La UCO investiga el destino de 54 M a constructoras vinculadas al 'caso Koldo' en 128 contratos públicos
El Ministerio de Transportes durante la etapa de José Luis Ábalos dio 20 de estas adjudicaciones, por valor de 15 millones, a tres empresarios que se reunieron con Koldo García, según la Guardia Civil.
26 mayo, 2024 03:33La Fiscalía Anticorrupción envió un informe de la Agencia Tributaria a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil para que investigue 128 contratos públicos adjudicados a constructoras vinculadas con el caso Koldo. Según el listado incluido en el sumario y al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, la suma total de estas adjudicaciones realizadas entre 2018 y 2021 asciende a un total de 54 millones de euros.
La mayoría de estos contratos, nada menos que 100, fueron dados a tres empresas relacionadas con Koldo García Izaguirre: Obras Públicas y Regadíos SA (OPR), Áridos Anfersa SL y Levantina, Ingeniería y Construcción SL. Los tres constructores responsables de estas compañías fueron avistados con el exasesor de Ábalos por los agentes durante los seguimientos.
De las adjudicaciones investigadas, 15 corresponden directamente al Ministerio de Transportes durante la etapa de José Luis Ábalos por un valor de 15 millones. El resto son contratos públicos de entidades municipales, que en una gran mayoría estaban gobernadas por el PSOE, o autonómicas como la Comunidad Valenciana durante el mandato de Ximo Puig.
El destino de estos 54 millones de euros es una de las claves para la investigación del caso Koldo. La estrecha relación que mantenía el exasesor de Ábalos con varios constructores ha estado siempre bajo el foco de la UCO por si existieran contratos de obra pública amañados.
El juez Ismael Moreno ha ordenado también esta semana analizar el móvil de Antonio Fernández, empresario y exhombre de confianza del delegado del Gobierno en Andalucía, ante los indicios de que Koldo mantenía un fuerte vínculo con "responsables de Adif".
OPR es la empresa dirigida por Daniel Fernández Menéndez y de la que su hermano Antonio (Toño) es gerente y apoderado tras dejar el puesto de coordinador de la Delegación del Gobierno en Andalucía en octubre de 2022. Daniel y Toño pidieron a Koldo, según los informes de la Guardia Civil, que ejerciera su influencia sobre el presidente de Adif, Ángel Contreras, para que su constructora ganara el contrato de una obra de emergencia.
El 21 de febrero de este año, según las conversaciones, se iba a producir una reunión entre el exasesor de Ábalos y el que fuera mano derecha de Pedro Fernández, delegado del Gobierno en Andalucía. También ese mismo día, según los mensajes incautados por la UCO, Koldo había quedado en verse con el presidente de Adif. Sin embargo, ninguna de estas reuniones se llegó a producir por la detención del socialista navarro y persona de máxima confianza del exministro de Transportes.
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Áridos Anfersa SL está representada por Francisco Coca Sánchez, el cual contrató a un familiar directo de Koldo para la empresa. La UCO destacó en uno de sus informes que Ábalos, su asesor entonces y el empresario se hospedaron en el Parador de Granada el 6 de julio de 2021.
Por último, la constructora Levantina es propiedad de José Ruz. Este empresario, tal y como informó EL ESPAÑOL, aparece en el sumario del caso por sus reuniones con Koldo en la marisquería La Chalana, donde ambos fueron fotografiados. Además, ambos viajaron a Canarias el 9 de febrero de 2022, cuatro días antes de que se publicara una licitación para realizar obras en la Agencia Tributaria de Canarias por valor de 6,5 millones de euros.
En mayo de ese mismo año, como destaca la Benemérita en su investigación, el Gobierno canario del ahora ministro Ángel Víctor Torres concedió el contrato a la empresa del constructor que había viajado con el asesor de Ábalos.
José Ruz es uno de los nuevos comparecientes que ha pedido el Partido Popular en la Comisión de Investigación del Senado. Además de este constructor valenciano muy relacionado con el PSOE, están en la lista el doctor Ignacio Palomo y los hermanos Corvillo Aguilar tras las revelaciones publicadas por EL ESPAÑOL durante los últimos meses.
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Las otras empresas que recibieron contratos públicos investigados son Áridos Técnicos, la cual está administrada por Miguel Tello Serrano y constituyó una UTE con Áridos Anfersa en 2022, Ventuceli Servicios SL y Sortis Telecomunicaciones de Israel Pilar, imputado por el caso de las mascarillas y el llamado "primer eslabón" del caso Koldo.
Precisamente, Adif otorgó a la UTE de Áridos Técnicos y Áridos Anfersa un contrato por valor de 557.699,18 euros. La UCO destaca en uno de sus informes que la adjudicación se produjo el 25 de mayo de 2022, mientras que ambas empresas no formaron la UTE hasta el 9 de junio de ese año.