José Antonio Griñán, "destrozado": se ampara en su familia y su abogado intentará dilatar la cárcel

Los 15 años de inhabilitación especial para cargo público y, sobre todo, los seis años de cárcel por malversación agravada de fondos públicos y prevaricación, retumbaron en su cabeza como una pesadilla. Ayer recibió la sentencia del Supremo, que confirma esa condena, y se encuentra "destrozado" con su familia como su gran apoyo, según señalan fuentes cercanas.

Su abogado, el exfiscal José María Calero, quiere evitar por todos los medios que la pise. Para ello, va a preparar un recurso que presentará al Tribunal Constitucional e, incluso, se planteará cursar al Gobierno central una petición de indulto.

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En concreto, el alto tribunal avala el criterio de la Audiencia de Sevilla de que los expresidentes José Antonio Griñán y Manuel Chaves crearon o mantuvieron un procedimiento de reparto de ayudas sociolaborales que las ponía a disposición de un cargo -el director general de Trabajo- que no era competente para esa disposición.

El proceso se llevó a cabo a través de un sistema carente de las elementales exigencias de publicidad y control, sin atender a los fines propios para los que esos fondos estaban destinados. Todo ello durante un período de más de diez años y por un elevado importe que ascendió a 679,4 millones de euros.

El fallo es "erróneo"

El letrado considera el fallo "incorrecto, erróneo" y "claramente injusto". En su defensa se centrará en los argumentos de las dos magistradas del Tribunal Supremo que van a formular votos particulares contra la mayoría de la Sala. Lo ve como "un rayo de esperanza".

Ambas creen que deberían haber sido absueltos de malversación tanto Griñán como la exconsejera (antes viceconsejera) de Economía Carmen Martínez Aguayo; Francisco Vallejo y Jesús María Rodríguez Román, que fueron consejero y viceconsejero de Innovación, respectivamente, y Miguel Ángel Serrano, que fue director general de IDEA.

La hoja de ruta es la siguiente. Una vez sea conocida la sentencia íntegra, con tales votos discrepantes, previsiblemente en septiembre, será posible, según Calero, plantear un incidente de nulidad de la sentencia del Supremo si la misma incurriese en una vulneración de derechos. También, recurrir en amparo ante el Tribunal Constitucional, pesando además la "posibilidad" de solicitar un indulto al Gobierno.

En cualquier caso, se trata de opciones sujetas a la petición de suspensión de la ejecución de la condena, para intentar evitar la entrada en prisión de Griñán y aplazar tal extremo al momento en el que el Constitucional pueda pronunciarse. No obstante, el rango de la pena impuesta está fuera de la doctrina del TC sobre la paralización cautelar de condenas a prisión.

Desde el Gobierno andaluz creen que el presidente, Pedro Sánchez, "se suicidaría políticamente" si llegara a indultarlo. Consideran que los ciudadanos no van a entender que un presidente le conceda ese perdón a una persona que ha sido un representante político de su mismo partido, en este caso del PSOE, y menos tras ser condenado por corrupción.

El abogado de Griñán, el exfiscal José María Calero, durante su intervención en el Tribunal Supremo./ E.E.

"Nunca ha cogido ni un euro de los fondos públicos, no ha conocido que alguien lo cogiera ni tiene relación con ningún hecho delictivo", ha asegurado el abogado en declaraciones a Europa Press Televisión.

"Disgustado, pero íntegro"

El letrado ha explicado que Griñán está "disgustado" ante dicha sentencia del Supremo, pero "íntegro, con la conciencia tranquila y la seguridad de que nunca ha cogido ni un euro de los fondos públicos".

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La situación del también expresidente Manuel Chaves, condenado sólo por prevaricación, es menos comprometida que la de su antecesor al frente de la Junta de Andalucía. Ello se explica porque, antes de asumir la Presidencia regional, Griñán fue consejero de Economía (2004-2009) y en esa condición elaboró las leyes de presupuestos que permitieron llevar a cabo la malversación de fondos públicos mediante una alteración de las partidas presupuestarias desde las que se distribuían las subvenciones.

Sobre Chaves pesa una única pena de nueve años de inhabilitación para cargo público, lo que no tendrá consecuencias prácticas porque está retirado de la vida política. Tanto él como Griñán pidieron la baja como militantes del PSOE en junio de 2016, tras la imputación judicial que les abocó al banquillo. 

Se cuela en la toma de posesión

Las reacciones se han producido en cascada durante todo el día. Nadie ha querido hacer sangre, ni el presidente andaluz, Juanma Moreno. Ha lamentado que "Andalucía vuelva a ser noticia por asuntos relacionados con la corrupción", pero ha empatizado con los representantes políticos condenados lamentando la tardanza de la sentencia. 

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"No puede ser que las sentencias tarden once años, que esas personas implicadas vivan un martirio de más de una década", ha proclamado Moreno, antes de señalar que "no es razonable ni sensato". 

Como si de una premonición se tratara, el 'caso ERE' ha vuelto a colarse en la toma de posesión del Gobierno andaluz. Hace nueve años en el mismo Salón de los Espejos del palacio de san Telmo, la socialista Susana Díaz presidía ese acto protocolario, tras tomar las riendas del gobierno de manos precisamente de José Antonio Griñán, cuando se conoció un auto de la entonces juez instructora, Mercedes Alaya.

En el mismo señalaba a los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán como responsables del fraude. Muchos presentes aseguraron en su momento que un halo de tristeza y preocupación inundó el salón. Casi diez años después, de aquellos polvos estos lodos.