Las dos nuevas derrotas de García Ortiz refuerzan la impugnación de su reelección como Fiscal

La ausencia de sorpresa no empece que la situación sea insólita -García Ortiz es el fiscal general que más resoluciones judiciales desfavorables ha recibido, pese a que no lleva ni dos años en el cargo- y "muy grave".

Así lo consideran la mayoritaria Asociación de Fiscales y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales, las dos organizaciones que impugnaron la designación de Dolores Delgado como fiscal de Sala de Memoria Democrática y que llevan años cuestionando una política de nombramientos basada, a su juicio, más en la afinidad personal e ideológica que en los méritos.

[El Supremo tumba el nombramiento de Dolores Delgado como fiscal de Memoria Democrática]

García Ortiz, que sucedió a Dolores Delgado al frente de la Fiscalía cuando la exministra de Justicia dimitió por razones de salud, fue reelegido para el cargo por el Gobierno de Pedro Sánchez el pasado 22 de noviembre. 

Solo 24 horas antes, Álvaro García Ortiz había recibido uno de los más severos reveses emitidos por el Tribunal Supremo respecto a la actuación de un fiscal general.

Desviación de poder

La Sala de lo Contencioso-Administrativo declaró que había incurrido en desviación de poder al promover a Delgado a la primera categoría de la carrera (fiscal de Sala) y nombrarla fiscal togada de la Sala de lo Militar del Tribunal Supremo.

Esa fue la primera vez que el Tribunal Supremo frustró el intento de García Ortiz de favorecer a su antecesora, a la que, a su vez, él debe su propia promoción como fiscal de Sala al haber sido nombrado por Delgado jefe de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General.

Al Gobierno no le importó ese fallo de la Sala Tercera del Supremo. Tampoco que la Sala Penal del alto tribunal hubiera tumbado cinco meses antes el criterio de García Ortiz para evitar las rebajas de penas por la 'ley de solo sí es sí'. Ni que fuera el primer fiscal general al que el Consejo General del Poder Judicial consideraba "no idóneo" para el cargo.

El Ejecutivo mantuvo a García Ortiz en la Fiscalía General y después han seguido viniendo varapalos.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo estimó el pasado marzo un recurso del fiscal de Madrid Ignacio Stampa contra un decreto de la jefa de la Inspección, María Antonia Sanz, que le denegó el acceso a las diligencias tramitadas contra él entre 2012 y 2016.

La Sala Penal del Supremo abrió una causa por terrorismo al expresidente catalán Carles Puigdemont por su liderazgo en la organización Tsunami Democràtic, desautorizando el criterio expresado por el fiscal general y emitido por su número dos, María Ángeles Sánchez Conde.

Doble revés

Y este martes, el doble revés proveniente del Tribunal Supremo y del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

La Sala Tercera ha tumbado el segundo nombramiento de Dolores Delgado como fiscal de Sala, esta vez de Memoria Democrática y Derechos Humanos. 

El 13 de junio de 2023 el Gobierno asumió la propuesta que García Ortiz hizo, de nuevo, en contra del Consejo Fiscal. La organización más representativa, la Asociación de Fiscales, pidió unos días antes a la entonces ministra de Justicia, Pilar Llop, que no elevara la propuesta al Consejo de Ministros, advirtiendo de que el nombramiento podía ser nulo.

[La Asociación de Fiscales avisa al Gobierno de que el nombramiento de Dolores Delgado puede ser nulo]

Así lo ha acabado declarando este martes el Tribunal Supremo por una rotunda mayoría de cuatro votos frente a uno. Fuentes de la Fiscalía General admiten que cuando el Gobierno ejecute la sentencia y anule el nombramiento de Dolores Delgado, la exministra y exfiscal general tendrá que regresar a su plaza de fiscal de la Audiencia Nacional.

Las sentencias estimando los recursos de la AF, APIF y del fiscal Luis Ibáñez, uno de los aspirantes a la nueva Fiscalía de Sala de Memoria Democrática adjudicada indebidamente a Delgado, serán incorporadas por la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales a un contencioso que afecta personalmente a García Ortiz.

La APIF tiene recurrida su reelección como fiscal general. Alega, entre otros motivos, que el Gobierno no justificó el nombramiento -algo que considera especialmente necesario después de que el CGPJ le negara el plácet- y que ha perdido la condición de jurista de reconocida competencia.

La Sala Tercera del Supremo está tramitando esta demanda, cuya resolución no se espera antes del verano.

El particular viacrucis judicial de García Ortiz no acaba ahí: podría tener otro frente con la querella del novio de Díaz Ayuso que el TSJM se dispone a investigar. 

La querella apunta directamente al fiscal general al insistir en que se investigue quién fue "el máximo responsable (en rango) de la carrera fiscal que acordó o dio el visto bueno a la decisión de difundir" la nota informativa en la que, según la defensa de Alberto González Amador, se revelaron datos reservados sobre su situación tributaria.

[El novio de Ayuso apunta al fiscal general: pide investigar quién fue "el máximo responsable" de la filtración]

El pasado 15 de abril, durante un acto en la Fiscalía General, García Ortiz asumió públicamente la "responsabilidad última" de la nota informativa en la que la Fiscalía de Madrid salía al paso de informaciones falsas sobre la denuncia interpuesta por presuntos delitos fiscales contra el novio de Díaz Ayuso.

En el supuesto de que la investigación del Tribunal Superior de Justicia de Madrid arrojara indicios contra García Ortiz, las diligencias tendrían que ser elevadas a la Sala Penal del Supremo debido al fuero del fiscal general.