"Comienza la caza al juez": irritación en la Judicatura por la falta de réplica del Gobierno frente a Junts

El malestar de los magistrados del alto tribunal es notable después de que la portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, señalara con nombre y apellidos a integrantes del Tribunal Supremo relacionados con la causa del 'procés' para calificarles de "indecentes" y sostener que deben ser "cesados y juzgados de inmediato" por "perseguir" a los independentistas.

Nogueras mencionó al presidente de la Sala Penal, Manuel Marchena, y a los magistrados Pablo Llarena y Carmen Lamela, así como al expresidente del Supremo Carlos Lesmes, que hizo una férrea defensa del trabajo de la Justicia frente a las actuaciones delictivas de los responsables del 'procés'.

[El presidente del Supremo rechaza recibir a Félix Bolaños tras los ataques de Junts a los jueces]

No citó esta vez al magistrado que controla al CNI, Pablo Lucas, presidente en funciones de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, que ha sido objeto de sus invectivas en otras ocasiones. El pasado 21 de marzo, Nogueras dijo que "por la mañana el señor Lucas espiaba y por la tarde resolvía nuestros recursos".

Los ataques de ERC y Junts a los jueces no son nuevos pero se han recrudecido -en el tono, en el contenido y en la frecuencia- desde los acuerdos de investidura firmados el pasado noviembre que permitieron la reelección de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno.

Hasta ahora ha sido el Consejo General del Poder Judicial el encargado de contestarlos, bien a través de declaraciones institucionales o mediante la tramitación de amparos pedidos por los jueces. 

Pero el "señalamiento" de miembros del Supremo con nombres y apellidos por parte de la portavoz parlamentaria de Junts llevó ayer al presidente en funciones del tribunal, Francisco Marín, a suspender la reunión que iba a celebrar en el Palacio de las Salesas con el nuevo ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños.

La medida -iniciativa de Marín consultada con otros altos cargos del Supremo, que la respaldaron- ha sido objeto de general aceptación en las cinco Salas. 

"Prolegómeno" de más ataques

"Si Marín hubiera mantenido esa entrevista se habría dado por parte del Tribunal Supremo una imagen de normalidad que no se corresponde con la realidad", afirma un presidente de Sala.

"Las manifestaciones que estamos escuchando últimamente no son una crítica a los jueces. Les están acusando de prevaricar sin que los miembros del Gobierno presentes y la presidenta del Congreso [Francina Armengol] reaccionen, si es que no están de acuerdo", señala otro miembro del Supremo.

"Esto es solo el prolegómeno de futuras acciones contra los magistrados. Todo lo que los independentistas dicen que va a ocurrir está ocurriendo", añade.

Son varios los magistrados consultados que vaticinan citaciones ante las comisiones parlamentarias de investigación e incluso querellas. "Ha empezado la caza al juez", resume uno de ellos.

Algunos echan de menos que el ministro Bolaños "no haya salido a distanciarse de Junts de manera clara".

El titular de Presidencia y Justicia manifestó ayer que "voy a defender a los jueces de los ataques y descalificaciones de los partidos independentistas pero también de la larguísima mano del Partido Popular que intenta siempre influir en el Poder Judicial", equiparando a Junts con el PP. 

También creen que el apoyo del Consejo General del Poder Judicial "tendría que ser más contundente. "Marín le ha dado una lección a Guilarte [Vicente Guilarte, presidente suplente del CGPJ], que recibió al ministro el día que Sumar se querellaba contra varios vocales", señaló uno de los magistrados preguntados. 

"En momentos de crisis entre el Poder Judicial y el Gobierno es importante que exista un CGPJ con auctoritas y que sea capaz de expresar las cosas que nosotros queremos decir", indica otro juez del alto tribunal.

Guilarte emitió ayer un comunicado en el que daba "garantía de que, en el ejercicio de las competencias que la ley atribuye al CGPJ, se adoptarán tomas las medidas necesarias previstas por el ordenamiento jurídico para proteger su independencia”. Pero los jueces del Supremo se preguntan "cuáles son, más allá de las palabras, las medidas a las que se refiere".

Apoyo de las asociaciones

Todas las asociaciones de jueces y fiscales, excepto Juezas y Jueces para la Democracia y Unión Progresista de Fiscales, han suscrito un comunicado conjunto en el que afirman que "el señalamiento público de jueces por parte de la portavoz de Junts per Catalunya es inasumible en democracia".

La Asociación Profesional de la Magistratura, la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, Foro Judicial Independiente, la Asociacion de Fiscales y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales muestran su "profunda preocupación por el intento de instrumentalizar la Justicia para fines políticos, deslegitimando a miembros del Poder Judicial".

"Es tremendamente irresponsable trasladar a la ciudadanía el falso mensaje de que sus jueces actúan movidos por intenciones ajenas a la aplicación de la ley", añaden.

La UPF declinó sumarse a ese comunicado sin expresar las razones. JJpD hizo una declaración propia en la que rechaza "el señalamiento público de integrantes de la carrera judicial con sus nombres y apellidos" y recuerda "al presidente del CGPJ que no se reaccionó del mismo modo cuando se produjo una auténtica campaña desde otros partidos y apoyos mediáticos para desacreditar y señalar al magistrado José Ricardo de Prada", que juzgó el caso Gürtel y fue criticado por el PP hace más de cinco años.