Hacienda elude concretar cómo gravará a las energéticas en 2025 para no perder los apoyos políticos al impuesto a la banca

Tantas que el impuesto a la banca depende de una enmienda que se votará en el Pleno de mismo jueves y cuyo apoyo por parte de EH-Bildu, ERC y BNG depende de la prórroga del gravamen a las empresas energéticas, que en un principio el Gobierno (al menos el Ministerio de Hacienda) había desechado y que finalmente se hará a través de un real decreto-ley.  Con todo, el Ejecutivo está evitando desvelar detalles y las bonificaciones que incluirá el tributo prorrogado para evitar perder apoyos tanto por la izquierda... como por la derecha.  

Hace unas semanas, el PSOE, en su batería de enmiendas al proyecto de ley que impone un tipo mínimo global del 15% a las multinacionales, pactó con PNV y Junts un nuevo impuesto a la banca, un tributo progresivo y temporal, pero dejaba fuera la ampliación del de las empresas energéticas. Sin embargo, ni esa enmienda ni la transaccional que se pactó con Sumar recabaron los apoyos suficientes en la Comisión de Hacienda. 

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Así las cosas, el dictamen que podía llegar al Pleno del Congreso no incluía ninguno de los dos impuestazos. ¿Qué hizo el PSOE? Paralizar durante horas el debate para, fuera de los focos, seguir negociando. Al final consiguió que EH Bildu, ERC y BNG votaran a favor de dicho dictamen y se comprometieran a apoyar un nuevo impuesto a la banca vía enmienda en el Pleno del jueves.

Sin embargo, hay muy poca información sobre ese nuevo tributo. Según el comunicado que los grupos soberanistas difundieron en la medianoche del lunes al martes, se aumentará el tramo más alto del impuesto respecto al presentado inicialmente por los socialistas, pasando de un 6% a un 7%.

Además, la recaudación estará dirigida a las comunidades autónomas y estará concertado con las haciendas forales de País Vasco y Navarra. Fuentes del Ministerio de Hacienda señalan a EL ESPAÑOL-Invertia que todavía no hay ningún método establecido.

Lo que no aclaran ni desde el Gobierno ni desde los grupos políticos que hicieron público el comunicado es si el nuevo impuesto mantendrá el carácter temporal de la enmienda del PSOE o si se establecerá de forma permanente. Así, a escasas 24 horas del Pleno del Congreso, todavía es una incógnita el funcionamiento del tributo.

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Por su parte, del gravamen sobre las empresas energéticas se conocen todavía menos detalles. Lo único seguro es que no se debatirá —aunque seguro que será mencionado— este jueves. Esto es así porque el acuerdo entre el Gobierno y los partidos EH Bildu, ERC y BNG contempla la prórroga del gravamen vía real decreto-ley.

No está nada claro es cómo funcionará el gravamen a las energéticas, al que se han opuesto tanto PNV como Junts.  Si bien los soberanistas de izquierdas anunciaron su prórroga, el Ministerio de Hacienda emitió un comunicado para asegurar que mantendrá su pacto con los de Puigdemont de "no gravar a las empresas energéticas que mantengan su compromiso efectivo de inversión para la descarbonización".

En tanto que los planes a medio plazo de todas las compañías energéticas reflejan esos compromisos, cabe la posibilidad de que el gravamen no tenga efecto. Todavía no se sabe si lo que ocurrirá es que no pagarán el gravamen o si se podrán deducir su cuota en el impuesto de sociedades, pero desde el departamento de María Jesús Montero insisten en que existirá ese "incentivo" para la descarbonización.

Desde ERC ya han urgido al Gobierno a anunciar cómo será el real decreto para no tener "un problema" en el Pleno del jueves. "El Gobierno tiene que anunciar cuándo presenta el real decreto. Tenemos hasta el jueves", aseguró Gabriel Rufián este martes en los pasillos del Congreso.

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La falta de detalles sobre la prórroga del gravamen y su diseño no es casualidad. Una información en un sentido o en otro puede soliviantar a cualquiera de los apoyos del Gobierno y motivar su voto en contra del proyecto de ley para el tipo mínimo global a las multinacionales.

El sector energético, que daba por liquidado el impuestazo, asiste atónito a la situación. Fuentes de varias compañías consultadas declinan hacer comentarios sobre el gravamen, y su prórroga, a la espera de que se resuelva su futuro. 

El Ejecutivo deberá aprobarlo, vía real decreto-ley, en uno de los Consejos de Ministros que tengan lugar antes de final de año. Según el calendario, no quedan más de cinco, pero siempre pueden convocarse de manera extraordinaria, algo que no es inusual en los cierres de año.

Después, el decreto-ley tendrá que ser convalidado en el Congreso de los Diputados, para lo que el Gobierno necesitará del apoyo de todos sus socios de investidura. Como es norma en la presente legislatura, Sánchez necesita a todos sus socios para todo y todo el tiempo. Para este tipo de iniciativas, no hay geometría variable que valga.

Maxim Shemetov Reuters

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Pero, además de tener que poner de acuerdo a todos los partidos nacionalistas, de izquierdas y de derechas, el Gobierno necesita sí o sí el apoyo de Podemos. Y los morados no están por la labor.

Por la composición de la Comisión de Hacienda, los de Ione Belarra no pudieron impedir que el dictamen saliera adelante y, por tanto, llegue al Pleno del jueves. Pero sus votos son imprescindibles para que salga adelante el propio proyecto de ley, así como la enmienda para el nuevo impuesto a la banca y la futura convalidación del decreto con el gravamen a las energéticas.

Podemos critica que el paquete fiscal es insuficiente, pero ya está cogido con muchas pinzas. Si el Gobierno cede ante los morados endureciendo alguno de los tributos, es muy posible que PNV y Junts se salgan del acuerdo, algo que podría ocurrir incluso ahora.

Pero, al mismo tiempo, Podemos amenaza con tumbarlo todo. Hasta la votación del jueves queda poco en el tiempo de los comunes, pero en el de la política resta una eternidad.

Anulación de la reforma de sociedades

Por otra parte, la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha cifrado este miércoles en 5.000 millones de euros el coste de la anulación de las reformas del impuesto de sociedades del PP por parte del Tribunal Constitucional, que ahora se pretende neutralizar.

El paquete fiscal del Gobierno que este jueves votará el Congreso incluye "arreglar un problema que generó el señor (exministro de Hacienda, Cristóbal) Montoro", en referencia a la anulación de sus reformas, "y que por sentencia regalaría 5.000 millones este año a las grandes empresas", ha apuntado Montero durante la sesión de control al Gobierno.

El Constitucional anuló las reformas del impuesto de sociedades implementadas por el PP en una sentencia con un gran impacto en la recaudación, que se pretende neutralizar con cambios en este tributo introducidos en el paquete fiscal, ya avalados por la Comisión de Hacienda pero pendientes de la votación del Pleno del Congreso.

Ante esta circunstancia, "el PP vota que no", ha afeado Montero, que también ha repasado otras medidas del paquete fiscal como la subida del IRPF para las rentas del capital elevadas, la bajada del impuesto de sociedades a las pymes o medidas para combatir el fraude fiscal de los hidrocarburos.

"Nos jugamos el plan fiscal y el quinto desembolso" de fondos europeos, ha reconocido Montero.