Pedro Sánchez ofrece a China defender en la UE aranceles menos agresivos a cambio de inversiones en España

En este sentido, Sánchez señalaba -tras su viaje oficial a China- que tanto los "estados miembros de la Unión Europea" como la propia "Comisión Europea" tienen que reconsiderar su posicionamiento sobre los aranceles a los coches eléctricos chinos.

En definitiva, y, en otras palabras, Sánchez planteaba dudas sobre los beneficios que supone imponer aranceles y, por tanto, trabas a los fabricantes de coches eléctricos chinos en Europa. "Tengo que ser franco, tenemos que reconsiderar nuestra posición, todos nosotros. No solo los Estados miembros, sino también la Comisión", señalaba Sánchez.

"No necesitamos otra guerra, en este caso una guerra comercial. Creo que hay que tender puentes entre la Unión Europea y China, y desde España seremos constructivos y trataremos de encontrar un compromiso entre China y la Comisión Europea", decía Sánchez.

Unas declaraciones que horas después eran ratificadas por Carlos Cuerpo, ministro de Economía, quién señalaba en una entrevista en Televisión Española que "Europa tiene que ser una economía abierta pero tampoco puede ser naif y debe proteger nuestra industria; de ahí que sea necesario avanzar en una solución negociada y un diálogo constructivo que proteja a nuestra industria naciente y evite entrar en una guerra comercial".

A favor de los aranceles

Lo cierto es que estas declaraciones han llamado la atención porque suponen un cambio de guion para España. Hasta la fecha, miembros del ejecutivo como Teresa Ribera, ministra de Transición Ecológica; o el ministro de Industria, Jordi Hereu, habían señalado públicamente la postura del Gobierno a favor de los aranceles a los eléctricos chinos.

Por tanto, España estaba -junto con Italia y Francia- entre los principales defensores de esta medida de defensa comercial dentro de la Unión Europea.

De hecho, España votó a favor de los recargos en una votación no vinculante que tuvo lugar en Bruselas el 17 de julio. Ese día quedó al descubierto la profunda división que existe en la UE sobre esta cuestión.

Además de nuestro país, otros nueve estados miembros apoyaron la iniciativa contra China: Francia, Italia, Polonia, Bélgica, Países Bajos, Bulgaria, Letonia, Lituania y Dinamarca. Sólo Hungría, Eslovaquia, Malta y Chipre votaron en contra.

Un total de 11 países se abstuvieron: Alemania, Rumanía, Austria, Croacia, Estonia, Finlandia, Luxemburgo, Portugal, Eslovenia y Suecia.

Y República Checa y Grecia no participaron, pero la Comisión Europea les considera favorables.

Con esta votación los países tenían que posicionarse ante la investigación realizada por la Comisión Europea, en la que sus conclusiones señalaban que los fabricantes europeos competían en desigualdad de condiciones frente a la industria del automóvil china, ayudada por subvenciones estatales.

De ahí que la Comisión haya impuesto de forma provisional nuevos aranceles a los ya existentes del 10% para los coches eléctricos chinos. Unos aranceles que se han ido revisando en las últimas semanas y que actualmente van desde el 7,8% de Tesla; hasta el 35,3% de SAIC y pasando por el 17% de BYD y 18,8% de Geely.

La votación, antes del 30 de octubre

El siguiente paso para que estos aranceles sean definitivos para los próximos cinco años es la votación antes del 30 de octubre de los países miembros. Además, esta votación, a diferencia de la de julio, sí es vinculante. Por tanto, esto significa que se necesita una mayoría cualificada de votos en contra para tumbarla.

De ahí que la petición de Sánchez sea complicada de llevar a cabo. Incluso si Alemania se pasa de la abstención al ‘no’ y España confirma su giro, no tendrían votos suficientes para frenar los aranceles a menos que se genere un efecto dominó que arrastre a otros países en las próximas semanas. "Confiamos en que la mayoría de Estados miembros seguirá apoyando la propuesta de la Comisión", asegura un diplomático europeo.

