La "guerra civil" en Nicaragua deja ya 350 muertos

"Nicaragua es un país que tiene una tradición de guerra civil. Prácticamente todos nuestros problemas han sido resueltos con las armas desde los años setenta. Estamos tratando de que no haya más derramamientos de sangre, pero desafortunadamente es poco probable. El aumento de la violencia está cerrando la vía al diálogo”. Las palabras son de Juan Sebastián Chamorro, director ejecutivo de la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (FUNIDES), y tratan de explicar los más de 300 muertos, 150 desaparecidos y 2.000 heridos que han dejado los enfrentamientos entre el gobierno de Nicaragua y la sociedad civil en las últimas semanas.

Las protestas contra la administración del presidente Daniel Ortega comenzaron el 18 de abril por el rechazo hacia una reforma de la seguridad social. El presidente derogó la ley cuatro días después, pero el daño ya estaba hecho. Los nicaragüenses se indignaron por la violencia desplegada por la Policía desde el inicio de las manifestaciones, una violencia que no ha hecho más que aumentar. El estudiante Lucho Pazo contó que "desde el día tres los paramilitares usaron balas. Pero balas de verdad, no de goma". Y por esto, lo que comenzó como una protesta contra una ley de pensiones es ahora una lucha para forzar la dimisión de Ortega. 

Este domingo grupos armados entraron a cinco ciudades en camionetas. “Hermano, nos cayeron a los que estábamos en el tranque del cementerio de Niquinohomo. Luego se metieron al pueblo a volar balas, realizando una especie de cacería de brujas. Yo logré escapar porque llegaron a mi casa y me fui para el monte”, contó un joven al diario La Prensa de Nicaragua. Por el contrario, el diario oficialista  El 19 digital celebró este domingo la "disolución" de las protestas en estos puntos y aseguró que los paramilitares llevaron la paz al lugar.

La "Operación Limpieza", que busca acabar con los "tranques" (bloqueos en la entrada de las comunidades), dejó más de 10 muertos este domingo tras diferentes acciones armadas contra la población civil, según la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (ANPDH). Los paramilitares han logrado romper algunas de las barricadas y, según el director de la institución, Álvaro Leiva, tras "neutralizar" con armas a los manifestantes, los policías hicieron una "cacería casa por casa en busca de opositores para su detención". 

El pueblo no va a salir de las calles, según Chamorro, porque "los miembros del gobierno no han demostrado apertura en temas de la democratización. No han mostrado intenciones de salir del poder". Miles de personas protestan en las calles de Nicaragua con gritos de: "¡Que se rinda tu madre!" y "¡Ni un paso atrás!", y Chamorro insiste en que: "si realmente el gobierno piensa que la agente va a dejar de protestar, este domingo fue una prueba de que no", porque incluso después de los homicidios registrados, cientos de personas se manifestaron en una caravana desde la capital hasta la ciudad de Masaya. Entre los manifestantes estaba el estudiante Léster Alemán, que encaró al presidente Ortega durante el inicio del diálogo nacional, y le acusó de cometer "un genocidio" en el país.

Pero estas no son las primeras víctimas de la “Operación Limpieza”. El domingo pasado cerca de 38 personas murieron, en el que se considera el día más sangriento desde que iniciaron las protestas. Vilma Núñez, presidente del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) dijo que 31 de los fallecidos eran opositores al gobierno que se encontraban en los cortes de vías, cuatro pertenecían a la policía y tres eran miembros de las llamadas "fuerzas de choque" del Ejecutivo.

El papel de la iglesia

La iglesia católica ha sido mediadora entre las autoridades y la sociedad civil, pero no está conforme con los resultados. En un mensaje pastoral, los religiosos criticaron especialmente que no se haya producido "el desmantelamiento urgente de los elementos armados progubernamentales", y señalaron que hay una “falta de voluntad política del Gobierno para dialogar sinceramente y buscar procesos reales que nos encaminen hacia una verdadera democracia”.

Los sacerdotes también median en las calles. En la noche del viernes un grupo de 200 personas tuvo que refugiarse de los militares en la iglesia Jesús de la Divina Misericordia. Sebastián Chamorro, director de FUNIDES, contó que los civiles fueron víctimas de un "ataque", y estuvieron más de 10 horas dentro del recinto acostados en el suelo con la esperanza de esquivar los disparos de los paramilitares que estaban fuera. Y solo cuando "el nuncio se acercó a la zona y conversó con los policías", estos se retiraron. Para él, por muy buen papel que haga la iglesia en las calles y en los diálogos "la salida al conflicto está en manos del gobierno".

El gobierno se defiende

El Ejército de Nicaragua aseguró la semana pasada que tiene controlado el armamento militar, pero se han podido observar represiones. El diario nicaragüense La Prensa apuntó que se utilizó un Catacumbo, un fusil para francotirador, y la escopeta lanzagranadas M-79 para intentar frenar las protestas de los últimos días. Estas herramientas no están incluidas en los protocolos de actuación de las fuerzas públicas para tratar una protesta cívica, lo que hace ilegal su uso por parte de los estamentos de seguridad.

El Ejecutivo indicó en un comunicado el pasado 9 de julio que “como Estado y Gobierno legítimamente constituidos y con base en la Constitución Política y las Leyes de la República", tiene "el deber de defender la seguridad, la paz, el derecho a la vida y el ejercicio de los derechos fundamentales de todos los nicaragüenses". La administración de Ortega ha acusado en reiteradas ocasiones a movimientos civiles de alterar el orden constitucional y producir violencia; y no ha reconocido la mayor parte de las muertes.

No obstante, la comunidad internacional se ha pronunciado para rechazar las prácticas del gobierno. José Miguel Vivanco, director de la División de las Américas de Human Rights Watch le atribuye la violencia, producto de una "represión brutal" en la que se han cometido "todo tipo de atrocidades", a Daniel Ortega y su esposa, que es la actual vicepresidenta.

La Unión Europea pidió el cese de la violencia y considera que "los actos contra estudiantes y civiles en Nicaragua, así como el retraso en la asistencia médica urgente para los heridos son deplorables", afirmó en un comunicado la portavoz de Asuntos Exteriores, Federica Mogherini.

El conflicto en el país centroamericano parece no tener un final cercano, ya que lo que exigen los ciudadanos: la dimisión del gobierno, no forma parte de la agenda que ha demostrado tener. Prueba de esto, es que el nivel de violencia ha aumentado, y que después de varias mesas de diálogo, los escuadrones orteguistas siguen protagonizando actos de violencia en las calles.