Conde-Pumpido, de condenar a Barrionuevo y Vera a manchar su toga de polvo en la 'era Zapatero'

Los Cándido Conde-Pumpido abarcan siglo y medio de historia judicial española. Hijo de Cándido Conde-Pumpido —quien fuera teniente fiscal del Supremo— y nieto del Cándido Conde-Pumpido que presidió varias de las extintas Audiencias Territoriales, el recién elegido presidente del Tribunal Constitucional —el tercer Cándido Conde Pumpido— lleva un extenso legado judicial, amén de histórico, a sus espaldas.

Nacido en La Coruña en 1949, en plena posguerra, ingresó en la carrera en 1974, al filo del fin de la dictadura. Sus primeros destinos fueron los Juzgados de Instrucción de Puebla de Sanabria (Zamora) y de Carballino (Orense). Entre 1981 y 1985 fue magistrado de la Audiencia de San Sebastián, en plena resaca de los llamados años de plomo en los que ETA cometió la mayor parte de sus atentados y asesinatos. Desde allí, años después, Cándido Conde-Pumpido llegó a formar parte de la Sala de lo Penal del máximo órgano judicial español, el Supremo.

Uno de los momentos más recordados en su trayectoria profesional tuvo que ver, precisamente, con la guerra sucia contra ETA. Cuando era miembro de la Sala Segunda del Alto Tribunal, Pumpido fue uno de los dos magistrados considerados progresistas que votó a favor de la condena al exministro del Interior José Barrionuevo y al exsecretario de Estado para la Seguridad Rafael Vera, por su participación en el secuestro de Segundo Marey, en diciembre de 1983.

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Cándido Conde-Pumpido, pese a su perfil progresista —fue fundador en 1984 y luego portavoz de la asociación Jueces y Juezas para la Democracia y colega del luego ministro Juan Alberto Belloch—, votó junto a los magistrados tildados de conservadores a favor de la pena de 13 años de prisión para estos dos pesos pesados del felipismo.

El también progresista José Antonio Martín Pallín se decantó por las condenas a Vera y Barrionuevo. En contra, el presidente de la Sala Segunda, José Jiménez Villarejo, y los magistrados Enrique Bacigalupo, Gregorio García Ancos y Joaquín Martín Canivell.

Fachada del Tribunal Constitucional.

Sin embargo, Pumpido siempre se opuso a la imputación del presidente socialista Felipe González por el caso GAL. Como ponente, lleva su firma la sentencia del Supremo de otro caso histórico, el caso Roldán. El Alto Tribunal elevó la condena al exdirector general de la Guardia Civil, Luis Roldán, de 28 a 31 años.

En abril de 2004, cuando José Luis Rodríguez Zapatero estrenaba la presidencia del Gobierno, Conde-Pumpido fue elegido fiscal general del Estado, el máximo responsable del Ministerio Público. Desempeñó este cargo hasta 2011, siendo la persona que más tiempo lo ha ostentado.

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Fue con Zapatero en la Moncloa cuando, el 9 de junio de 2006, Conde-Pumpido manifestó: "He procurado y seguiré procurando que la ley se aplique con rigor, porque es la materialización de los valores democráticos. Pero también, precisamente por eso, el vuelo de las togas de los fiscales no eludirá el contacto con el polvo del camino. Nuestra aproximación a la realidad social debe ser imparcial. Pero no ajena a esa realidad, sino profundamente comprometida en su transformación, de acuerdo con los objetivos de seguridad jurídica, democracia y paz social que establece la Constitución y concreta la ley".

El mismo año, durante su intervención ante la comisión de Justicia del Congreso, anunció que si la ley, "interpretada sin trampas, aplicada sin inventos y sin atajos", servía "para que no haya más muertos", aprovecharía para que el Ministerio Fiscal no dejara "pasar la ocasión de aplicarla con ese fin".

Con estas dos declaraciones, mostró su total sintonía con la política antiterrorista del Ejecutivo de Zapatero, lo que le granjeó duras críticas del PP, que llegó a denominarle "el abogado del Gobierno".

Desde ahora, desempeñará la presidencia del Tribunal Constitucional (TC), que no es un órgano judicial, aunque sí está integrado por magistrados y se encarga de, entre otros asuntos, resolver los recursos de inconstitucionalidad. Ya ocupaba uno de sus sillones desde 2017, a propuesta del PSOE.

La magistrada del Tribunal Constitucional María Luisa Balaguer.

Suyo es uno de los votos particulares contra la decisión mayoritaria de declarar inconstitucionales los estados de alarma decretados por Pedro Sánchez debido a la Covid-19. "La sentencia crea un grave problema político al desarmar al Estado contra las pandemias", argumentó.

Este miércoles, por una ajustada mayoría de sus miembros —seis votos frente a cinco—, Pumpido sustituyó a Pedro González Trevijano como cabeza del TC, tras una ardua confrontación con otra magistrada progresista, María Luisa Balaguer. Y lo será hasta 2025, como duodécimo presidente del tribunal de garantías.

Durante la nueva etapa, se revisarán las principales leyes del Gobierno de Pedro Sánchez, desde la regulación del aborto o la eutanasia a la Ley de sólo sí es sí, la ley de educación o la restricción de competencias del Consejo General del Poder Judicial.