Por su parte, el Ejecutivo comunitario ha eludido valorar el giro de 180 grados anunciado por Sánchez. "Sin comentarios", ha dicho a este periódico el portavoz de Comercio, Olof Gill. Tal y como reclama el presidente del Gobierno, la Comisión sigue abierta una solución negociada con China.

Pero subraya que "cualquier solución que se le proponga a la UE debe corregir de forma eficaz el riesgo de daño a la industria de la UE que nuestra investigación ha identificado, además de ser plenamente compatible con las reglas de la Organización Mundial del Comercio".

Viaje de Sánchez a China

Estas declaraciones pidiendo a Europa un cambio de postura en el tema arancelario coinciden en el tiempo con la visita oficial de Sánchez a China para atraer inversión para España. De ahí que sea más que probable que los comentarios de Sánchez se hayan realizado para buscar un acercamiento entre China y España, que desemboque en nuevas inversiones en nuestro país o, al menos, que China no tome medidas contra el comercio con Europa.

En este sentido, todos los grandes medios económicos europeos vinculan el cambio de postura a la amenaza por parte de China de tomar medidas de represalia contra las importaciones de carne de cerdo europeas.

Según datos de la patronal del sector, España exportó el pasado año más de 560.000 toneladas de porcino a China por valor de más de 1.200 millones de euros, lo que le sitúa como líder en la UE en este mercado.

"El Gobierno teme medidas comerciales de China en contra de los productos españoles o una potencial amenaza por parte de China de abandonar la inversión en plantas de coches eléctricos en España. Lo malo es que cambiando, Sánchez se pondrá en contra a la Comisión, que es mucho más importante para España. Creo que es una muy mala decisión", explica a este periódico Alicia García-Herrero, economista jefe de Natixis para Asia Pacífico.

"No podemos saber qué zanahorias ofreció Xi a Sánchez ni con qué palos lo amenazó durante su reunión, pero dar marcha atrás en un asunto político central para la credibilidad y la influencia europeas ante Pekín pone en cuestión la entereza y la sofisticación de la política exterior de Sánchez. En julio, la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, hizo su propio viaje a China y no se doblegó ante Xi", ha escrito Noah Barkin, especialista en China del think tank Rhodium Group.

Nuevas fábricas

Estas declaraciones del presidente del Gobierno también coinciden con la visita que llevó a cabo durante su viaje a China a los primeros ejecutivos de compañías como SAIC, matriz de MG. En este sentido, SAIC lleva ya varios meses señalando que busca una localización para instalar una fábrica en Europa y que España "es candidata".

De ahí que Sánchez podría haber realizado también estos comentarios con la vista puesta en la futura decisión de SAIC y de otras compañías chinas. Un encuentro -el de Sánchez y SAIC- que según ha podido saber EL ESPAÑOL ha sido calificado de "muy positivo".

Al margen de SAIC, hay otros fabricantes chinos que están interesados en España como objetivo geográfico para la implantación de fábricas en Europa, tal y como reconocen a EL ESPAÑOL algunas fuentes conocedoras de estas negociaciones.

En este sentido, entre los puntos fuertes de España frente a otros países rivales que también pelean por recibir la inversión, nuestro país destaca por contar con hasta 46 puertos de titularidad estatal, una cadena de valor basada en componentes de automoción, enclaves de fabricación de puntos de recarga, una potente industria minera que incluye el litio y un sistema eléctrico que apunta a la generación con renovables.

Por último, este debate generado por Sánchez coincide también en el tiempo con unas semanas en las que la industria del automóvil ha estado revuelta.

Una intranquilidad provocada por las ventas de eléctricos, que no terminan de cuajar; por los nuevos paquetes de medidas de impulso a los vehículos eléctricos en Alemania; por el anuncio por parte del Grupo Volkswagen de una reestructuración que podría afectar a las plantas alemanas o la rebaja de objetivos de compañías como BMW, PowerCo, Toyota y NorthVolt.

Acontecimientos, muchos de ellos negativos, que podrían hacer que los políticos se lo piensen dos veces a la hora de votar nuevas medidas que ralenticen la transición hacia la movilidad eléctrica.