El juez pide los informes del CNI en los que se basa Hacienda para reducir el sueldo a los diplomáticos

La Justicia ha pedido al Ministerio de Hacienda los informes supuestamente confidenciales del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) con los que el Gobierno justifica la reducción de la cuantía de un plus cobrado por los diplomáticos españoles.

Así consta en una resolución reciente firmada por el Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, que otorga cinco días al departamento que encabeza María Jesús Montero para hacerlo.

El juicio por este motivo se celebrará el próximo 16 de enero. Pero, antes de esa fecha, el Juzgado ha ordenado al Ministerio de Hacienda y Función Pública que aporte estos documentos del CNI, a los que Montero aludió para justificar por qué redujo el complemento salarial que reciben los diplomáticos por ejercer su labor fuera de España. Este plus tiene por finalidad igualar su poder adquisitivo con el que tendrían en nuestro país y evitar una merma de su calidad de vida.

[El juicio contra Hacienda por "reducir" los pluses de los diplomáticos se celebrará el 16 de enero]

Dicho procedimiento judicial se inició con la demanda contra Hacienda que interpusieron varios funcionarios que trabajan en una Embajada española. El ministerio de María Jesús Montero es el responsable de los salarios públicos.

Los demandantes se quejaron de que las compensaciones que reciben desde hace un año por residir en el extranjero son "insuficientes" y de estar sufriendo, con ello, una "pérdida notable de poder adquisitivo y calidad de vida".

Su abogado, Víctor Soriano i Piqueras, señaló que el ministerio no ha tenido en cuenta —o no lo ha hecho correctamente— los indicadores económicos de los que depende la actualización de sus nóminas. Se trata de factores tales como el cambio euro-dólar o la inflación. Existen otros como la incomunicación, la situación de guerra en el país de destino, la inseguridad...

Antes de iniciarse la vía judicial, Hacienda rechazó el recurso administrativo presentado por los diplomáticos y, entre otros argumentos, citó varios "informes remitidos desde el CNI, de carácter estrictamente confidencial" para justificar su postura. Se trataría de documentos que versan sobre "las condiciones económicas y la calidad de vida" del país en el que están destinados.

¿Qué dicen esos informes? ¿Cómo avalan esta reducción de la cuantía de este plus? La defensa de los funcionarios —que pone en duda, de hecho, su carácter secreto y reservado— desconoce su contenido. Y ahora la Audiencia Nacional ha ordenado a Hacienda que los aporte antes de que se celebre el juicio.

Pluses menores

En su demanda, los funcionarios demandantes señalan que la actualización a la baja del complemento les ha hecho perder, de media, 1.500 euros mensuales, que sí cobraban meses atrás.

De ser estimada su petición, el fallo judicial que resuelva el conflicto afectará a todos los empleados públicos de Exteriores que sufran la misma situación (es lo que se conoce como extensión de efectos de la sentencia).

Los demandantes se oponen a una Orden dictada el 28 de diciembre de 2022, con la que se actualizan las retribuciones de los diplomáticos destinados fuera de España.

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De acuerdo con su defensa, la actualización de estas indemnizaciones, "en lugar de adaptar sus retribuciones a la evolución del coste de la vida", les ha provocado una "pérdida notable de poder adquisitivo y de calidad de vida". "Ha sido contraproducente", resume su letrado, que acusa a Hacienda de "mala fe" y "desviación de poder" y de esconder su verdadera intención, el "ahorro para el erario público".

Estas compensaciones se calculan, de forma anual, a través de un "módulo de equiparación del poder adquisitivo".

Según indica la demanda, Hacienda "ha tomado la decisión de reducir las retribuciones de los funcionarios españoles (...) mediante la reducción de los módulos referidos, pese a que no hay datos que justifiquen un abaratamiento relativo [de la calidad de vida] respecto de España".

"Decisión irracional"

"Resulta, pues, una decisión irracional, porque se establece un peor módulo con un tipo de cambio más desfavorable, pese a que el coste de la vida se ha incrementado", subrayaba aquella demanda.

A juicio de estos diplomáticos, "se ha utilizado [por parte de Hacienda] la actuación anual de los módulos" para reducir subrepticiamente su salario, cometiéndose así una "desviación de poder". Y se ha hecho, además, sin la necesaria negociación colectiva y sin seguir las vías legales previstas para ello.

Los demandantes señalaron que la inflación es casi tres puntos porcentuales mayor donde residen que en nuestro país. Pese a ello, aseguran, sus compensaciones se han reducido. "No se justifica un abaratamiento relativo; supone una pérdida de poder adquisitivo de las personas funcionarias destinadas en [país omitido]", expuso el abogado Víctor Soriano i Piqueras.

La demanda señalaba también que la actualización de los salarios de los funcionarios destinados en el exterior "no es un premio" ni es equiparable a los complementos de productividad, que sí dependen del desempeño laboral para ser concedidas.

Por contra, se trata de una obligación que el Gobierno debe atender anualmente, a modo de "fórmula de conversión del que debería ser el salario del funcionario en España, en base a circunstancias sociales y económicas del país de destino". Todo ello, para garantizar que los diplomáticos y trabajadores de Exteriores "no sufren merma como consecuencia de su desempeño en el extranjero".