Las vicepresidentas María Jesús Montero y Teresa Ribera, en el Congreso.
Empresas del Ibex denuncian que la “lonja fiscal” de María Jesús Montero ahuyenta miles de millones en inversiones
- El sector de la banca y de las energéticas alerta de los efectos de la reforma fiscal que el Congreso vota este jueves y cuyas incógnitas se siguen sin despejar.
- Más información: Hacienda elude concretar cómo gravará a las energéticas en 2025 para no perder los apoyos políticos al impuesto a la banca
Este jueves el Pleno del Congreso decide el futuro de la reforma fiscal en una votación que está llena de incógnitas. Los apoyos parlamentarios logrados por PSOE y Sumar están cogidos con pinzas, y el voto final de Podemos no está cerrado aún. Un escenario lleno de incertidumbres e inseguridad fiscal que se traducen en inseguridad jurídica. Una situación que, según indican fuentes de las empresas españolas, provoca la huida de miles de millones de euros en inversiones.
Los propios grupos parlamentarios han protestado por el estilo de negociación esgrimido durante la reforma fiscal. "El Gobierno se comporta como si esto fuera una lonja", protestó el propio Gabriel Rufián, portavoz de ERC.
Una lonja cuyos precios ni siquiera están cerrados. El Gobierno confía en haber amarrado los apoyos suficientes para lograr que, al menos, lo aprobado por la Comisión de Hacienda de la Cámara Baja pueda salir adelante.
Es decir, el impuesto complementario para las multinacionales, el incremento de la fiscalidad del tabaco, la supresión de deducciones del impuesto sobre sociedades para grandes empresas y las medidas contra el fraude en el ámbito de los hidrocarburos.
Fuera del dictamen de la Comisión se quedó, entre otras medidas, el impuesto a la banca. Sin embargo, el Pleno vuelve votar también la inclusión de esta medida en el proyecto legislativo como enmienda. Se supone que tras el acuerdo al que ha llegado con los partidos nacionalistas de derechas y de izquierdas, el tributo debería prosperar.
Pero, para ello, el Gobierno se ha comprometido con ERC y EH-Bildu a aprobar, cuando corresponda, un real decreto-ley para prorrogar a 2025 el gravamen a las energéticas, que estaba descartado hasta este lunes por la noche y cuyos detalles y diseño se ignoran.
Pero hay más. En el Pleno también se van a votar algunas enmiendas ya rechazadas por los grupos como la equiparación fiscal del diésel con la gasolina, medida en la que insiste el PSOE y que es una reclamación de la Comisión Europea. Y si cuela, cuela.
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Los representantes empresariales protestan por esta situación. Lorenzo Amor, presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA) y vicepresidente de CEOE, calificó la negociación parlamentaria como "subasta" abierta. La reforma plantea "impuestos ideológicos"que generan una "enorme inseguridad jurídica". "No hay una hoja de ruta clara y todo es ideología, cortoplacismo y ocurrencia".
El Círculo de Empresarios, por su parte, alerta del impacto que todo esto puede tener sobre la inversión. "El señalamiento irresponsable por conveniencia de oportunidad política ocasional de sectores individuales en instituciones parlamentarias genera un impacto negativo en el mundo de la reputación financiera que se traduce en una pérdida de valor inmediata en los mercados que pocas veces se recupera en el largo plazo".
En un comunicado, la asociación recuerda que "en un principio fueron bancos y energéticas, pero luego el riesgo de impuestos ad hoc se ha extendido a los sectores
de la construcción, las socimis, los hidrocarburos, los seguros privados de salud, etcétera. A 40 días para que acabe el año muchas empresas desconocen el marco tributario aplicable para el año 2025".
En este contexto, recuerda que "la proliferación de figuras fiscales de dudosa calidad y técnica jurídica convierte el sistema tributario de las empresas en un puzzle disuasorio para su actividad".
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El Club Español de la Energía avisa en esta dirección. El think tank del sector avisa de que la prórroga del impuesto a las energéticas "dificultará" la materialización de más de 30.000 millones de euros en inversiones durante los próximos tres años.
Por su parte, la presidenta de la Asociación Española de Banca (AEB), Alejandra Kindelán, advertía, entrevistada en el Canal 24 Horas, de que el impuesto a la banca, sobre el que se han ejecutado cambios de diseño de última hora, tendrá un efecto negativo relevante sobre el crecimiento económico.
"Hablamos de impactos muy grandes, no a los bancos, sino a la capacidad de financiar a familias y empresas de este país", advertía.
Juan Carlos Escotet, presidente de Abanca, se sumó a esta crítica durante su participación en el VII Congreso de la Asociación para el Progreso de la Dirección (APD) este miércoles. Insistió en que el impuesto a la banca "drena capital y recursos" al sector, perjudicando la "capacidad de ofrecer créditos".
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Pero fue más allá y cargó contra la "hiperregulación", que es su "máxima preocupación", en tanto que merma la capacidad de las empresas para crecer y competir. De hecho, "el 20% del margen por intereses y comisiones se consume en costes regulatorios y de supervisión".
De hecho, para el responsable de la entidad gallega, esa enorme cantidad de regulación alimenta la complicada situación geopolítica internacional, uno de los principales problemas que afrontan las empresas.
"La fuga de capitales de la Unión Europea supera los 200 millones euros cada año, el 1,8% del PIB europeo, y tiene que ver con la hiperregulación", lamentó Escotet.
Unos excesos regulatorios que se agravan todavía más con la lonja fiscal, llena de interrogantes, en la que se ha convertido el Congreso. Este jueves sabremos cómo termina la pesca tributaria.
