Puerta de Boadilla, una estación de la línea ML-3 del Metro Ligero Oeste .
Boadilla recurre al Defensor del Pueblo tras medio año esperando a conocer si llegará el Cercanías
El Gobierno de España invirtió 236.006,81 euros en un estudio de viabilidad que debería de haber publicado en junio tras dos años de estudio.
20 noviembre, 2023 01:22Hace dos años y medio, el Gobierno de España le hizo una promesa al pueblo de Boadilla del Monte: elaborarían un estudio de viabilidad para resolver, de una vez por todas, si la red de Cercanías puede llegar hasta su municipio.
El estudio tenía una duración de dos años y, correspondientemente, en junio de 2023 debían presentar resultados al respecto. Pero han pasado los meses, y los vecinos no saben nada del tren.
Por eso, el alcalde de Boadilla del Monte, Javier Úbeda, ha remitido una carta al Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, para solicitarle, en nombre de los vecinos de la localidad, una solución al respecto.
En la carta, de la que ha sido conocedor Madrid Total, el alcalde del Partido Popular, pide la mediación del Defensor del Pueblo ante el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana para que este remita al Ayuntamiento "las conclusiones del Estudio de Viabilidad para la implantación de la red de Cercanías".
El estudio se comenzó en junio de 2021, con el fin de analizar los condicionantes existentes y futuros, desde el punto de vista urbanístico y ambiental, para la implantación del nuevo trazado y la definición de distintas estaciones, tanto en Boadilla del Monte como en otros núcleos de población por los que pudiera discurrir la infraestructura.
Es un movimiento similar al que el Gobierno acaba de anunciar para la ampliación de la línea de tren entre Móstoles y Navalcarnero. Una reclamación histórica que deriva de una promesa incumplida cuyas obras se quedaron a medias por culpa de la crisis económica en 2010.
El pasado mes de junio, transcurridos los dos años de plazo que estipulaba el contrato base para la realización del estudio, el Ayuntamiento solicitó por carta a la ministra conocer los resultados de dicho estudio.
Tal y como publicó este diario, los vecinos de Boadilla, encabezados por su alcalde, necesitaban saber si van a seguir siendo el único municipio de más 60.000 habitantes sin Cercanías.
Desde entonces han pasado seis meses y ni la ministra Raquel Sánchez, ni ningún alto cargo del Ministerio, han dado respuesta alguna ni han remitido el estudio solicitado.
El Alcalde explica en su carta que "la movilidad y el transporte en Boadilla se han convertido en un problema apremiante y que afecta, cada vez más, a la calidad de vida de los vecinos".
"Esto está generando gran inquietud entre los vecinos para los que un transporte público de calidad es un derecho fundamental", ha señalado el alcalde.
Tres líneas de Cercanías
Y es que, los vecinos siguen esperando la resolución de dicho estudio mientras que se desplazan hasta Majadahonda y Pozuelo (por donde discurre la infraestructura ferroviaria por la que se prestan servicios de Cercanías de las líneas C-7 y C-10) o bien hasta Alcorcón y Móstoles, donde se prestan los servicios de la línea C-5 de Cercanías.
Sería precisamente esa línea, la C-5, la que se presupone que llegaría hasta Boadilla del Monte parando también en Mejorada del Campo y Villaviciosa de Odón.
Desde el Ayuntamiento de Boadilla del Monte llevan varios años 'luchando' con el Gobierno central por mejorar sus infraestructuras de entrada a Madrid, aunque normalmente sólo recogen derrotas. La última de ellas fue la de la M-50 que, supuestamente, iba a tener un tercer carril a su paso por el municipio. Finalmente, el Ministerio de Transportes rechazó ejecutar esa ampliación de la vía.
El alcalde de Boadilla del Monte, Javier Úbeda, junto a Isabel Díaz Ayuso.
El alcalde, conocedor de que se precisa alguna solución en la zona, pues los atascos son constantes, asegura que con la información del estudio de Viabilidad se podrán tomar decisiones a largo plazo.
"Con las conclusiones del estudio podremos así responder a las demandas de información que tenemos y buscar soluciones al importante problema de movilidad que padecemos", ha finalizado.
El contrato que firmó el Gobierno de España con el municipio y todos sus habitantes no puede caer en papel mojado, pues se publicó en la Plataforma de Contratación del Estado y el Boletín Oficial del Estado (BOE). De hecho, el Gobierno de España ha invertido 236.006,81 euros en dicho estudio.
