Las relaciones entre Rocío Monasterio e Isabel Díaz Ayuso son inexistentes. Entre Vox y el Partido Popular cada vez hay más tensión y eso se nota en la Asamblea de Madrid.

Los de Vox no paran de atacar a los populares y utilizan su posición para, incluso, acusar al Gobierno regional de ser poco transparente en su gestión. Una labor de oposición total que, previsiblemente, va a encontrar su respuesta este viernes. 

Y es que, la mesa de la Asamblea de Madrid debate la posible suspensión de Rocío Monasterio por votar desde el escaño vacío de un diputado de su grupo cuando este había renunciado a su acta. Una decisión que tiene que pasar varios trámites, pero que podría repercutir económicamente al grupo de Rocío Monasterio. 

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Los populares tienen mayoría absoluta y, aunque Más Madrid y el PSOE también se han mostrado a favor de sancionar a Monasterio por su actitud, está en sus manos que pase los siguientes trámites. 

Lo primero que tiene que ocurrir es que la Mesa decida, este viernes, si se abre una instrucción y en qué órgano recae. Como previsiblemente será que sí se abre dicha instrucción, deberán decidir si recae la responsabilidad en la Mesa o en la Comisión específica. Fuentes cercanas al proceso apuntan a que será en la Mesa. 

Tras esto empezará la instrucción y, pasando el tiempo suficiente, se sabrá si hay sanción y de qué tipo es. 

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Según el reglamento de la Asamblea, este tipo de hechos pueden acarrear la suspensión de algunos de los derechos de los diputados, como acudir a sesiones de cualquier órgano de la Cámara, de quince a treinta días.

Como sería suspendida por unos días, los órganos de la Mesa podrían interpretar que durante su tiempo fuera de la Asamblea no cumplirá con su trabajo y, consecuentemente, se le reduciría la parte proporcional de su 'sueldo' ese mes. Dinero que se destina al grupo parlamentario, no a ella misma. 

El artículo 34.b del Reglamento de la Asamblea es el que establece los supuestos a los que se podrían agarrar tanto el PP, como el PSOE y Más Madrid.

En su articulado, estipula que se podrían suspenderse "alguno de los derechos, así como la prohibición de asistir a sesiones de cualquier órgano de la Cámara" y que esta "podrá ir acompañada de una reducción proporcional de las retribuciones del Diputado sancionado".

Y continúa, "la sanción podrá hacerse extensiva a la parte alícuota de la subvención variable contemplada en el artículo 46.2 de este Reglamento respecto del Grupo Parlamentario al que pertenezca el Diputado sancionado".

Actualmente, Vox percibe una asignación de 686.000 euros anuales, de los que el 70% es un coste fijo que se estipula igual para todos los grupos, tengan los escaños que tengan. Además, por diputado cada grupo, se obtiene 17.800 euros.

Comisión de Contrataciones

El último enfrentamiento entre Vox y el PP ha sido a raíz de la Comisión de Vigilancia de las Contrataciones. Su presidencia la ostentaba la diputada de Vox Ana Cuartero que ha dimitido debido a "las dificultades que el Gobierno de Díaz Ayuso está poniendo a la labor de fiscalización de los contratos".  

La dimisión ha sido usada por Vox para denunciar las modificaciones legales que llevó a cabo el Gobierno de la Comunidad de Madrid al hacerse con "el control del Consejo de Transparencia y la Cámara de Cuentas" en la ley Ómnibus del pasado mes de diciembre. 

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El acto de Vox ha sido aprovechado por el resto de grupos de la oposición que se han negado en bloque a asumir la presidencia. Ni Más Madrid ni el PSOE se pondrán a los mandos de la misma hasta que las cosas no cambien.

"En diciembre estuvimos a punto de no poder celebrar la sesión mensual por falta de asuntos a tratar y entre todos los grupos se habían registrado más de cien solicitudes", ha denunciado Vox.

Además, han acusado a los populares de "imponer" un criterio en el que "no hay ninguna aclaración sobre las competencias y no se califican las preguntas sobre los contratos".

Desde el PSOE han dado por sentado que lo que está ocurriendo en la comisión es una "falta de respeto" a la fiscalización al Gobierno. Postura similar a la trasladada por Más Madrid. Manuela Bergerot ha asegurado que no presidirán la Comisión hasta que no "se dote de todos los criterios necesarios" para que funciones la Comisión con "toda la calidad democrática".