El juez del Supremo llama a declarar como investigado al fiscal general al ver apuntalados los indicios de revelación

Hurtado ha fijado para el 29 de enero la comparecencia de García Ortiz y para el día siguiente la de la fiscal jefa de Madrid, Pilar Rodríguez, que fue la que envió al fiscal general la información sobre González Amador.

Además, añade a un nuevo investigado, Diego Villafañe, mano derecha de García Ortiz y número dos de su secretaría técnica, que declarará el 5 de febrero. Hurtado entiende que, de manera coordinada con García Ortiz y Rodríguez, se podría “haber concertado para revelar secretos o informaciones reservadas relativas a otro ciudadano [González Amador], de los que habrían tenido conocimiento por razón de su oficio o cargo y que no deberían haber sido divulgados".

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En una resolución conocida este lunes, Hurtado considera "apuntalados" los indicios de revelación de secretos contra el fiscal general ya que "dirigió los pasos que llevaron" a la filtración del correo de la defensa de González Amador" dirigido a un fiscal de Madrid, Julián Salto, autor de la denuncia contra el empresario por fraude fiscal, "aprovechando la situación de superioridad que ostentaba sobre otros fiscales".

Hurtado destaca que ese 'mail' llegó a la prensa "solo tras la recepción del mismo por parte de Álvaro García Ortiz del correo de 2 de febrero a las 21:59 horas".

La resolución, que no menciona la previa filtración de otro 'mail' por parte de Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso, apunta a Moncloa al afirmar que el correo electrónico de la defensa de González Amador reconociendo la infracción tributaria tuvo "salida de la Fiscalía General del Estado y destino Presidencia de Gobierno".

Añade que "llegado a Presidencia del Gobierno, se puso a disposición de Juan Lobato", entonces portavoz del Grupo Socialista en la Asamblea de Madrid, para que lo utilizara contra la presidenta madrileña.

"Dirigió los pasos"

El instructor hace un resumen de lo actuado hasta la fecha, tras lo cual destaca, en el caso del fiscal general del Estado, que la UCO, en su informe de 21 de noviembre de 2024, habla de “la participación preeminente del fiscal general del Estado en los hechos que, finalmente, derivaron en la filtración investigada”.

“Sin entrar en consideraciones al respecto", afirma, "lo que las diligencias practicadas hasta el momento apuntan, con un elevado grado de verosimilitud, es que, por ahora, hay una base indiciaria para presumir la relevante participación de este investigado en esa filtración, en la medida que fue la persona que dirigió los pasos que llevaron a ella, aprovechando la situación de superioridad que ostentaba sobre otros fiscales, que se prestaron a ponerse a su disposición, y esto solo cabe entenderlo desde su posición de preeminencia por ser superior jerárquico de todos ellos”.

Añade que “el solo trasiego del intercambio de mensajes que se produce el día 13 de marzo de 2024 entre las 21:59 horas, en que Álvaro García Ortiz recibe en su Gmail particular el correo en que Pilar Rodríguez Fernández le reenvía el de 2 de febrero de 2024 entre el abogado de Alberto González Amador y el fiscal Julián Salto Torres, y los pasos que da antes para lograr hacerse con él, reveladores de momentos de urgencia y gran tensión, que tienen lugar bajo su batuta, y las 23:51, en que se publica en la web de la cadena Ser ese correo de 2 de febrero de 2024, o su intervención en la elaboración de la nota de prensa, que se publica como nota informativa, en la mañana del día 14, es lo suficientemente indicativo de su papel relevante en la divulgación de una información reservada y confidencial que no debió divulgarse”.

Las prisas del fiscal general

“La secuencia y presura de esos pasos ponen de relieve unas prisas por parte del fiscal general del Estado en recoger una determinada información, tantas, que no puede esperar a la mañana siguiente, así como el concreto interés de contar con ese correo de 2 de febrero de 2024, que no había sido remitido a Fiscalía General entre la documentación enviada el día 8 a través del teniente fiscal Diego Villafañe”, expone el auto.

