La Abogacía pide a Bolaños un nuevo modelo de turno de oficio y advierte: "Empieza a haber bajas"

La primera explorará un nuevo modelo de justicia gratuita. "La Administración nos dice que el modelo actual tiene un coste enorme, así que debemos repensar y reconfigurar el sistema. El sentimiento de un trato injusto, de que las remuneraciones recibidas no se corresponden con el esfuerzo dedicado, es cada vez más acentuado y así se lo he dicho al ministro de Justicia, Félix Bolaños", ha señalado este viernes el presidente de la Abogacía, Salvador González, en un encuentro con los medios de comunicación.

González remarcó que "empieza a haber bajas" de abogados del turno de oficio que, aunque no se producen en una cifra significativa que ponga en riesgo la prestación, sí son constantes, lo que significa que el actual sistema "se está erosionando".

En 2023, 40.748 letrados del turno de oficio atendieron dos millones de asuntos, con un coste de 341 millones de euros. El año anterior eran 42.198 abogados de oficio, un 4% más. En 2019 había 45.868 letrados en ese turno, según datos del Observatorio de la Justicia Gratuita.

Evolución del número de abogados dedicados a la justicia gratuita, según datos del Observatorio de Justicia Gratuita.

En cuanto a la comisión de previsión social, el presidente del Consejo General de la Abogacía se refirió al problema de los mutualistas alternativos, los letrados que han cotizado a la Mutualidad de la Abogacía en las cuantías básicas o mínimas permitidas y no tienen ningún plan de ahorro complementario, por lo que perciben pensiones exiguas.

"La solución que se vislumbra, por las pocas conversaciones que se están teniendo con el Gobierno, parece que no va a ser la que demandan los profesionales", manifestó González.

El Pleno del Consejo General de la Abogacía adoptó ayer por unanimidad un acuerdo en el que reclama que el Estado "ofrezca a quienes en el ejercicio de nuestra profesión están cumpliendo con sus obligaciones de previsión social a través de mutualidades el mismo tratamiento que se otorgará cuando se jubilen a quienes lo hacen a través de cualquier otro régimen de cotización bajo el amparo de la Seguridad Social".

El Consejo manifiesta su "total apoyo" a la reivindicación de los mutualistas y las mutualistas alternativos "que solo reclaman para sí lo que antes reclamaron para otros: la suficiencia económica durante la tercera edad que protege y ampara la Constitución".

"Aunque el Gobierno ya ha asumido la necesidad de abordar la situación para dar cumplimiento a ese mandato, la escasa información que ha proporcionado sitúa su propuesta para solucionar el problema en el ámbito puramente asistencial, limitando la misma a quienes no podrán subsistir sin la ayuda del Estado", indica el acuerdo.

La Abogacía reitera "su más enérgico rechazo" a esa respuesta del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, que dirige Elma Sáiz, "pues la reclamación pertenece al terreno de los derechos constitucionales".