La nueva Autoridad del Defensa del Cliente Financiero, que se encuentra en estos momentos en pleno trámite parlamentario, generará ahorros de coste, tiempo y reputacionales a todos los agentes del sector financiero al agilizar la resolución de conflictos entre las entidades y sus clientes. 

Así lo ha asegurado este martes, Amparo López Senovilla, subsecretaria de Asuntos Económicos y Transformación Digital, durante su intervención en la tercera edición del Observatorio de las Finanzas organizada por EL ESPAÑOL e Invertia.

López Senovilla ha recordado que esta ley busca mejorar la resolución de litigios entre las entidades del sector financiero y sus clientes. "La finalidad de esta ley es potenciar la resolución extrajudicial de conflictos y evitar una excesiva judicialización en el ámbito financiero como la que ha tenido lugar en los últimos años", ha apuntado.

La subsecretaria de Asuntos Económicos y Transformación Digital ha asegurado que de esta manera se van a generar ahorros en términos de coste, tiempo y reputación a todos los agentes implicados.

Asimismo, ha recordado que esta ley centralizará en un único organismo los tres servicios de reclamaciones que operan actualmente: los del Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones (DGSFP).

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López Senovilla ha remarcado que de esta manera se podrá atender de forma "ágil y gratuita" las reclamaciones que presentan los ciudadanos y ha resaltado la decisión tendrá carácter vinculante para las que tengan un importe de menos de 20.000 euros. 

Por otro lado, también ha puesto de relieve que esta nueva autoridad fomentará la educación financiera de los ciudadanos promoviendo la "responsabilidad" en la contratación financiera a través de la generación de contenidos y guías, entre otras actuaciones. 

Ley de paridad

Por otro lado, López Senovilla también ha querido poner en valor el Anteproyecto de Ley Orgánica de Representación Paritaria de Mujeres y Hombres en los Órganos de Decisión, que fue aprobado este martes en Consejo de Ministros. 

En este sentido, ha recordado que la CNMV ya incluyó en su código de buen gobierno unas recomendaciones para que al menos de un 40% de los miembros de los consejos de administración de las empresas cotizadas sean del sexo menos representando. 

Arturo Criado, subdirector de EL ESPAÑOL-Invertia, y Amparo López Senovilla, subsecretaria de Asuntos Económicos y Transformación Digital; en el cierre de la mañana de la segunda jornada del III Observatorio de las Finanzas. Jesús Umbría

La subsecretaria ha remarcado que aunque se ha avanzado "notablemente" en este ámbito, los objetivos recomendados por la CNMV no se han cumplido. Según los últimos datos disponibles, que corresponde al ejercicio 2021, el porcentaje ascendió al 29% en empresas cotizadas y a cerca del 35% en la del Ibex 35. 

Así, ha incidido en que con esta propuesta de ley realizada por el Gobierno no solo se traspone la directiva europea al respecto, sino que se busca ir más allá. Por ejemplo, se obligará a las empresas a realizar un informe anual sobre el cumplimiento de este requisito, se amplía el abanico de empresas que deben cumplir estos requisitos y se incluye a la administración pública en estas obligaciones.