Adolfo Carretero, el juez que instruye el caso Mascarillas ha imputado al comisionista Alberto Luceño otro delito más: uno agravado contra la Hacienda Pública. Así consta en un auto, fechado este lunes, que también le vuelve a citar a declarar, como investigado, el próximo 10 de febrero, a partir de las 10.30, ante el Juzgado de Instrucción número 47 de Madrid.
Según consta en la resolución, la Fiscalía Anticorrupción solicitó imputar este delito a Luceño por su supuesto impago del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) correspondiente al año 2020. De acuerdo con un informe solicitado a la Agencia Tributaria por el Ministerio Público, el empresario habría dejado de ingresar en las arcas públicas más de 1,35 millones de euros.
En el caso Mascarillas, el Juzgado investiga la supuesta estafa sufrida por el Ayuntamiento de Madrid en la compra de material sanitario al inicio de la pandemia de la Covid-19. Los dos imputados en esta causa, Alberto Luceño y su socio, el aristócrata Luis Medina, se llevaron abultadas comisiones por su labor como intermediarios. El supuesto fraude fiscal cometido por el empresario se derivaría, precisamente, de esta operación comercial.
['Caso Mascarillas': el juez imputa a Luceño por falsedad documental por su carné ficticio del CNI]
"Si bien al inicio del presente procedimiento no existían indicios sólidos para imputar a Alberto Luceño un delito fiscal, tras el informe de la Inspección de Hacienda elaborado por [nombre omitido], jefa de equipo de la Agencia Tributaria, que indica que el investigado ha dejado de ingresar en las arcas públicas en relación con el IRPF del año 2020 la cantidad de 1.351.386,29 euros, como consecuencia de las operaciones de intermediación investigadas en el presente procedimiento (...), dicha actuación presenta indicios de la comisión de un delito fiscal agravado", reza el auto del juez Carretero.
Asimismo, en la resolución, el magistrado atribuye un tercer delito de falsedad documental a Luceño. Desde el inicio de la causa, ya fue investigado por la supuesta manipulación de documentos con el objetivo de justificar los abultados ingresos de la operación comercial en su banco. Posteriormente, tras el registro efectuado por la Policía en su vivienda de Pozuelo de Alarcón (Madrid), el juez decidió imputarle un segundo delito de falsedad, ya que los agentes encontraron allí un carné ficticio del Centro Nacional de Inteligencia (CNI). El magistrado sospecha que pudo ser empleado para "facilitar sus relaciones comerciales" con empresas asiáticas.
Fotomontaje de los dos imputados en el 'caso Mascarillas: Luis Medina (i) y Alberto Luceño (d)
Ahora, Carretero suma un tercer delito, derivado de otro hallazgo de la Policía en aquel domicilio: varias versiones de una carta firmada por el alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida. Según hizo constar la Policía Científica en un informe, al que tuvo acceso EL ESPAÑOL, existen alteraciones entre unos documentos y otros, tales como el tipo de fuente, la firma, los logos oficiales o determinadas palabras del texto. Los agentes también hallaron documentos supuestamente firmados por el director de gestión de un hospital madrileño y por el responsable de Protección Civil y Emergencias del consistorio de la capital.
Por todo ello, el juez ha citado a declarar a Alberto Luceño como investigado el próximo día 10 de febrero, en los Juzgados de la madrileña Plaza de Castilla. El instructor considera "imprescindible" que responda a las preguntas "sobre los anteriores extremos, si a bien lo tuviera".
El magistrado también ha citado —en su caso, como testigo— a la funcionaria de la Agencia Tributaria que elaboró el informe. Deberá comparecer el mismo día y a la misma hora.
'Caso Mascarillas'
A principios de abril de 2022, la Fiscalía Anticorrupción presentó una querella contra el empresario Alberto Luceño y el aristócrata Luis Medina. En ella, el Ministerio Público relataba que ambos "inflaron" el precio de tres contratos sanitarios con la funeraria municipal de Madrid: para guantes, mascarillas y test contra el coronavirus.
Lo habrían hecho —a ojos del Ministerio Público— "de común acuerdo y con ánimo de obtener un exagerado e injustificado beneficio económico". Y entregaron al consistorio material defectuoso o que no cumplía lo acordado.
La empresa municipal encargada de esta compra pagó por todos los artículos unos 11 millones de euros de dinero público. Luis Medina cobró 912.742 euros como comisión, a razón de un dólar por cada mascarilla entregada.
Su labor se habría limitado a ofrecer material al Ayuntamiento y a facilitar un contacto que, a su vez, recibió, gracias a una amiga en común, por parte del primo del alcalde de Madrid. El empresario Alberto Luceño, en total, se embolsó más de cinco millones de euros por los tres contratos.
Asimismo, según la querella de Anticorrupción, los dos comisionistas usaron, supuestamente, documentos falsificados para justificar estos abultados ingresos en sus entidades bancarias.
Con la compra de bienes de lujo —entre ellos, un piso en Pozuelo de Alarcón, un velero o varios coches deportivos; todo ello ya embargado por el Juzgado—, los dos empresarios habrían tratado de reintroducir este dinero en el circuito legal.
Además de los delitos de estafa agravada, blanqueo de capitales y falsedad documental, Luis Medina Abascal también suma el de alzamiento de bienes. El hijo de Naty Abascal continuó vaciando sus cuentas corrientes después de que, una vez fue interrogado por el fiscal anticorrupción y ya sabiéndose investigado, le asegurase que no iba a hacerlo