Recientemente se ha publicado la Memoria Anual de la Agencia Española de Protección de Datos que nos permite visualizar la actividad que ha desempeñado dicha entidad en el ejercicio 2023. En particular se identifican los principales hitos de 2023, se analizan los principales desafíos para la privacidad, tanto jurídicos como tecnológicos, se menciona la agenda de la institución, infografías, presentaciones, iniciativas de colaboración y difusión llevadas a cabo, colaboraciones,… en total 205 páginas llenas de información de interés para todo el que le llame la atención el estado de situación de la privacidad en España.

Al margen de otros datos que se reflejan en el documento mencionado, es muy interesante el apartado denominado “La Agencia en Cifras” (página 130 de la Memoria), en el cual se detallan los datos estadísticos principales relacionados con la potestad sancionadora llevada a cabo por la Agencia y que son reveladores del mayor o menor respeto por la protección de datos de carácter personal así como de la labor cada vez más intensa de la Agencia en la sanción de las conductas infractoras.

En este sentido, el número total de expedientes tramitados por la Agencia en 2023 (reclamaciones de ciudadanos, casos procedentes de otras Agencias de otros países y actuaciones por propia iniciativa de la Agencia), ha sido de 22.348 expedientes, esto es, un 41% anual más respecto de las 15.822 de 2022. De ellas el 97% son reclamaciones presentadas ante la Agencia por los interesados.

La tasa de reclamaciones resueltas frente a las reclamaciones recibidas ha sido de un 94%, quedando al cierre del ejercicio un total de reclamaciones sin resolver de 4.900, aspecto que se pretende mejorar en años venideros.

La media de tiempo empleado por la Agencia en la resolución de los expedientes que recibe se ha establecido en 2023 en 112 días de media, siendo un 3% peor respecto del ejercicio anterior.

En el top 10 de reclamaciones más frecuentas a la Agencia se encuentran las relacionadas con spam (20% del total de reclamaciones), con los servicios de internet y videovigilancia (13% cada una) y en torno al 7% otras como comercio, transporte y hostelería, entidades financieras/acreedoras, Ficheros de morosidad…. Dicha tabla pone de manifiesto que las reclamaciones por spam se han incrementado en un 114%, lo que refleja o un aumento de la actividad depredadora publicitaria ilegal, o una mayor concienciación y actividad de denuncia, o una combinación de ambas.

Los procedimientos sancionadores más habituales siguen siendo los basados en sistemas de videovigilancia (33% respecto del total) seguidos por los servicios de internet con un 14% y luego en torno al 6% publicidad, administración pública, contratación fraudulenta, y telecomunicaciones.

Por otro lado el volumen de multas impuestas por la Agencia en 2023 en número es de 367 (3% menos que en 2022) pero sin embargo el importe total de sanciones ha sido de 29.817.410 €, es decir, un 44% más que en 2022, todo ello por la mayor complejidad de los tratamientos de datos analizados, su mayor alcance, y por tanto mayor impacto de las infracciones.

Las multas mayores en 2023 en resolución firme y ejecutiva han sido para Caixabank, S.A. por importe de 5.000.000 €, OPEN BANK, S.A. 2.500.000 € y BBVA, S.A. 1.184.000 € liderando la banca la clasificación. Las quiebras de seguridad suponen el 43% del total del importe sancionado, seguido por entidades financieras con un 18%.

Todos estos datos muestran que en el último trienio se ha producido un crecimiento explosivo de las reclamaciones, habiendo en 2023 casi el doble que tres años antes. Es significativo también que el número de reclamaciones en los que se ve afectado el derecho a la protección de datos de un menor en Internet ha ido en aumento, multiplicándose por dos de 2021 a 2023. Obviamente el incremento del número de niños que tienen móvil en edades tempranas ayuda al incremento de esta estadística. Y las reclamaciones relacionadas con datos biométricos van en aumento.

Respecto a las resoluciones de la Agencia que son recurridas judicialmente lo cierto es que la estadística es favorable a ésta última porque en 2023 el 25,58% de los recursos fueron inadmitidos por la Audiencia Nacional y el 55,81% de las sentencias fueron desestimatorias para el recurrente por lo que es cierto que el nivel de respaldo del poder judicial a sus resoluciones es considerable aunque siempre es susceptible de mejora.

En conclusión da la sensación de que la voracidad sancionadora de la Agencia está más sana que nunca, que todavía hay camino que recorrer para un elevado grado de cumplimiento de la normativa de protección de datos por parte de empresas y administraciones, y que es cada vez mayor la concienciación de los ciudadanos para recurrir a la Agencia para el ejercicio y defensa de sus derechos.