Casa que la UCO atribuyó a José Luis Ábalos en el municipio de Tuluá (Colombia).
Ábalos relata al juez que la casa de Colombia que se ve en las fotos es de su vecino y se opone a que se analicen sus finanzas
El exministro pide al Tribunal Supremo que acote la investigación a los contratos de suministro de mascarillas y carga contra la UCO.
Más información: La UCO admite que confundió pesos con dólares en el valor de la finca colombiana de Ábalos: "Serían 751 € y no 2 millones"
José Luis Ábalos ha enviado un escrito al Tribunal Supremo en el que relata que la casa que la Guardia Civil le atribuye en Colombia es, en realidad, del dueño de la parcela colindante, es propiedad de su vecino de al lado.
Así lo expresa el abogado del exministro en un recurso, al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL. A lo largo de sus 24 folios, el político, actual diputado en el Congreso, también se opone a que el Supremo analice sus finanzas desde el año 2014, como acordó la pasada semana. A juicio del letrado de Ábalos, esta diligencia supone una "clara extralimitación".
De hecho, el letrado del exministro, José Aníbal Álvarez, solicita al Supremo que acote su investigación a los contratos que el Ministerio de Transportes, cuando lo dirigía Ábalos, concedió a la empresa Soluciones de Gestión SL para que le suministrase mascarillas sanitarias.
En primer lugar, el abogado formula esta petición ante el instructor del Supremo Leopoldo Puente, quien investiga a Ábalos por varios supuestos delitos, como tráfico de influencias o malversación. No obstante, si esta primera solicitud no tiene éxito, quedará en manos de la instancia jerárquicamente superior, la Sala de lo Penal del Alto Tribunal.
Tal y como avanzó EL ESPAÑOL, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil atribuyó a Ábalos la propiedad de un terreno y una casa en el municipio colombiano de Tuluá.
Así lo concluyó tras encontrar unas fotografías de la finca y la vivienda (a medio construir) en un dispositivo hallado durante la detención de Koldo García, principal asesor de Ábalos durante su etapa como ministro.
La UCO cifró el valor de esta propiedad en 2,5 millones de dólares (2,1 millones de euros). ¿Por qué? Porque los agentes también encontraron un documento que aludía al precio de dicha propiedad. Sin embargo, la Guardia Civil confundió el símbolo del dólar con el del peso colombiano —de hecho, son tan similares que a veces se emplean indistintamente— y la cifra no era correcta.
A las pocas horas de enviar su informe al Supremo, la UCO admitió su error y comunicó al juez que el cambio de divisas correcto arrojaba un valor de sólo 750 euros.
El abogado de Ábalos critica en su recurso esta equivocación de los agentes. "Preferimos no hacer valoraciones", desliza el letrado. No obstante, sí critica rotundamente que el informe policial haya empleado información y documentos personales, cuando el juez Puente encargó a la Guardia Civil elaborarlo, únicamente, en base a fuentes abiertas.
De hecho, tal y como avanzó en exclusiva EL ESPAÑOL, Ábalos solicitó a la Justicia que le fueran devueltos los dos dispositivos de su propiedad hallado en casa de Koldo García. Uno de ellos, en efecto, contenía las imágenes de la casa de Tuluá.
"La Unidad Central Operativa se limita, por su parte, a reflejar tales archivos sin contrastar dicha información, aventurando la existencia de una casa y confundiendo el tipo de cambio de moneda", expresa José Aníbal Álvarez en el recurso.
A renglón seguido, reitera que Ábalos compró la finca en 2003 y la vendió una década después, en 2013 "en el mismo estado". "Es decir, sin construcción alguna", insiste.
Soslayando el error de la UCO, el juez Puente ordenó el pasado 20 de marzo la elaboración de un informe sobre las finanzas de Ábalos desde el año 2014. ¿Por qué desde tan atrás? A fin de comprobar si se produce algún cambio en su gestión económica una vez entra en contacto con la supuesta trama corrupta investigada, una vez se convirtió en ministro.
Acotar la causa a la Covid
En su recurso, el abogado de Ábalos insiste en que "se debe acotar los límites de la investigación" y ceñirlos, únicamente, a los contratos de mascarillas. "PERMÍTASENOS INSISTIR EN QUE LA PRESENTE CAUSA ESTÁ INCOADA PARA LA INVESTIGACIÓN DE LA CONTRATACIÓN DE LAS MASCARILLAS PRODUCIDAS POR LA COVID-19", expresa, en mayúsculas, el letrado.
Por todo ello, solicita la anulación de la resolución del pasado 20 de marzo. "Y se ordene todo lo preciso para limitar el periodo de la investigación; concretamente, (...) a la adquisición de mascarillas en el periodo de emergencia nacional motivado por la Covid-19", indica el letrado.
Por otro lado, Ábalos se desvincula del pago del alquiler del piso en el que residió, hasta 2022, Jésica Rodríguez. Esta joven fue su pareja desde noviembre de 2018 hasta diciembre de 2019. La UCO, en otro de sus informes, señala que un miembro de la supuesta trama corrupta abonó el alquiler como una posible dádiva en favor del político.
Luis Alberto Escolano —quien habría pagado el piso, según la Guardia Civil— declaró en el Supremo que así lo hizo, por orden del empresario Víctor de Aldama. En el sumario del llamado caso Ábalos también constan transferencias efectuadas por Koldo García en favor de la joven. "Que fuesen abonadas por el señor [Koldo] García nada tiene que ver con el señor Ábalos y la relación sentimental que mantuvo [con Jésica Rodríguez]", expresa el recurso.
