado, a pesar de la invitación hecha por Julio Borges, presidente de la AN, para que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana defienda a la Constitución.

El temor generalizado dentro del Ejecutivo es que el quiebre a lo interno del chavismo se profundice y otros personajes, especialmente de los cuarteles, se quieran desmarcar de la postura oficial y sigan los pasos de la fiscal Luisa Ortega.

El mundo mira a Venezuela

La canciller venezolana, Delcy Rodríguez, convocó para el pasado viernes a los representantes diplomáticos acreditados en Venezuela a un encuentro en la sede del Tribunal Supremo de Justicia, pero el mismo fue suspendido.

Ha trascendido que apenas cinco embajadores confirmaron su presencia; el resto prefirió no aisistir. Maikel Moreno, presidente del TSJ, también suspendió a última hora una rueda de prensa, en lo que iba a ser su primera comparecencia pública después de anunciada la polémica sentencia.

Por su parte la oposición ha convocado para este sábado a una sesión especial de la Asamblea que se realizará en una plaza caraqueña, como parte de la estrategia planteada por la Mesa de la Unidad Democrática de aumentar la presión popular en las calles.

Hacia fuera las reacciones en contra de la postura de la Sala Constitucional del TSJ han abundado. El Gobierno de Perú, presidido por Pedro Pablo Kuczynski, fue el primero en retirar a su embajador de Caracas por la "arbitraria medida que violenta el estado de derecho".

Argentina, Brasil y Colombia han citado a sus representantes y Estados Unidos ha pedido al Gobierno de Nicolás Maduro que permita “a la democráticamente elegida Asamblea Nacional” desempeñar sus funciones constitucionales, celebrar elecciones lo antes posible y liberar inmediatamente a todos los presos políticos.

Oscar Arias, expresidente de Costa Rica y Premio Nobel del la Paz (1987), ha exhortado a los países latinoamericanos a que “no toleren el golpe de Estado”, mientras Steffen Seibert, portavoz del Gobierno alemán, ha expresado que es “intolerable” que el presidente Maduro convierta a los venezolanos “en rehenes de sus propias ambiciones de poder”.

El Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos hará una reunión extraordinaria el próximo lunes de 3 abril para debatir sobre “la grave alteración del orden democrático” en Venezuela, a petición de 20 países miembros del ente multilateral.