Un reciente informe policial señala que el comisionista Alberto Luceño pactó con el proveedor malasio San Chin Choon qué debía responder este último al juez que instruye el caso Mascarillas.
En esta causa, el Juzgado de Instrucción número 47 de Madrid investiga la supuesta estafa sufrida por el Ayuntamiento de la capital en la venta de material sanitario al inicio de la pandemia de la Covid-19.
Luceño, al igual que el aristócrata Luis Medina, cobró abultadas comisiones por hacer llegar guantes, mascarillas y test contra el coronavirus al consistorio madrileño. Estos artículos fueron suministrados por la compañía malasia Leno, de la que San Chin Choon es responsable.
['Caso Mascarillas': el juez imputa a Luceño por falsedad documental por su carné ficticio del CNI]
La Fiscalía Anticorrupción se querelló contra Luceño y Medina en abril de 2022. Además, el Ministerio Público sospecha que varios documentos vinculados a Chin Choon son falsos o han sido manipulados.
Tal y como avanzó EL ESPAÑOL, el fiscal Luis Rodríguez Sol también puso en duda que las firmas del malasio en varios escritos comerciales fueran las verdaderas, al tratarse de dos rúbricas diferentes.
Por ello, el Juzgado mandó una comisión rogatoria —una solicitud de información a las autoridades de otro país— a Malasia y solicitó que San Chin Choon testificase, lo que finalmente no sucedió, aunque el Juzgado sí recibió un e-mail del malasio confirmando la versión de Luceño.
Ahora, un informe elaborado por la Policía tras registrar por orden del juez la casa de Luceño, concluye que hubo un "acuerdo de voluntades" entre el comisionista y el ciudadano asiático para que este último sostuviese una versión determinada.
Fragmento del informe policial que recoge las conversaciones entre Luceño y Anthony.
Según detalla el agente que ha elaborado este dosier, varias comunicaciones entre Luceño y un tal Anthony, ciudadano chino que ejercería de nexo con la compañía Leno, "arrojan indicios que indican que podría tratarse de un acuerdo de voluntades posterior, para aunar versiones, ante las dudas de la autoridad judicial sobre la autoría y legitimidad de los documentos objeto de estudio, tratando de solventar así posibles irregularidades desarrolladas en la confección de los mismos".
No obstante, la Policía sí considera que las dos firmas diferentes, de las que la Fiscalía sospechaba, corresponden "a la misma persona, siendo ésta San Chin Choon".
La Fiscalía Anticorrupción pidió al juez Adolfo Carretero, instructor del caso Mascarillas, que la Policía registrase el domicilio de Luceño el pasado septiembre al sospechar de la mezcla entre español e inglés en que estaba escrito un correo electrónico incluido en el sumario del caso Mascarillas, en el que este último y Medina están imputados.
Concretamente, se trata del e-mail remitido al Juzgado antes del verano, en el que alguien que se identifica como San Chin Choon avala las tesis de la defensa de los dos comisionistas, a quienes presenta como "agentes exclusivos de venta" de Leno, y asegura que la operación con el consistorio fue totalmente correcta.
Sin embargo, el fiscal del caso, Luis Rodríguez Sol, alertó al juez de varios aspectos "sospechosos" que vio en aquel correo. Principalmente, el spanglish en el que estaba redactado. "Incorrecciones gramaticales" que, a juicio de Anticorrupción, "evidencian que ha sido redactado por alguien que no sólo no habla correctamente el inglés, sino que tiene el español como lengua materna".
'Caso Mascarillas'
A principios de abril de 2022, la Fiscalía Anticorrupción presentó una querella contra el empresario Alberto Luceño y el aristócrata Luis Medina. En ella, el Ministerio Público relataba que ambos "inflaron" el precio de tres contratos sanitarios con la funeraria municipal de Madrid: para guantes, mascarillas y test contra el coronavirus.
Lo habrían hecho —a ojos del Ministerio Público— "de común acuerdo y con ánimo de obtener un exagerado e injustificado beneficio económico". Y entregaron al consistorio material defectuoso o que no cumplía lo acordado.
La empresa municipal encargada de esta compra pagó por todos los artículos unos 11 millones de euros de dinero público. Luis Medina cobró 912.742 euros como comisión, a razón de un dólar por cada mascarilla entregada.
Su labor se habría limitado a ofrecer material al Ayuntamiento y a facilitar un contacto que, a su vez, recibió, gracias a una amiga en común, por parte del primo del alcalde de Madrid. El empresario Alberto Luceño, en total, se embolsó más de cinco millones de euros por los tres contratos.
Asimismo, según la querella de Anticorrupción, los dos comisionistas usaron, supuestamente, documentos falsificados para justificar estos abultados ingresos en sus entidades bancarias. Luceño, además, suma un segundo delito por este tipo, ya que la Policía encontró en su casa una placa falsa del CNI que era falsa.
Con la compra de bienes de lujo —entre ellos, un piso en Pozuelo de Alarcón, un velero o varios coches deportivos; todo ello ya embargado por el Juzgado—, los dos empresarios habrían tratado de reintroducir este dinero en el circuito legal.
Además de los delitos de estafa agravada, blanqueo de capitales y falsedad documental, Luis Medina Abascal también suma el de alzamiento de bienes. El hijo de Naty Abascal continuó vaciando sus cuentas corrientes después de que, una vez fue interrogado por el fiscal anticorrupción y ya sabiéndose investigado, le asegurase que no iba a hacerlo.