Podemos pide 41 años para Fernández Díaz y que Sáenz de Santamaría testifique en 'Kitchen'

Podemos solicita más de 41 años de cárcel para el exministro de Interior Jorge Fernández Díaz por el caso Kitchen. Así consta en el escrito de acusación que ha enviado el partido, que ejerce la acusación popular en esta causa, a la Audiencia Nacional y al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL.

En el documento, el partido morado solicita la misma pena de prisión para el exsecretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez, número dos de Fernández Díaz, y condenas de 39 a 41 años de cárcel para varios miembros de la llamada policía patriótica.

Se trata de Eugenio Pino (exdirector adjunto operativo de la Policía Nacional) y los comisarios de Policía Enrique García Castaño, José Luis Olivera, José Manuel Villarejo, Marcelino Martín Blas, Andrés Manuel Gómez Gordo y los inspectores José Ángel Fuentes Gago y Bonifacio Díez Sevillano. Todo ello, por los delitos de organización criminal y malversación, entre otros.

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En Kitchen, una de las piezas del denominado caso Villarejo, el Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional ha investigado la supuesta operación parapolicial que tuvo como objetivo sustraer al extesorero del PP, Luis Bárcenas, documentos sobre la contabilidad irregular del partido. Bárcenas presentó este martes su escrito de acusación, en el que también pide 41 años de cárcel para Jorge Fernández Díaz. 

Podemos acusa al exministro del Interior de, entre otros, los delitos de organización criminal, prevaricación, cohecho, malversación, tráfico de influencias, revelación de secretos, omisión del deber de perseguir delitos y obstrucción a la Justicia.

Asimismo, la formación solicita al juez que declaren como testigos en el juicio el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy, la exvicepresidenta del Gobierno Soraya Sáez de Santamaría y la exsecretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, "por su implicación en la trama".

En la lista de testigos solicitados por Podemos también figuran la esposa de Luis Bárcenas, Rosalía Iglesias; el hijo de ambos, Guillermo Willy Bárcenas, cantante del grupo Taburete; Ignacio Cosidó, exdirector general de la Policía, el marido de Cospedal, Ignacio López del Hierro, y el exministro del Interior Juan Ignacio Zoido.

'Operación Kitchen'

"Una vez controlado el Ministerio del Interior, y teniendo pleno conocimiento de la existencia de diferentes cuentas bancarias opacas a la Hacienda pública española que el extesorero nacional del Partido Popular, Luis Bárcenas, detentaba en la república helvética, una vez se cumplimentasen las comisiones rogatorias cursadas al efecto, Jorge Fernández Díaz (...) con abuso de sus funciones, conocimiento de su ilicitud y connivencia de dirigentes del Partido Popular aún no completamente identificados, ordenó a finales del año 2012 (...) a Francisco Martínez (...) poner en marcha una misión encaminada a la obtención de información y documentación que pudiera estar en poder de Bárcenas, con el fin de sustraer dicho material, y en especial una vez dos magistrados de la Audiencia Nacional incoaran sendas investigaciones sobre los denominados Papeles de Bárcenas", relata Podemos.

La formación izquierdista manifiesta que Eugenio Pino, máximo responsable de la Policía por entonces, "consciente del carácter ilícito" de estas labores, habría encargado a su "impulso" a Villarejo.

A este último, Podemos lo define en su escrito como un "agente policial que en el pasado había desempeñado diversas funciones en operaciones de dudosa legalidad en lo que se vienen denominando las cloacas del Estado". Y sostiene que Villarejo "no sólo recibía instrucciones del mando policial [Eugenio Pino], sino que también coordinaba su actuación con altos dirigentes de la cúpula del Partido Popular".

El partido relata que, durante la Operación Kitchen, Villarejo captó como confidente a Sergio Ríos, el chófer de Bárcenas y de su mujer. El conductor es otro de los que el juez Manuel García-Castellón ya ha propuesto enviar al banquillo de los acusados.

Ríos habría recibido, a cambio de sus servicios, 2.000 euros mensuales, procedentes de los fondos reservados del Estado, y la promesa de obtener una plaza en la Policía Nacional, que finalmente recibió en 2017.