El juez indica que es cierto que dos periodistas -de la Cadena Ser y de eldiario.es- que declararon el pasado 9 de enero han mantenido haber tenido conocimiento del 'mail' de 2 de febrero de 2024 con anterioridad a las 21:59 horas del 13 de marzo.

Pero, a su juicio, son testimonios "que no aportan datos objetivos y contrastan con otro de los testimonios prestado en la mañana del día 8, que niega que así hubiera sido, mientras que los elementos objetivos que aportan las diligencias practicadas apuntan a que solo tras la recepción por parte de Álvaro García Ortiz del correo de 2 de febrero a las 21:59 horas es cuando tiene lugar su difusión, lo que debe llevar a mantener su condición de imputado”.

En lo que a la fiscal Pilar Rodríguez Fernández concierne, el instructor indica que “circunstancias como el ponerse a disposición de Álvaro García Ortiz, ser la persona que facilita a Diego Villafañe el expediente de Alberto González Amador, que acaba filtrándose el día 12 de marzo en eldiario.es y prestarse a hacer llegar el correo de 2 de febrero de 2024 entre el abogado de Alberto González Amador y el fiscal Julián Salto a la Fiscalía General del Estado, conocedora de la finalidad que se perseguía con ello, también son elementos suficientes para mantener su imputación”.

En cuanto a la extensión de la condición de investigado a Diego Villafañe, para quien solicitó tal condición la defensa de González Amador, el juez indica que cabe presumir “que tiene un papel de relevancia, si se quiere menor, desde el momento que, como teniente fiscal de la Secretaria Técnica de la Fiscalía General del Estado, por lo tanto, persona de confianza del fiscal general del Estado, está en contacto con la fiscal María Pilar Rodríguez Fernández, a quien pide que le remita la denuncia, expediente administrativo y demás documentación relativa a Alberto González Amador que se filtraría en eldiario.es el día 12 de marzo”.

Base en la UCO

Hurtado destaca que los informes de la UCO han aportado en las diligencias “una información de peso y que, en el momento procesal en que nos encontramos, no podemos ignorar, por cuanto que se trata de unas diligencias periciales que aportan elementos indiciarios, elaboradas desde un organismo oficial del Estado, como es la UCO, realizadas por funcionarios públicos, en quienes no hay razón para presumir interés alguno en el caso, sino que, por el contrario, conviene no olvidar las notas de imparcialidad y objetividad en el proceder de un organismo como es esa Unidad, que, dicho sea de paso, ha venido contando con el beneplácito del M.F. en otras causas en que se ha apoyado habitualmente en sus informes para mantener sus tesis acusatorias”.

En ese sentido, destaca que la UCO está integrada “por especialistas sobre cuya cualificación, profesionalidad y conocimientos no se deberían arrojar dudas, ni poner en tela de juicio, infundadamente, la pericia realizada por sus profesionales”.

Mirando a Moncloa

Asimismo, el instructor menciona que el correo incriminatorio de la defensa de González Amador circuló "con salida de la Fiscalía General del Estado y destino Presidencia del Gobierno" y de ahí a El plural, que fue el primero que reprodujo la imagen del 'mail'.

“Llegado a Presidencia del Gobierno, se puso a disposición del testigo Juan Lobato, portavoz del Grupo Socialista de la Asamblea de Madrid, al objeto de que hiciera uso de él, con una clara finalidad política, en la intervención que tendría la mañana del día 14 en el Pleno dicha Asamblea".

Hurtado tiene claro que “desde Presidencia del Gobierno se hacen gestiones para la publicación en El Plural del correo de 2 de febrero de 2024 entre el abogado de Alberto González Amador y el fiscal, donde aparece, pero con los datos personales tapados, que es el que muestra en la Asamblea Juan Lobato, y que no lo estaban en el 'mail' que con anterioridad había recibido él de Presidencia”.